La tercera jornada de Aviso de Retiro y Libre Denunciabilidad permitió solicitar derechos sobre áreas cuyos títulos mineros se extinguieron. Además, Ingemmet incorporó 31 áreas con más de 289 mil hectáreas de potencial geológico para futuras inversiones.

Ambas regiones registran las tasas más altas de pobreza extrema del país. En Cajamarca, el 15,5 % de la población y en Puno el 11,7 % viven con menos de S/ 260 mensuales por persona, monto insuficiente para cubrir siquiera una alimentación básica, pese a la reducción nacional de este indicador durante 2025.  

El próximo gobierno enfrentará un país dividido, una economía frenada por la permisología y un Estado incapaz de ejecutar lo que recauda. El desafío no será solo atraer inversión, sino demostrar que el crecimiento puede traducirse en mejores servicios, más empleo formal y menos informalidad para millones de peruanos.

Regiones como Cajamarca, La Libertad o Junín son un reflejo de decenas de regiones en todo el país; reciben millones en canon pero la baja ejecución, las obras paralizadas y la persistencia de la pobreza muestran que los recursos no garantizan resultados. La gestión, más que la ideología o postura política del gobernante, determina si el presupuesto se convierte en servicios, infraestructura y mejoras reales para la población.

El permiso de explotación del proyecto Tia Maria ha sido anunciado por el Ministerio de Energía y Minas. La demora en el inicio de esta explotación afectará seriamente la credibilidad de un proyecto que representa una inversión superior a 1,300 millones de dólares.

Mientras el proyecto minero Conga sigue paralizado desde hace más de una década, la minería ilegal avanza sin control en Cajamarca, ocupando los terrenos destinados a la inversión formal y generando un daño ambiental mayor, sin desarrollo ni fiscalización.

Pese al flujo millonario de recursos y a un nivel de ejecución superior al promedio, Cajamarca acumula 137 obras paralizadas, lo que impide que los fondos mineros se traduzcan en servicios básicos que mejoren la calidad de vida de su población.

Aunque Ica recibió S/ 670 millones por canon minero en 2025, gran parte de sus proyectos siguen detenidos por mala gestión, conflictos legales y un historial de corrupción que frena el desarrollo regional.

La región altiplánica ha recibido más de 372 millones de soles por canon y regalías mineras entre enero y agosto de 2025, pero solo ha ejecutado alrededor del 30% de estos recursos en obras públicas, evidenciando una gestión ineficiente que paraliza inversiones.

La región sigue recibiendo millonarios recursos del canon minero, pero enfrenta una baja ejecución presupuestal, obras paralizadas por más de S/ 7,700 millones y denuncias por corrupción y mala gestión.

La región del Misti se consolida como hub minero con una cartera de más de US$ 29,000 millones. En Perumin 37 se resaltó el avance en proyectos, pese a los conflictos socioambientales, la mala distribución del canon y la debilidad estatal que frenan un desarrollo equitativo.

La Asociación de Contribuyentes del Perú propone una serie de medidas para enfrentar la minería ilegal con incentivos, trazabilidad y fiscalización efectiva. Con voluntad política, coordinación institucional y apoyo multisectorial, este problema crítico podría erradicarse.

La minería ilegal opera con retroexcavadoras, rutas clandestinas y amenazas. El Estado, en lugar de enfrentarla y fortalecer las labores de la PNP que la combate, la protege con la ampliación de un Reinfo colapsado. Y el medio ambiente se sigue destruyendo.

El titular del sector Jorge Montero, interpelado recientemente por el Congreso, tendría implicancias en la decisión del Ministerio de Cultura de reducir el área protegida. 

Mientras el Gobierno amplía un REINFO que ha demostrado ser ineficiente y ahora permite su herencia, una nueva propuesta busca corregir el rumbo: otorgar un título estable a los pequeños mineros con trayectoria comprobada, sin depender de contratos con concesionarias, pero bajo reglas exigentes y con compensación económica. Una posible salida al entrampamiento actual de la formalización minera.

El asesinato de 13 mineros en Pataz volvió a poner en la mira al Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un sistema que, lejos de cumplir con su objetivo, ha permitido que miles de mineros operen sin supervisión efectiva y al margen de la ley.

En 2024, los gobiernos locales recibieron poco más de S/ 17,063 millones por concepto de canon y sobrecanon minero. Sin embargo, muchos proyectos clave siguen paralizados o sin ejecutar. ¿La minería es el problema o acaso la responsabilidad recae sobre la ineficiente gestión de recursos por parte de las municipalidades locales y provinciales? 

