La falta de una política clara y eficiente para formalizar la minería revela las fallas del Estado: exceso de trámites, concesiones políticas y gasto público ineficiente. Mientras la informalidad crece, el mercado y las comunidades pagan el costo.

La Asociación de Contribuyentes del Perú ha elaborado una propuesta técnica denominada “Programa MANA”, que plantea nuevas áreas de exploración minera para enfrentar el problema estructural de la informalidad e ilegalidad en la minería peruana.

La Asociación de Contribuyentes del Perú propone una serie de medidas para enfrentar la minería ilegal con incentivos, trazabilidad y fiscalización efectiva. Con voluntad política, coordinación institucional y apoyo multisectorial, este problema crítico podría erradicarse.

Durante el foro “MIPYMES, Innovación y Desarrollo”, organizado por el Instituto de Derechos Humanos y Desarrollo de la Universidad de San Martín de Porres y la Asociación de Contribuyentes del Perú, líderes gremiales del sector y expertos llamaron a una urgente reforma tributaria, reducción de la burocracia estatal y descentralización del apoyo a emprendedores.

El ministro José Salardi anunció medidas para dinamizar la economía y reducir la burocracia, pero la política fiscal sigue ahogando a los contribuyentes con nuevos impuestos y trabas regulatorias.

A pesar de la urgencia por reducir el déficit de 1.86 millones de viviendas, la VIS enfrenta barreras como la falta de suelo urbano asequible, normativas restrictivas y mitos que desincentivan su desarrollo. Flexibilizar regulaciones e incentivar la inversión privada podría transformar el acceso a una vivienda digna y dinamizar la economía.

La creación de nuevos feriados durante el gobierno de Pedro Castillo generó un debate sobre sus efectos en la economía y la eficiencia del Estado. Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú advierte que el exceso de días no laborables afecta la educación de millones de estudiantes y agrava la ineficiencia del sector público.

En un país muy informal y con problemas de ilegalidad, donde solo unos pocos pagan la “cuenta” del estado, la SUNAT abusa de los que no tienen cómo defenderse.

Mientras el presupuesto para este año aumentó en un 4.5 %, los gobiernos locales y regionales no hicieron un correcto manejo de su presupuesto durante el 2024. Pese a que el gasto público total ascendió a S/ 239,838 millones en los tres niveles de gobierno, la brecha de infraestructura en el país persiste e implica una inversión del 8,27 % del PBI. ¿El país tiene falta de recursos o de capacidades?

Evento "La Libertad Avanza en Perú" tuvo la presencia de Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado argentino, quien destacó la importancia de crear contextos favorables para atraer inversiones y promover el progreso.

En 2009, TRAMARSA denunció prácticas anticompetitivas de los sindicatos de estibadores del puerto de Salaverry, señalando colusión para bloquear competidores y obstaculizar sus operaciones. Aunque la Comisión y la Sala de Defensa de la Competencia confirmaron estas conductas, la Corte Suprema desestimó el caso en 2014, al considerar que los sindicatos no son agentes económicos.

La proliferación de normas no siempre resuelve los problemas del país. Por el contrario, puede agravar la burocracia, fomentar la corrupción y disminuir la eficiencia estatal. Expertos señalan que la clave está en evaluar rigurosamente el impacto de cada regulación antes de su promulgación.

Con S/2,35 en gasto corriente por cada S/1 destinado a obras, Perú refuerza una estructura estatal costosa y alejada de las necesidades de los contribuyentes.

En Perú, la hiperregulación burocrática se ha convertido en un obstáculo para la formalización empresarial y el crecimiento económico. Según el Índice de Burocracia, en 2023 las pequeñas empresas dedicaron más de 2,316 horas anuales a trámites cotidianos, cifra que aumentó en 2024 a 2,447 horas debido a nuevas regulaciones. Este exceso, que genera pérdidas económicas, baja productividad y costos adicionales, frena la ampliación de la base tributaria y limita la inversión privada.

Óscar Vera y Alejandro Narváez llegan como nuevos protagonistas en Petroperú, pero su gestión revive cuestionamientos sobre la presión financiera, la dependencia de rescates estatales y los riesgos de una deuda millonaria que podría poner en jaque al Estado.

La alta informalidad, que afecta a más del 70% del país, y la crisis económica y política son solo el inicio de una lista de obstáculos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en el Perú para formalizarse. A esta situación se suma una tramitología excesiva que, según el Índice de Burocracia 2024, exige 1,688.1 horas solo para abrir el giro de un negocio.

El sindicato de trabajadores del Banco de la Nación anunció un paro de 24 horas como medida de protesta para denunciar que cerca del 70% de los fondos de la entidad financiera estarían comprometidos en transacciones cuestionadas a favor de PetroPerú y otras compras. Mientras que la entidad asegura que esta medida no afectará los sueldos ni utilidades de los empleados, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo el Estado seguirá financiando a una empresa que no muestra señales de recuperación y que reportó pérdidas de más de S/3,173 millones en 2023?

Perú cuenta con un alto número de feriados y días no laborales, mientras que el índice de informalidad continúa en aumento. En lugar de impulsar medidas que promuevan la formalización, el Congreso está evaluando reformas en materia laboral que podrían perjudicar seriamente la rentabilidad y productividad de las empresas.

La meta de déficit fiscal para 2024 proyectada por el MEF fue de 2.2%, sin embargo, a la fecha éste indicador ya llegó al 4%. Para la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, estos resultados son la respuesta inmediata a las decisiones poco estratégicas del gobierno, el cual dejó de gobernar con responsabilidad fiscal.

