Bolivia aprueba la “Ley del oro” que beneficiará a mineros informales e ilegales

La Federación de Cooperativas Minera Auríferas de Bolivia aprobó la “Ley del oro”, la cual permite que el gobierno boliviano pueda adquirir este mineral para cambiarlo por divisas y así reforzar las Reservas Internacionales. Si bien la medida plantea que el Estado cuente con la oportunidad de impulsar su economía a través del intercambio de oro, diversos expertos se oponen a esta decisión debido a que promueve la minería informal e ilegal y, además, dañaría seriamente los ecosistemas.

De acuerdo a lo mencionado por el geopolítico Ivan Arenas, el gobierno boliviano encabezado por el Movimiento al Socialismo (MAS), partido político fundado por el expresidente Evo Morales, no se preocupa por “el buen vivir” o el cuidado de la “pachamama”, sino que, por el contrario, prefiere cuidar sus reservas a costa de la afectación del medio ambiente y las prácticas ilegales. Es preciso mencionar que las reservas de la nación vecina cayeron estrepitosamente durante los últimos años, pues el Banco Central de Bolivia pasó de contar con $6,909 millones en 2018 a $620 millones en 2023.

Ante la falta de fondos en sus arcas públicas, el gobierno decidió permitir que los mineros, inclusive aquellos que se dedican a prácticas informales e ilegales, le vendan oro al Estado sin ningún tipo de regulación que prevenga el daño ambiental o el crecimiento de estas empresas ilegales. Arenas recordó que una medida similar fue impulsada sin éxito durante el gobierno de Evo Morales, cuando se propuso la creación de la Empresa Boliviana de Oro (EBO), sin embargo, durante los 4 años que permaneció abierta, esta compañía estatal sólo logró vender 174 kilogramos del metal.

Actualmente, Bolivia cuenta con 1500 cooperativas que se encargan de extraer este metal, pero solo el 14% cuentan con licencia ambiental. Si bien la norma que regula estas prácticas exige que toda empresa de este tipo debe contar con una licencia para funcionar, parece que la legislación boliviana no es muy rigurosa al respecto, pues estas empresas y/o mafias informales continúan trabajando sin ningún tipo de supervisión o sanción por parte de las entidades competentes.