Regiones como Cajamarca, La Libertad o Junín son un reflejo de decenas de regiones en todo el país; reciben millones en canon pero la baja ejecución, las obras paralizadas y la persistencia de la pobreza muestran que los recursos no garantizan resultados. La gestión, más que la ideología o postura política del gobernante, determina si el presupuesto se convierte en servicios, infraestructura y mejoras reales para la población.

El paro agrario ha generado bloqueos en cinco regiones del país, afectando la economía local, el abastecimiento de alimentos y la distribución del material electoral a pocos días de la segunda vuelta. Las pérdidas se acumulan, los mercados empiezan a sentir el impacto y la logística electoral enfrenta riesgos en zonas donde las vías permanecen cerradas.

Las iniciativas legislativas y programáticas impulsadas por Roberto Sánchez y su partido abren interrogantes sobre el control de explosivos, la supervisión ambiental y la capacidad del Estado para contener la expansión de la minería ilegal en zonas críticas como Madre de Dios.

El partido Alianza para el Progreso perdió el Congreso y César Acuña dejó de encontrar en La Libertad el voto que durante años sostuvo su maquinaria política.

Nueve años después del Niño Costero que dejó 162 muertos, 19 desaparecidos y más de un millón de afectados, las lluvias de 2026 vuelven a golpear regiones del norte y sur. Las obras prometidas avanzan, pero varias siguen incompletas o bajo observación. Según expertos, el desastre no solo es natural, es un resultado político.

Mientras César Acuña ya se encuentra en campaña para las Elecciones 2026, su última gestión al frente del Gobierno Regional de La Libertad ha quedado marcada por contratos anulados, obras paralizadas, auditorías internas, pesquisas fiscales, y un clima de desconfianza en la gestión pública.

La criminalidad se ha convertido en un costo extra para miles de comerciantes. Desde Lima hasta varias regiones del país, emprendedores y empresarios asumen gastos extras en seguridad privada para poder seguir trabajando.

Los retrasos, sobrecostos y falta de transparencia en la ejecución de proyectos públicos reflejan una crisis estructural que impacta directamente en la calidad de los servicios y en el bolsillo de los contribuyentes. 

Aldo Mariños llegó a Lima luego de su “marcha de sacrificio” para solicitar la mejora de carreteras, la construcción de un hospital y una universidad en Pataz. Aunque su visita no abordó el tema minero, la provincia sigue afectada por la informalidad en dicho sector.

Las recientes jornadas de paro de transportistas exponen la crisis de extorsiones en Perú, con costos humanos y económicos que golpean a formales e informales, especialmente en Lima, Callao, La Libertad y Piura, desacelerando el desarrollo regional.

El alcalde Wilmer Sánchez genera indignación al tomarse un descanso médico en plena crisis de inseguridad, mientras los ciudadanos exigen liderazgo inmediato contra la violencia en la ciudad.

Una vendedora de desayunos figura como socia del 50% de una empresa que ganó la millonaria obra del Hospital Santa Isabel en La Libertad. Además, el gobernador César Acuña estuvo más de 145 días fuera del cargo en plena crisis de corrupción y seguridad.

Una detonación en la cuadra 8 de la avenida Perú, atribuida a una pugna entre bandas, sacudió la ciudad la noche del 14 de agosto. Autoridades hallaron cartuchos de dinamita y detuvieron a tres sospechosos.

La jefa de Estado incluyó en su mensaje a La Libertad en proyectos clave: desde escuelas Bicentenario hasta la "Ruta del Papa León XIV". Pero tras analizar las promesas, el patrón es claro: cifras millonarias, cero ejecución y silencio sobre compromisos incumplidos. Los liberteños exigen obras, no discursos.

En marzo, 553 mil estudiantes de La Libertad iniciaron un nuevo año escolar. Sin embargo, muchos tuvieron que enfrentar una dura realidad: una infraestructura educativa precaria. Pese a ello, el gasto en planillas absorbe más del 70% del presupuesto destinado a educación básica regular.   

La unidad minera Minera Poderosa continúa siendo el blanco de violentos ataques perpetrados por mineros ilegales que intentan ocupar el espacio concesionado por la empresa para seguir explotando oro. Esto refleja que las medidas impuestas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia no surten el efecto deseado. Recordemos que, según el IPE, el el 45% del oro ilegal en latinoamerica proviene del Perú.

Tras la decisión del laudo arbitral que determina las responsabilidades entre Odebrecht y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego por el incumplimiento del contrato de concesión, el tribunal ad hoc autorizó al Estado peruano a contrademandar a la empresa por daños y perjuicios, pero hasta ahora aún no inicia las acciones legales.

Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca y Amazonas crecieron en 2,8%, impulsado por los sectores Pesca (24,5%), Manufactura (21,1%) y Agropecuario (4,8%).

Contraloría advirtió la irregularidad impulsada por los regidores municipales Perico Caipo Polo, Lidia Rodríguez Melón, Jorge Vargas Cuenca, Rosy Obezo Arenas (integrantes del Movimiento Regional Fortaleza Perú) y Pedro Lavado Gutiérrez (Movimiento Regional Trabajo Más Trabajo). 

El índice de trabajo informal en la región La Libertad es uno de los más altos a nivel nacional. Desde la Asociación de Contribuyentes se propone el Estado apoye a los empresarios y no cree medidas que pueden entorpecer la formalización de las MIPYMES.

La Libertad tiene 14 veces el presupuesto de Piura, sin embargo, ambas regiones tienen un avance de obras muy lento, lo que arriesga a la población frente a los estragos del Fenómeno El Niño. 

La gestión de César Acuña no ha sabido almacenar ni registrar como corresponde los implementos que se enviaron para la ayuda humanitaria como camas, carpas, colchones, kits de higiene, arroz, azúcar, entre otros. Según un informe de la Contraloría, esto "genera incertidumbre sobre el stock real de bienes disponibles de ayuda humanitaria, pudiendo conllevar a sustracciones y/o pérdidas de los mismos".

Solo en Áncash hay 574 casos de corrupción. La situación se repite a lo largo de la costa donde los delitos más recurrentes son peculado, colusión, y malversación de fondos. El informe de la Procuraduría concluyó que los funcionarios procesados incurren principalmente en apropiación de caudales del Estado.

Un reciente análisis de la Asociación de Contribuyentes muestra que existe una correlación entre minería ilegal, minería informal, producción de hoja de coca y niveles altos de violencia.