Castillo se adjudicó creación de Unidad de Delitos Ambientales y no abordó conflictos mineros

En su discurso ante el Congreso, el presidente se dio crédito sobre Unidad creada en el gobierno pasado. Además, evitó pronunciarse sobre los conflictos mineros en diversas regiones del Perú

En su presentación del martes 15 ante el Congreso de la República, el presidente Pedro Castillo se dio crédito sobre la creación de la Unidad de Delitos Ambientales como parte del eje de gestión de riegos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno que impulsa su gobierno.

Sin embargo, Vigilante.pe dio cuenta que esta Unidad no fue creada por Castillo sino que fue implementada durante el gobierno de Francisco Sagasti bajo la gestión de Gabriel Quijandría en el Ministerio del Ambiente con el nombre de “Unidad Funcional de Delitos Ambientales (Unida)”.

Según la Resolución de Secretaria General Nº 028-2021-MINAM, publicada en El Peruano el 8 de marzo de 2021, las funciones de la Unidad serían contribuir a la generación e intercambio de información técnica relevante para la prevención, reducción y seguimiento de los delitos e infracciones ambientales con énfasis en la Tala Ilegal, Tráfico Ilícito de minería ilegal, proponer la invitación a otras instituciones públicas, privadas o de la sociedad civil, la cooperación internacional, entidades de fiscalización, así como a profesionales especializados, para que contribuyan en la formulación de recomendaciones específicas orientadas a la prevención de los delitos ambientales e infracciones ambientales, y otros.

Sobre el mismo eje, Castillo mencionó la creación de la Red de Monitoreo de Calidad de Aire y Agua, la oficina de enlace de la OEFA en Cora Cora (Ayacucho) y el Plan Especial Multisectorial  para intervención integral a personas expuestas a metales pesados o sustancias químicas.

¿Y los conflictos mineros?

A pesar de las amenazas que enfrenta el sector minero desde el inicio de la gestión de Castillo, el presidente remarcó la importancia de la inversión privada para el desarrollo del país, pero evitó referirse a las políticas de gobierno para proteger e impulsar el sector minero que impulsa el PBI nacional.

Según el último informe de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a febrero de 2021 aparecieron cinco nuevos conflictos sumando un total de 203 en todo el país. La mayor cantidad de estos se desarrollan en Loreto (29), Cusco (19) y Áncash (15).

El más reciente fue el corte del abastecimiento del agua al campamento minero Cuajone y el bloqueo de la vía ferrea de Southern Perú ubicado en Moquegua lo que está provocando la perdida  US$ 4.8 millones diarios de cobre por exportación.

“El corte de la vía férrea, que impide el transporte de la producción de cobre al puerto de Ilo, afecta gravemente la operatividad de la mina y pone en grave riesgo más de 2,000 empleos directos en esta zona. En momentos en los que nuestro país requiere el ingreso de inversiones y reactivación de proyectos para la creación de empleo y mejora del nivel de vida de la población, sobre todo en las regiones, es vital que el Estado garantice la estabilidad jurídica y el respeto por la propiedad privada, necesarios dentro de una convivencia democrática”, expuso la Sociedad Nacional de Industrias.

A este escenario se suma los constantes bloqueo en el Corredor Minero Sur y el proyecto minero Las Bambas. Actualmente, los bloqueos que se realizaron en Chumbivilcas y Espinar (Cusco) motivaron el rechazo del gobierno regional de Apurímac y de la comunidad de Challhuahuacho, zona de impacto directo de la actividad.

El Ejecutivo impulsa mesas de diálogo en las diversas zonas, sin embargo, hasta el momento ninguna ha logrado encausar la problemática. Esto se reflejó en la reunión que sostuvo el lunes 14 el premier Aníbal Torres con las autoridades de  Apurímac quienes finalmente no firmaron el acta propuesta por el gobierno en rechazo a que Cusco sea considerado como zona de influencia del proyecto minero Las Bambas.