Ni malgasto, ni escasez, creemos un fondo

La economía peruana depende en buena medida del mercado minero internacional. Aunque soportamos conflictos sociales gatillados -buena parte de las veces- por mafias que se aprovechan de las comunidades, y toleramos políticos o burócratas ideologizados que no tienen el nivel técnico para entender este sector, aun así, cada año logramos ser de los primeros productores mundiales de varios minerales.

Perú sigue siendo el segundo productor mundial de cobre. El año pasado alcanzamos las 2.7 millones de toneladas métricas, según el Ministerio de Energía y Minas. Y de este cobre, casi el 70% se exporta a China, el 7% a Japón, el 4% a Estados Unidos, entre otros países.

Esta potente producción minera permite que el Estado recaude el impuesto a la renta, del cual el 50% se convierte en canon minero. El Canon Minero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos.

El problema es que este ingreso “por canon” tiene años siendo malgastado, o a veces incluso desaprovechado. Ya en 2021, la Asociación de Contribuyentes demostró que, desde el 2011 aproximadamente, se había dejado de ejecutar el 40% del canon, y que en algunas regiones del sur del país el 45% se terminaba usando en gastos ordinarios o pequeñas intervenciones que no cerraban brechas de servicios públicos.

En ese entonces, Contribuyentes propuso y hoy propone nuevamente la creación de dos instrumentos de gestión que pueden ser muy útiles: en primer lugar, fideicomisos regionales que administren una parte de los recursos dirigidos a los gobiernos locales (quienes no tienen la capacidad para ejecutar obras de envergadura), y en segundo lugar, un “Fondo Minero”. Hablemos de esta última iniciativa que ya existe en otros países de la región.

Si bien existe actualmente un Fondo de Estabilización Fiscal en el Perú, este regula todos los ingresos públicos a nivel agregado, pero no regula las transferencias por canon, regalías y demás recursos que por ley las regiones reciben. Implementar este mecanismo podría ayudar a mejorar la situación de alto gasto corriente de los gobiernos locales, concentrar la administración de los recursos menos entidades, guardar reservas cuando los precios de los metales sean elevados, y compensar el déficit cuando estos bajen de forma pronunciada.

Es vital reducir la atomización de los recursos del canon. La alta atomización de estos recursos entre casi 1800 entidades municipales genera pérdidas de eficiencia por diversas vías, generando que los recursos se dilapiden en gastos corrientes y administrativos, así como en proyectos de pequeña escala sin que los ciudadanos perciban los beneficios directamente. Ni qué decir que se convierten también en caldo de cultivo para la corrupción. En un reciente artículo, Ivan Arenas, recordaba que la misma presidente Boluarte había prometido implementar esta última iniciativa. Esperemos que en lo que le queda de gobierno, lo haga, porque sería una política beneficiosa para todos, especialmente para los contribuyentes más vulnerables.

*Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado en el diario Perú21.