Obras casi terminadas que siguen paralizadas: 281 proyectos superan el 90% de avance

El Perú tiene registradas 2.262 obras paralizadas, con una inversión de S/62.828 millones y un saldo superior a S/27.548 millones todavía por ejecutar, según el último reporte de la Contraloría General de la República, publicado en agosto de 2026. El 65% supera el 50% de ejecución física y 281 obras ya están por encima del 90%. Son proyectos en los que el Estado ya ha invertido buena parte de los recursos, pero que siguen sin terminarse y, por ende, sin beneficiar a la población.

El problema tiene un fuerte componente regional. Cusco registra 370 obras paralizadas; Puno, 213; Áncash, 181; y Ayacucho, 150, cuatro de los cinco departamentos con mayor número de proyectos detenidos. Además, 1.543 obras, el 68,2% del total nacional, están a cargo de gobiernos locales. Es decir, casi siete de cada diez dependen de municipalidades. Para la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), esa concentración vuelve a poner sobre la mesa un problema recurrente: municipalidades que reciben recursos y asumen proyectos cada vez más complejos, pero no siempre cuentan con autoridades y equipos técnicos capaces de gestionarlos hasta su culminación. El resultado de esta problemática: solo 749 de las 2.262 obras paralizadas tienen dinero asignado para continuar su ejecución en 2026.

En Inahuaya, Loreto, una obra para mejorar los servicios de agua potable y disposición de excretas permanece paralizada pese a registrar 92,93% de avance físico y 99,87% de avance financiero. El proyecto, a cargo de la Municipalidad Distrital de Inahuaya, tiene una inversión actualizada de S/20,84 millones y debía beneficiar a 3.192 habitantes. El Ministerio de Vivienda la mantiene como “paralizada permanente”. La municipalidad resolvió el contrato después de registrar retrasos en la ejecución y aplicar la penalidad máxima, mientras el contratista llevó posteriormente la controversia a arbitraje. Con casi todo el gasto ejecutado, la obra sigue pendiente de culminación.

En Canchaque, Piura, otra obra de agua y saneamiento destinada a nueve caseríos presenta 90,9% de avance físico, pero continuaba paralizada en agosto. El proyecto debe beneficiar a 1.283 personas y tenía alrededor de S/1,10 millones pendientes para culminar. En marzo de 2026, la Municipalidad Distrital de Canchaque resolvió el contrato con el consorcio ejecutor por incumplimiento contractual. Cinco meses después, más del 90% estaba construido, pero el servicio seguía pendiente.

La falta de recursos o liquidez explica 27,6% de las paralizaciones, mientras los problemas vinculados al cumplimiento de contratos representan 26,2%. También existen controversias, arbitrajes y otras dificultades durante la ejecución. Las causas no son iguales en todos los proyectos y una paralización puede involucrar decisiones de la entidad pública, del contratista o problemas surgidos durante la ejecución. Lo que sí deja el dato nacional es una pregunta sobre la capacidad del Estado para prevenir y resolver esos problemas antes de que una obra quede detenida.

Cuando una obra queda paralizada cerca del final, terminarla puede requerir un nuevo expediente, otra contratación o recursos adicionales. No solo se trata de anunciar nuevas inversiones, el Estado debe resolver qué hará con las obras que ya consumieron buena parte del dinero público y siguen sin funcionar. Para el contribuyente, haber gastado casi todo y no recibir el servicio sigue siendo su dinero perdido.