Contralor bajo la lupa: un repaso a las polémicas que rodearon a Nelson Shack

El titular de la Contraloría General de la República, como cualquier funcionario público, no está libre de la fiscalización y vigilancia ciudadana. En ese contexto, diversas publicaciones dieron a conocer  que en su expediente profesional habría omitido la presentación formal de su Declaración Jurada de Intereses (DJI), habría impulsado la aprobación de proyectos a su favor de manera rápida, el incremento de su patrimonio personal, los procesos fiscales que se abrieron en su contra en el Ministerio Público y los jugosos bonos que habría recibido por concepto de productividad.

Cabe recordar que Shack fue designado en el cargo el 20 de julio de 2017, con un periodo de siete años. Así, la gestión de Shack vence en julio del 2024, por lo que el Congreso deberá elegir, a propuesta del Ejecutivo, al nuevo contralor.

LAS POLÉMICAS

Resulta preocupante que el máximo representante de la Contraloría, entidad encargada de velar por la transparencia en la administración pública, sea el uno de los funcionarios que omitió la entrega oportuna de su DJI, documento indispensable para reconocer que ningún servidor público incurra en faltas por conflicto de intereses.

Si bien los ingresos mensuales del contralor superan los S/40,000, hasta julio de 2022 no había declarado sus ingresos como docente de la Universidad César Vallejo y la Universidad Continental. Asimismo, tampoco precisó cuáles eran los cargos de sus familiares cercanos como su esposa Patricia Cardozo, quien ocupó un cargo de confianza en la Defensoría del Pueblo; el de su primo Alberto Yalta, quien trabajó para el Ministerio de Justicia (Minjus) y la Superintendencia de Bienes Estatales; y su pariente Ernesto Yalta Sotelo, quien laboró para la Oficina General de Administración del Minjus.

Al sustancioso sueldo de Shack se suma una bonificación por concepto de productividad que supera los S/75,000. El funcionario explicó que este incentivo lo reciben todos los trabajadores con más de 3 meses de antigüedad en la entidad que cumplan las metas dispuestas durante el año, lo cierto es que estos fondos provienen del bolsillo de los contribuyentes.

La remuneración y las constantes bonificaciones durante sus 7 años habrían permitido que el contralor tenga la suficiente capacidad adquisitiva para incrementar exponencialmente su patrimonio personal. Según una investigación periodística, Shack cuenta con dos propiedades, su casa familiar y una casa de playa, tres terrenos que suman más de tres mil metros cuadrados valorizados en US$279,000 y dos automóviles.

NEXO CON EL CONGRESO E INVESTIGACIONES FISCALES

El cargo de contralor dura 7 años, pero el Congreso, a través de la Comisión de Constitución, aprobó que el funcionario permanezca en el cargo por un periodo indeterminado hasta que los congresistas nombren a su reemplazo por recomendación del Ejecutivo.

Este particular nexo con el Poder Legislativo también permitió que el proyecto de ley de contratación de auditores, presentado en 2022, sea aprobado en la anterior legislatura de manera rápida, pese a ser observada por el Ministerio de Economía y Finanzas.

A los cuestionamientos que pesan sobre los hombros de Shack Yalta se suman los 8 procesos fiscales que se abrieron en su contra, cinco fueron archivados antes de que asumiera el cargo de contralor y tres se mantenían vigentes. Uno de los casos por los que fue investigado se remonta a 2007 por la compra irregular de un DVD.

A todo ello se suma que la exfiscal de la Nación, Zoraida Avalos, solicitó al Congreso la autorización para iniciar con las pesquisas correspondientes contra el máximo representante de la Contraloría por los presuntos delitos de negociación incompatible y nombramiento ilegal. El proceso fiscal no prosperó.