Funcionarios en la mira: 1,180 servidores públicos cuentan con un procedimiento administrativo sancionador abierto

Un informe de la Contraloría General de la República reveló que 1,180 funcionarios públicos cuentan con al menos un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) abierto. Del total, 204 fueron inhabilitados para trabajar para el Estado por 5 años, debido a que incurrieron en faltas graves o muy graves que ocasionaron un perjuicio económico al gobierno. Si bien 29 ya cumplieron la sanción dispuesta por el órgano de control, 175 aún cuentan con la sanción vigente.

Es necesario mencionar que, tras la publicación de la Ley N° 31288, la Contraloría obtuvo nuevamente su capacidad para sancionar irregularidades identificadas en los informes de control a diferentes entidades públicas. Recordemos que la sanción administrativa PAS puede ser aplicada sin esperar el inicio de la toma de acciones legales por parte del Ministerio Público o el Poder Judicial.

Existen 32 conductas infractoras que el órgano de control puede sancionar, sin embargo, entre las infracciones más comunes se encuentra el “actuar en forma parcializada en los contratos, licitaciones y otros procedimientos; obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, haciendo uso de su cargo o autoridad e incumplir, negarse o demorar de manera injustificada e intencional, el ejercicio de las funciones a su cargo”. Dichas sanciones pueden variar entre la inhabilitación de la función pública de 1 a 5 años o la inhabilitación inmediata por un periodo de 60 días hasta un máximo de un año.

PRINCIPALES PROCESOS SANCIONADOS

Entre los servidores públicos inhabilitados por el PAS figuran desde ex altos funcionarios del Estado como autoridades gubernamentales a nivel nacional. Uno de los casos más recordados es el del exgerente general de Petroperú, quien fue sancionado con 4 años de inhabilitación por el uso irregular de vehículos del Estado. En esta lista también se encuentran dos miembros del Comité de selección a cargo de la licitación para la construcción del Puente Vehicular Tarata, en San Martín). Ambos fueron separados de la función pública por 4 años por actuar parcializadamente en el referido procedimiento de selección.

El exalcalde de la Municipalidad Distrital de Morales, en San Martín, fue inhabilitado por 5 años por beneficiar de manera ilegal a un contratista al permitirle disponer de la devolución de las garantías de adelantos directos y para materiales, incluso, cuando no correspondía.