Se informó que 1,180 servidores públicos vienen siendo investigados bajo un Procedimiento Administrativo Sancionador por cometer actos irregulares durante el ejercicio de la función pública. 204 ya fueron inhabilitados de ejercer un cargo público.

A tan solo semanas que acabe el 2023, la cartera aún debe hacer uso del 76% de los recursos transferidos. La finalidad del presupuesto es prevenir los daños en patrimonios culturales del Perú ante los riesgos de desastres.

Ministerio de Vivienda compró cisternas con irregularidades, podrían generar que el agua a suministrar a sectores vulnerables no sea apta para el uso y consumo humano. Los vehículos no cumplen con las especificaciones técnicas y la normativa vigente.

Piura es la quinta región más corrupta del país con un puntaje de 57.1 en el Índice de Corrupción e Inconducta Funcional 2022. La entidad pública más corrupta es el Gobierno Regional que tiene 92% de corrupción.

Ayacucho es la cuarta región con el mayor número de obras paralizadas en 2023. En total, se tratan de 120 proyectos inconclusos que evitan que los ciudadanos de la región cuenten con mejores sistemas de agua y desagüe, riego, salud y educación.

Cusco acumula un total de 293 proyectos inconclusos, los cuales representan una inversión pública de S/580,602,854.

La inversión pública en estas obras paralizadas supera los S/24,090 millones. Recordemos que este dinero proviene del bolsillo de los contribuyentes, quienes no reciben servicios de calidad debido a la pésima gestión de las autoridades.

El sistema de riego no se han concretado con satisfacción, por ello, se encuentran “pendientes de la formulación, financiamiento y ejecución”, lo cual pone en grave peligro los niveles de producción de 130 hectáreas de cultivo, que son el solvento económico de cientos de familias ayacuchanas.

Los trabajadores colocados en cargos de confianza no cumplen con los requisitos mínimos de los puestos de trabajo. Entre los funcionarios observados por la Contraloría se encuentra el gerente general del GORE Ayacucho.

¿Alguna vez se han preguntado cuánto gasta el Estado en la contratación de proveedores?  En el 2022, el Programa Educación Básica para Todos del Ministerio de Educación emitió 16 216 órdenes por S/ 199.072.956. Le siguen MTC, Minsa, JNE, ARCC y otras.

Contraloría reveló cómo se recibió obras inconclusas en el marco de la emergencia por el Fenómeno del Niño; irregularidades que no solo generan un perjuicio económico al Estado, sino que ponen en grave peligro la vida de los ciudadanos de la zona.

La Contraloría identificó serias irregularidades en el Hospital Temporal Villa EsSalud de la Red Asistencial de Ucayali lo que generó un perjuicio económico en contra del Estado por más de S/132 000.

Tres funcionarios que ocupan cargos directivos dentro del Municipio no acreditan la experiencia técnica y académica necesaria para ejercer un cargo de confianza en la institución pública. El alcalde Elio Munzón deberá tomar acciones.

¡El colmo! Otra irregularidad a destacar es que la ejecución de la obra es parcial en parte de la ruta pues finaliza “en un paraje a donde no se tiene población alguna". Esta situación ocasionaría que la inversión pública no cumpla con su finalidad pública prevista en perjuicio de la población beneficiaria.

La Contraloría identificó una serie de situaciones adversas en el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud reveló que la entidad no estaría recepcionando y distribuyendo de manera adecuada otros insumos médicos.

Las contrataciones sin proceso son un mecanismo de contratación de proveedores que es utilizado en los distintos niveles del gobierno, en teoría, de manera excepcional por montos iguales o menores a 8 o 9 UIT (alrededor de S/39 000). En 2022 se emitieron 3.8 millones de ordenes de compra y servicio, siendo los gobiernos locales los que gastaron más: S/9.7 mil millones.

La ejecución del sistema de riego de la laguna Ustunaccocha, en Ayacucho, se viene desarrollando de manera diferente a lo proyectado en el expediente técnico original. Todo a pesar que el Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado no aprobó a consorcio las modificaciones. No son las únicas irregularidades.

A pesar del peligroso avance del virus a nivel nacional, un informe de la Contraloría reveló que Cenares no cuenta con pruebas de detección rápida de dengue para distribuir a regiones, lo cual evitaría que los centros médicos diagnostiquen a tiempo la enfermedad. Hasta ahora, 93,628 personas fueron diagnosticadas con dengue en todo el país.

Tres funcionarios públicos solicitaron viáticos a la empresa prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado de San Martín para participar de un seminario en Moquegua a pesar de no trabajar directamente para la entidad. 

La empresa tiene un área de cobertura de 28 distritos de Lambaqueye, entre ellos Ferreñafe, Chiclayo, Pimentel, Motupe, Olmos y otros. Contraloría advirtió que funcionarios habrían aceptado los puestos de trabajo a pesar de no acreditar la experiencia mínima requerida para el ejercicio de dichas funciones.

El Seguro Integral de Salud se ha visto envuelto en una nueva polémica por invertir el 49% de su presupuesto en contratos con 6 empresas que brindan servicios de seguridad, según información del Consejo Privado Anticorrupción. Asimismo,

Los jefes de las áreas de Urología y Medicina Física y Rehabilitación fueron sorprendidos ausentándose del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña durante el horario laboral para atender consultas médicas en clínicas privadas. El actuar poco ético de estos profesionales de la salud habría generado un perjuicio económico al Estado de más de S/28 mil y, además, habría puesto en grave peligro la vida de decenas de pacientes.

¡Alerta Sedapal! La empresa que brinda servicios de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao tiene gerentes que no tienen los requisitos mínimos para asumir un puesto gerencial dentro de la empresa. La continuidad de estos funcionarios públicos vulnera el lineamiento corporativo del FONAFE.

La Contraloría General de la República publicó un informe que revela actos irregulares presuntamente cometidos por más de 840 funcionarios de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. En el documento se observa que estarían implicados trabajadores de regiones como Ancash, Tumbes, Piura, Arequipa, Ica, entre otras.