Propuestas de Juntos por el Perú y un marco que reduce la capacidad del Estado frente a la minería ilegal

Durante los últimos años, Roberto Sánchez, desde el Congreso, ha promovido medidas que modifican la forma en que el Estado enfrenta la minería informal y la criminalidad asociada. Su rol como coautor de la Ley 31989, la propuesta de entregar concesiones a cooperativas de mineros informales o artesanales y la idea de establecer un monopolio estatal del oro forman un conjunto que merece ser revisado con atención. No se trata de cuestionar intenciones, sino de evaluar si estas decisiones fortalecen o debilitan la capacidad del Estado en territorios donde la minería ilegal avanza con rapidez y donde operan redes que combinan extracción informal, tráfico de insumos y violencia.

La Ley 31989 eliminó una facultad operativa clave de la Policía Nacional: la posibilidad de incautar explosivos a mineros inscritos en el Reinfo cuando su registro estaba suspendido. En regiones donde la minería informal convive con extorsión y desvío de insumos, esta herramienta permitía retirar dinamita que, por ley, los mineros informales no pueden adquirir de manera regular. Al restringir esa capacidad, la norma deja en circulación explosivos que pueden terminar en actividades ilegales y en manos de grupos que operan en corredores mineros como Madre de Dios, Puno o La Libertad. El impacto no es menor, porque los explosivos son un insumo central tanto para la minería ilegal como para redes criminales que se expanden aprovechando vacíos de control.

El plan de gobierno de Sánchez añade otros elementos que requieren precisión técnica. La propuesta de entregar concesiones a cooperativas de mineros informales o artesanales busca acelerar la formalización, pero no define mecanismos claros de verificación ambiental, control de insumos o supervisión tributaria. Sin esos filtros, existe el riesgo de consolidar estructuras informales sin elevar estándares ambientales ni laborales. A ello se suma la idea de que el Estado concentre la compra y comercialización del oro. La experiencia reciente con empresas estatales muestra que la gestión de sectores complejos exige controles robustos, transparencia y capacidad técnica. Un monopolio estatal del oro, sin esos resguardos, podría convertirse en un canal para que operadores informales coloquen producción sin resolver los problemas de origen, como la deforestación o el uso de mercurio.

El impacto ambiental de la minería ilegal ya es visible. Un reportaje de El Comercio reveló esta semana que se han deforestado 500 hectáreas dentro de la Reserva Nacional de Tambopata en pocos meses. La reducción de operativos y las ampliaciones del Reinfo aprobadas desde el Congreso han permitido que operadores informales permanezcan en zonas donde antes podían ser retirados. Tambopata es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta y su destrucción avanza a un ritmo que supera la capacidad de respuesta de las autoridades. En este contexto, cualquier flexibilización de controles o entrega de concesiones sin garantías puede acelerar la degradación de áreas protegidas.

El debate sobre minería ilegal exige claridad técnica y consistencia normativa. Las propuestas impulsadas por Juntos por el Perú, vistas en conjunto, plantean dudas sobre su impacto real en la lucha contra redes que combinan extracción ilegal, deforestación y economías criminales. En un país donde la minería ilegal es una de las principales amenazas a la seguridad y al ambiente, fortalecer la capacidad del Estado debería ser una prioridad. Las decisiones legislativas y programáticas deben evaluarse con ese criterio, porque cada espacio que pierde el Estado en zonas críticas es ocupado por actividades que avanzan sin freno y que luego se expanden a otros territorios.