Arequipa, Cusco y Lambayeque registran el mayor número de investigaciones en tramite por feminicidio

En marzo, una joven de 18 años identificada como Katherine Gómez fue quemada viva en las inmediaciones de la Plaza Dos de Mayo por Sergio Tarache Parra, pareja sentimental de la víctima que terminó huyendo con dirección a Colombia, país en donde se encuentra recluido esperando su extradición. A raíz de este trágico suceso, Centro Liber revisó el registro nacional de investigaciones por delitos de feminicidio del Ministerio Público para conocer el número de feminicidios que se llevaron a cabo en el país en lo que va del año. Solo en 2023, un total de 225 mujeres perdieron la vida.

Pero eso no es todo, sino que, durante el 2022, se reportaron un total de 545 víctimas de feminicidio, cifra que deja en evidencia un grave problema que nadie se digna a atender: a las mujeres las están matando por el simple hecho de existir. Parece inaudito reconocer que, en promedio, 1.49 mujeres pierden la vida al día a manos de un feminicida, pero suena aún más ilógico que la cifra de muertes en solo los primeros 4 meses del 2023 sea casi la mitad de los decesos registrados el año anterior.

Hasta el momento, se conoce que al menos el 40% de expedientes fiscales se encuentran en etapa de investigación preliminar o de formalización de investigación preparatoria, mientras que 3 registran acusaciones y 43 casos ya cuentan con un dictamen.

De acuerdo a la información proporcionada por la Fiscalía al Centro Liber, los distritos fiscales con mayor número de investigaciones en trámite son Lima (303), Arequipa (68), Cusco (41), Lambayeque (31), Ica (29),  San Martín (27), Huánuco, Junín (24), La Libertad (23), Puno (19) y Apurímac (15). Ningún departamento del Perú se encuentra con el marcado de feminicidios en cero, lo que nos obliga a pensar en cómo las mujeres viven día a día inseguras y con el miedo de cruzarse en cualquier momento con alguien que pueda terminar con su vida.

Esta es una problemática que no viene siendo atendida adecuadamente por las autoridades debido a que los procesos judiciales terminan siendo lentos y engorrosos, lo cual incluso podría llegar a beneficiar a los agresores. A esto le sumamos las declaraciones poco acertadas de nuestros representantes en el Ejecutivo, quienes terminan revictimizando a las mujeres agredidas por la mala aplicación de términos y/o adjetivos.