Según Torres, tribunal arbitral ratificó decisión de resolver el contrato de Chavimochic III
Redacción Vigilante
Publicado 4:50 pm, 10 Octubre, 2022
“No hay más adenda”, anuncia el jefe de gabinete, con lo que la tercera etapa del proyecto de irrigación se paralizaría otros cinco años más. “Es una desgracia para La Libertad”, dice Alfonso Medrano, presidente de la cámara de Comercio de esa región. El Perú perderá US$2,000 millones por año en exportaciones; es decir, en un quinquenio, serán US$10,000 millones.
La suerte del destrabe de la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavomochic, en La Libertad, está echada. El premier Aníbal Torres anunció que el tribunal arbitral ratificó su decisión de resolver el contrato suscrito entre el Estado peruano y el concesionario de la megaobra, conformado por Novonor (ex Odebrecht) y Aenza (ex Graña y Montero).
“En cuanto a Chavimochic, tengo que lamentar mucho que no hemos podido superar esto en el Ejecutivo porque todo el mundo tiene miedo. El ministro anterior (decía) ‘voy a ir a la cárcel si firmo esto’. Cuántas veces les hemos hecho sentir que hay aprobación social y política. No obstante eso, no hemos podido vencer esa dificultad, y el Tribunal Arbitral ya resolvió el contrato, de manera que no hay más adenda”, dijo el jefe de gabinete durante su presentación en la Comisión de Presupuesto del Congreso.
Torres anunció que ahora el Ejecutivo trabajará para concesionar el 30% de la obra restante, de la presa Palo Redondo. “Somos muy conscientes que (Chavimochic) va a ampliar enormemente la frontera agrícola y por supuesto lo más importante, que no está en el contrato, es el agua para Trujillo. Esa obra de todas maneras va”, anotó.
El pasado 22 de setiembre, el tribunal arbitral rechazó la ampliación del plazo para la lectura del laudo arbitral en curso a 90 días con posibilidad de ampliarse a 30 días, como habían solicitado las partes.
Ante ello, el Midagri y la empresa concesionaria solicitaron al tribunal una reconsideración para ampliar el plazo de la lectura del laudo a 60 días, sin posibilidad de una nueva ampliación, pero el premier Torres adelantó que también se rechazó esa solicitud, con lo que el órgano jurídico ratificó su decisión de resolver el contrato.
El arbitraje ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) se inició en 2016, tras la paralización de la tercera etapa de las obras de Chavimochic. Como parte del proceso, la concesionaria reclama al Estado peruano un pago de US$118 millones.
Luego, en febrero de 2022, la concesionaria planteó al Estado desistir del arbitraje en curso y terminar la presa Palo Redondo (que tiene un 70% de avance) en 18 meses, lo que fue aceptado. Así, en abril pasado, debió leerse el laudo arbitral, pero las partes decidieron solicitar al tribunal la ampliación del plazo para su lectura.
La primera ampliación no fue suficiente, por lo que en setiembre de este año se pidió una nueva ampliación de plazo a 120 días adicionales, pero la solicitud fue rechazada, y la reconsideración de la decisión, también.
¿Qué puede ocurrir ahora? Lo más probable es que, como el fallo implicaría el pago de US$ 118 millones, el Midagri apele la decisión del tribunal, con lo que esperado destrabe de las obras de la tercera etapa de Chavimochic se retrasaría otros cinco años.
“Si lo que dice el premier Torres es cierto, es una desgracia para La Libertad”, sostiene en Gestión el presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, Alfonso Medrano Samame.
El representante gremial consideró que será muy difícil -por no decir imposible- que haya una empresa que se interese en terminar el 30% de la presa Palo Redondo que falta con una obra en la práctica judicializada. “Eso va ser una desgracia para el país”, agrega.
La presa es la primera fase de la tercera etapa, por lo que falta la segunda fase, que es el Canal Madre en Paiján. Solo en la presa ya se invirtieron US$270 millones. Para culminarla faltan unos US$155 millones y pagarle al concesionario US$22 millones por adelanto de obra.
Es decir, Perú perdería los US$ 118 millones de la demanda arbitral y los US$ 22 millones que le debe al concesionario por el adelanto de obra.
“Se va abandonar una obra para Trujillo. No va ver agua para 900,000 habitantes (…) y se van a perder US$ 2,000 millones por año en exportaciones, fuera del tema social. En cinco año se va a perder US$10,000 millones por no terminar la presa”, subraya.