A pesar del canon minero, las regiones no logran traducirlo en obras

En el debate sobre la gestión pública regional, la discusión suele centrarse en la orientación ideológica de las autoridades. Sin embargo, la evidencia muestra que, en regiones productoras de recursos, la diferencia entre izquierda y derecha importa menos que la capacidad de convertir el canon en servicios y obras concretas. El problema no siempre es la falta de dinero, sino la forma en que se administra.

Cajamarca es un ejemplo claro. Durante la gestión de Gregorio Santos —quien ha participado en procesos con cuatro movimientos de izquierda distintos— la región recibió importantes transferencias mineras. En 2011, el Gobierno Regional tenía previstos S/ 453 millones de canon minero, pero hasta octubre solo había ejecutado el 22%. A pesar de esa disponibilidad presupuestal, en 2019 la Contraloría identificó 39 colegios cerrados y otros ocho inaccesibles. En 2024, la pobreza monetaria alcanzó el 45 %, la cifra más alta del país, en una región que históricamente ha recibido recursos significativos vinculados a la minería.

La Libertad, gobernada por César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, muestra un patrón similar. En 2023, la Contraloría registró 78 obras paralizadas en el departamento, con un costo actualizado superior a S/ 4,518 millones. Entre los proyectos detenidos figuraba la obra de agua potable y alcantarillado de Huamachuco, valorizada en más de S/ 106 millones. En 2024, la pobreza monetaria en la región llegó al 30.2%, por encima del promedio nacional, mientras miles de ciudadanos seguían esperando servicios básicos y obras concluidas.

En Junín, el Gobierno Regional encabezado por Fernando Orihuela, elegido como vicegobernador por Perú Libre y posteriormente convertido en gobernador, dejará la gestión regional este diciembre con 77 obras paralizadas y un perjuicio económico de S/ 12 millones. Es importante resaltar que, entre el 2022 y el 2024 esta región recibió S/. 130 millones solamente por el concepto de canon minero. A pesar de ello, este no se traduce en una correcta ejecución presupuestaria. Entre los casos más notorios de obras inconclusas se encuentra el Hospital El Carmen de Huancayo, iniciado en 2015, con una inversión superior a S/ 210 millones y que apenas lleva un 38 % de avance. También, a la fecha, sigue paralizado el Colegio Integrado Industrial Perené, pese a que su reinicio había sido anunciado años antes.

Las autoridades nombradas en esta nota representan posiciones políticas distintas, pero los tres casos reflejan un mismo problema estructural: puede haber canon o presupuestos que permitan financiar proyectos, pero no construye nada por sí solo. Sin planificación, continuidad administrativa, funcionarios preparados y mecanismos de rendición de cuentas, los recursos terminan acumulados, comprometidos en obras paralizadas o alejados de las necesidades urgentes de la población. La discusión central no es qué ideología debe administrar los recursos, sino cómo lograr que cada sol transferido se convierta en resultados concretos para las regiones.