El nuevo ministro enfrenta el reto de resolver una década de informalidad e ilegalidad impulsada por el fallido REINFO. Propuestas como la Ley TIMAF buscan establecer un camino hacia la formalización minera ancestral y artesanal, en un sector donde las tensiones entre actores legales e ilegales están al límite.

De los 84,518 operadores inscritos en el Reinfo, solo 2,065 se han formalizado plenamente. Esto significa que solo el 2.5% de mineros declara sus ventas, paga impuestos y cumple con estándares medioambientales mínimos. 

La mina de cobre Tia María es fuertemente cuestionada por sus opositores, quienes temen por la contaminación de la cabecera de cuencas de los canales que abastecen a los agricultores. En cambio, quienes alientan el inicio del proyecto consideran que Arequipa se verá beneficiada monetariamente con hasta S/5,640 millones por canon y regalías mineras durante los primeros 20 años de operación de la unidad.

Las empresas mineras formales contribuyen con la ejecución de obras públicas a través de la transferencia de canon y regalías mineras. Sin embargo, la falta de gestión por parte de los gobiernos locales provoca que millonarios presupuestos sean aprovechados de manera adecuada. 

La unidad minera Minera Poderosa continúa siendo el blanco de violentos ataques perpetrados por mineros ilegales que intentan ocupar el espacio concesionado por la empresa para seguir explotando oro. Esto refleja que las medidas impuestas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia no surten el efecto deseado. Recordemos que, según el IPE, el el 45% del oro ilegal en latinoamerica proviene del Perú.

La excesiva tramitología minera es una de las principales causas por la que estos proyectos mineros no se ejecutaron durante los últimos años. Según un estudio del IPE, una empresa minera requiere de 232 procedimientos administrativos.

La recaudación fiscal del sector minero creció en 18.5%, según la cuarta edición del Boletín Minero 2024. Por concepto de canon minero, regalías y derecho de vigencia y penalidad, el país logró recibir más de S/2,846 millones.

El reinicio de operaciones de Tía María no es suficiente para reactivar el crecimiento económico del sector. Expertos sugieren que el Estado debería impulsar la inversión privada y reducir la excesiva burocracia estatal, de lo contrario, seguiremos perdiendo competitividad.

El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, reveló que en el 2023, el volumen exportado de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas. También advirtió que "ya hay indicios de que existe una minería ilegal de cobre", por lo que es necesario tomar acciones de inmediato. Estas son las cifra.

Durante el bloque de conversación denominado “Desarrollo Territorial” del SIMPOSIO – XV Encuentro Internacional de Minería, el director de Videnza Consultores, Milton Von Hesse, mencionó que el sector minero aportó, en los últimos 20 años, un total de US$20,000 millones, pero que estos fondos no fueron “invertidos de manera eficiente en el cierre de brechas de infraestructura y sociales”.

En tanto, el gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara, detalló que el 30% de los proyectos mineros identificados se encuentran en su región y que su puesta en marcha implicaría una inversión de más de US$ 16 mil millones.

Gonzalo Quijandría, presidente del Simposio Minero de la SNMPE, recordó que en el 2023 la industria minera generó 225 mil empleos directos, de los cuales el 95 % están regiones como Moquegua, Apurímac y Pasco. "Viendo estas cifras, es importante seguir apostando por una industria que dinamiza la economía nacional", detalló Quijandría.

Romer indicó que las operaciones mineras que tienen presencia en nuestro país pueden aportar a sus comunidades de influencia, precisamente, mediante la cooperación con las autoridades nacionales y regionales. De este modo, el sector se presenta como un importante eje que apalanca el crecimiento local y la mejora de la calidad de vida de sus comunidades.

Las empresas mineras no llegan a una región y de inmediato inician operaciones, sino que antes deben pasar por 232 procedimientos administrativos en 29 entidades públicas, lo que genera que un proyecto minero demoré años en hacerse realidad. Según un estudio del IPE, se pierden más de S/12,000 millones del PBI por el excesivo papeleo para autorizar el inicio de un proyecto minero.    

Anglo American anunció que se encuentra en la búsqueda de derechos mineros en Ayacucho, Cajamarca, Tacna y Huancavelica. Esta es una buena noticia si se toma en cuenta que la empresa opera en Moquegua con la unidad minera Quellaveco, la cual logró recaudar S/601 millones en canon y regalías mineras a favor de la región.

De los siete conflictos solucionados, cuatro están vinculados a la minería. En general, a febrero 2024, Loreto concentra la mayor cantidad de conflictos sociales (29 casos), seguido de Cusco (18), Apurímac (15), Puno (13), Áncash (11), Piura (10), San Martín, Ayacucho, Junín y Huancavelica con 9.

