Giro en el Caso Cócteles: ¿Errores fiscales y judiciales ponen en riesgo la justicia?


El Caso Cócteles acaba de dar un giro inesperado después de que el Tercer Juzgado Penal Colegiado decidió anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros involucrados en el presunto hecho delictivo. Esto significa que el proceso regresa a la etapa de investigación preparatoria.
Esta decisión se basa en un fallo del Tribunal Constitucional, el cual excluyó a uno de los acusados, José Chlimper, por una supuesta vulneración a su derecho de defensa.
El fiscal José Domingo Pérez, de la Fiscalía de Lavado de Activos, es quien acusa a Keiko Fujimori de liderar una presunta organización criminal que habría lavado más de US$17 millones mediante aportes ilícitos para sus campañas electorales de 2011 y 2016.
Pese a que nadie niega que el proceso debe continuar, la crítica sobre el caso no recae en cómo se llevó el proceso hasta el momento. Según expertos en materia legal, los delitos imputados por el fiscal y aceptados por el juez carecen de sustento legal y lógico. Además, señalan que el fiscal José Domingo Pérez y el juez Víctor Zúñiga cometieron errores en la formulación de la acusación, con modificaciones repetidas en el documento base.
Los especialistas también cuestionan el costo de continuar con este proceso, debido a que, como cualquier procedimiento de investigación, es financiado con el dinero de los contribuyentes, desde los sueldos de los funcionarios públicos (jueces y fiscales) hasta la infraestructura.
Otro tema sobre la mesa que se involucra a este caso es el impacto que tiene sobre la percepción de los aportes privados a las campañas políticas. Mientras algunos ven estos aportes como una práctica legítima que promueve la transparencia, otros asocian este mecanismo con la corrupción.
Para el abogado principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Diego Gómez, “el Caso Cócteles es un ejemplo de los retos del sistema judicial peruano. Nos muestra la delgada línea entre buscar justicia y cometer errores que puedan perjudicar el proceso. Queda esperar si este regreso a la etapa de investigación logrará lo que no se consiguió en más de una década: una resolución clara y justa”.