Congreso le allanó el camino a la minería ilegal. Minería formal reclama más atención y gremios exhortan al Ejecutivo a observar la norma para evitar que las mafias ilegales ganen terrenos en nuestro país.

En detalle, se incrementaron los envíos de oro hacia Canadá; de plomo y hierro hacia China; y de molibdeno hacia Chile.

Con la llegada de un nuevo equipo ministerial, mejores condiciones sociales y políticas, el año 2024 debería ser un mucho mejor año para la minería.

Para ejemplo un botón. Para que un proyecto minero pueda iniciar debe tramitar 232 procedimientos administrativos basado en 470 normas legales y con la participación de 29 entidades públicas. La impresionante burocracia en el sector le cuesta al país miles de millones de soles que podrían ser usados en beneficio de los peruanos.

La expansión de Antamina es una buena noticia en lo que va del 2024, pero se espera que el nuevo ministro Rómulo Mucho logre posibilitar que los otros 51 proyectos de inversión minera en cartera, ubicadas en 18 departamentos que suman un total de US$54 556 millones, se concreten.

Crear un Fondo Soberano para administrar el canon minero y su uso de una forma más ordenada y eficiente es una política que el nuevo Ministro de Energía y Minas podría evaluar. 

El decreto establece que los mineros con reinscripción suspendida en el Reinfo tienen 90 días para levantar la suspensión, de lo contrario se encaminarán hacia la ilegalidad. La Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú ya anunció nuevas protestas. 

En la actualidad, Perú aún cuenta con proyectos mineros de gran importancia completamente paralizados. Este es el caso de Tía María, Minas Conga y Río Blanco, cuyas inversiones estimadas sumarían US $8,700 millones. 

El sector minero tuvo un desempeño positivo durante el último año, lo cual permitió que contribuya con S/1,023.4 millones al Estado a través de impuestos. Las transferencias por canon minero superaron los S/5,218 millones, mientras que el monto aportado por regalías mineras fue de S/2,108 millones. Según el Banco Central de Reserva del Perú, se estima que este rubro económico cierre el año con un crecimiento de 8.8%.

La región tuvo un incremento favorable en 3 de sus principales sectores económicos. En el caso de la minería, la extracción de cobre y molibdeno creció en 23.3% y 103.4%, respectivamente.

Tras el anuncio de recesión, se intentará mantener a flote la economía nacional con un paquete de medidas impulsadas en favor del sector minero, el cual contará con una cartera de proyectos a partir del 2026 que supera los US$46,000 millones.

A propósito del próximo encuentro internacional de minería, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía advirtió sobre el peligroso avance de la minería ilegal en el territorio nacional, señalando que esta actividad ilícita genera al país una pérdida anual del 2.5% del PBI.

Uno de los objetivos principales del evento será identificar aquellas oportunidades que el sector debe aprovechar y los desafíos a superar para seguir contribuyendo al desarrollo nacional y al bienestar de los peruanos.

¡Alerta! El Ministerio de Energía y Minas advirtió que la Nueva Ley de Industrias no tiene precisiones en varios artículos que buscan modificar, que generará un impacto negativo a las MiPymes y que contraviene el marco legal minero vigente.

Los gobiernos regionales y locales podrán destinar el canon para reforzar a la PNP. Las cifras señalan que solo entre enero y marzo la mayor cantidad de denuncias por comisión de delitos se produjeron en Lima (45 303), Lambayeque (10 286), Arequipa (8 966) y La Libertad (8 357).

Con un crecimiento de 16.7%, durante el segundo trimestre de 2023, el sector minero debe aprovechar todas las oportunidades para continuar explotando recursos de manera responsable. En el sur hay 19 proyectos en cartera, en el norte hay 11, en el centro otros 16 proyectos y en el oriente uno.

La minería ilegal está asociada al narcotráfico, el sicariato, la trata de personas y la delincuencia organizada. Además, desde el inicio del siglo ya depredó aproximadamente 2’636,585 hectáreas de bosque.

La actividad productiva de Puno se abrió campo gracias al trabajo de sus ciudadanos. Sin embargo, con más inversión hay más para seguir creciendo de manera exponencial en minería, agropecuario, turismo y otros.

La no ejecución de proyectos mineros por las barreras burocráticas impuestas por el Estado o conflictos sociales que el gobierno es incapaz de resolver, evitó que el país tuviera S/122,689 millones en ingresos fiscales y que se generen 541,000 empleos.

La paralización de operaciones de las 11 principales unidades mineras, entre 2021 y 2023, tuvo un costo económico de S/ 7,000 millones en el PBI nacional.

El destrabe del proyecto Tía María sigue siendo un aliento para la minería peruana por la cantidad de impulsó económico que le daría a Arequipa y al país, y a la gran cantidad de empleo que generaría. Sin embargo, Southern remarcó que aún no hay nada concreto, pero que se avanzó en materia social.

El premio tiene como objetivo promover la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector minero energético, para lo cual se valorarán los proyectos que, mediante la aplicación de tecnología, impacten positivamente en las comunidades de influencia de las operaciones minero energéticas o en la sociedad en general, y adicionalmente aporten en la generación de oportunidades y al desarrollo social.

Los bloques temáticos son: Inteligencia artificial, Blockchain, Tecnologías e innovación para la transición energética, Ciberseguridad, Automatización y telemetría.

Áncash, Apurímac, Cusco y Ayacucho tienen los principales proyectos mineros que fueron destrabados por el Ministerio de Energía y Minas. Se habla de una inversión de $9,000 millones que beneficiarán a la economía nacional al exportar minerales como cobre, plata y oro.

Puno encontró la manera de generar un impacto positivo en su economía regional gracias a los sectores agropecuario, minería y electricidad. Asimismo, su capacidad de recaudación tributaria creció hasta en 3.9% en mayo de 2023.

Un dato importante que evidenció un informe del INEI es que, en materia de recaudación tributaria, el número de contribuyentes activos en Arequipa se incrementó en un 4.4%, lo que permitió que el nivel de recaudación se eleve en 7.1% con más de S/328 millones. Pero hay más.

Mientras las autoridades, líderes y colectivos de Puno mienten sobre un supuesto “canon minero” que les han quitado, las cifras dicen todo lo contrario*.

¿En qué regiones están los próximos proyectos mineros? Actualmente, hay 74 en la cartera del Ministerio de Energía y Minas, los cuales representan una inversión de $596 millones. Son 37 nuevos proyectos los que se han incorporado este 2023, ubicados en 10 regiones.

El tajo Chalcobamba, proyecto de exploración a cielo abierto para la extracción de cobre, continúa invadido por un grupo de mineros ilegales. Esto perjudica seriamente la producción de este hidrocarburo y, por supuesto, la recepción de canon y regalías mineras en Apurímac. ¿Qué se está haciendo?

Pese a la situación que atraviesa la minería en el Perú, aún existen 74 proyectos de inversión privada en etapa de exploración en 17 regiones que tienen una inversión total de US$ 596 millones. Además, de concretarse la puesta en marcha de 8 proyectos en cartera más la producción esperada de Quellaveco, se podrá potenciar el sector y el trabajo, pues se generaría aproximadamente un total de 10 889 puestos.

El Ministerio de Energía y Minas diseñó un plan de formalización donde plantea realizar inspecciones en campo de todas aquellas mineras que fueron suspendidas por el  Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Hasta la fecha, solo 16557 se encuentran en estado vigente.

Solo la inversión en proyectos mineros es de USD 53 715 millones, mientras que la cartera de exploración minera tiene una inversión de USD 596 millones, que tiene como objetivo descubrir nuevos yacimientos y extender la vida útil de las minas en operación.

La región llegó a perder hasta S/ 82 millones diarios debido a las protestas de inicios de año, lo que afectó severamente la recuperación económica post pandemia. Se espera que el canon minero sirva de impulso para sanear los efectos negativos en la economía regional.

Durante el primer trimestre del 2023, 15 distritos de las regiones Áncash, Cusco, Ica, Moquegua, Tacna y Piura ejecutaron menos del 10% del presupuesto público proveniente del Rubro 18; es decir, del canon y sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones. Anualmente, estos distritos retornan alrededor del 40% del dinero y no promueven inversiones públicas.

La minería informal e ilegal en Bolivia se habría visto beneficiada pues se propone que el Estado pueda adquirir el oro para cambiarlo por divisas y "fortalecer" las Reservas Internacionales. Sin embargo, expertos se oponen a la norma debido a que promueve la informalidad y la afectación del medio ambiente.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, comentó que están evaluando la posibilidad de modificar la ruta del Corredor Minero del sur para que éste atraviese zonas menos conflictivas. 

El gobierno, a tráves del premier Alberto Otárola, brindó esta información durante la convención minera de Prospectors & Developers Association of Canada. Además, el gobierno adelantó que se intervendrá en la liberación de los corredores mineros bloqueados por manifestantes. 

La Comisión Multisectorial del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño cambió el estado del sistema de alerta de “no activo” a “Vigilancia de El Niño costero”.