El Ejecutivo, en pleno uso de sus facultades legislativas, redujo el plazo máximo con el que cuentan las empresas para acceder al crédito fiscal. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, esto no solo genera costos adicionales para los contribuyentes, sino que esta medida también le serviría a la SUNAT para retener este dinero.

La nueva reforma del sistema de pensiones exige que los trabajadores independientes de cuarta o quinta categoría generen aportes a las AFP. Expertos se pronunciaron sobre la medida y la calificaron como desproporcionada, debido a que no toma en cuenta el ingreso promedio de este grupo de personas ni un tope límite de edad. Según la economista Camila Costa, “en la práctica, (los empleados independientes) estarían "regalando" sus ahorros al sistema de pensiones".

La recaudación de la SUNAT crece, pero la base tributaria, no. Entre 2015 y 2024, el presupuesto de la SUNAT tuvo un incremento progresivo que alcanzó casi los S/2,500 millones. Sin embargo, estos fondos son utilizados en un 82% para la contratación de personal, en lugar de ejecutar inversiones clave como en tecnología.

El Poder Ejecutivo presentó el presupuesto público 2025, el cual corresponde a más de S/ 251,691 millones, un 4.5% más en comparación con los fondos asignados este año. Los sectores priorizados por el gobierno serán seguridad ciudadana (S/ 9,488 millones), educación (S/ 49,606 millones) y salud (S/ 30,361 millones).

La Asociación de Contribuyentes del Perú identificó una serie de factores que revelan que el país no se encuentra en un buen momento económico para gravar más impuestos. La informalidad, el desempleo y alto déficit fiscal, el cual llegó a 3.9% en 2023, determinan que apenas estamos saliendo de la recesión y sería contraproducente asfixiar más a los formales. 

CooperAcción publicó un informe con propuestas para mejorar la gobernanza minera en Perú. Sin embargo, un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú detectó un sesgo en la guía de iniciativas y, por este motivo, propuso mejoras para que las medidas realmente beneficien al sector.

La SUNAT creó la Central de Riesgo Tributario para calificar el perfil de empresas a nivel nacional. Según expertos, no existen estudios que revelen que esta medida mejoró el nivel de recaudación fiscal. Asimismo, el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, señaló que la iniciativa es peligrosa, porque expone la reputación de las empresas y su situación financiera. 

El congresista de Somos Perú, Luis Cordero, presentó un proyecto de ley que busca derogar el Decreto Legislativo N° 1623, el cual intenta imponer el 18% del IGV a servicios digitales como Netflix, Airbnb, Dropbox, Google Drive, entre otros.

El Ejecutivo plantea incrementar el sueldo mínimo, sin embargo, un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que esta medida podría causar diversos problemas para las empresas con poca productividad y, además, podría abrirle paso a un mayor índice de informalidad.

Para evitar que el Ministerio de Economía aplique el “impuesto Netflix” a todas los servicios digitales, la Asociación de Contribuyentes del Perú inició una campaña de recolección de firmas para exigir la inmediata derogación de la norma.

El Congreso aprobó las facultades legislativas a favor del Poder Ejecutivo, el cual contaba entre sus propuestas la creación de un nuevo impuesto para gravar el IGV a las plataformas de streaming y servicios similares. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes de Perú (ACP), esto genera “una dinámica mercantilista".

El Congreso aprobó una serie de modificaciones a la nueva Ley de Teletrabajo, las cuales podrían ser perjudiciales para los trabajadores remotos. Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú sugiere que la aplicación de estas medidas podría impactar negativamente en la productividad de las empresas públicas y privadas.

El Senado paraguayo aprobó una norma que establece “el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro” con el objetivo de fiscalizar adecuadamente a qué actividades destinan sus fondos las ONGs. En Perú, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó un dictamen similar que fortalece las funciones de la APCI, pero aún no se encuentra en la agenda del Pleno. 

Un análisis de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que la inversión de los gobiernos locales, aquellos que dejaron de ejecutar casi S/ 123,000 millones durante la última década, es ineficiente debido a la dependencia del Gobierno Central, el déficit fiscal, enfriamiento económico y las propuestas del Ejecutivo para subir y crear impuestos.

El ranking de competitividad posicionó a Perú en el puesto 63 de 67 países evaluados. Este retroceso de 8 posiciones convierte al país en la antepenúltima economía menos competitiva de Latinoamérica. Expertos mencionaron que recuperar la competitividad no será tarea sencilla, pero se logrará fortaleciendo la institucionalidad, estabilidad política y económica, potenciando una fuerza laboral capacitada e incentivando la inversión privada.

El Congreso se promueve una serie de proyectos de ley que atenta contra la inversión privada y evita la colaboración público-privada en la administración de servicios como saneamientos, agua potable o comercialización de materias primas y sus derivados. Expertos como el gerente de Asuntos Legales y Regulatorios de Comex Perú, Jaime Dupuy, criticaron al Ejecutivo de no hacerle frente a estas normas, debido a que “propuestas erróneas y desfasadas”.

La nueva propuesta fiscal amplía las deducciones en educación, salud y otros gastos esenciales, buscando revitalizar la economía, fomentar la formalidad y, sobre todo, apoyar a los contribuyentes.

El desempeño de nuestros aeropuertos en comparación con otros de la región está directamente vinculado a la gestión de CORPAC, proveedor monopólico y privilegiado de todas las operaciones aeroportuarias del país.

La recaudación tributaria en la región macrosur no fue fructífera durante marzo de 2024, debido a que 5 de las 6 regiones registraron una variación negativa en el pago puntual de tributos por parte de los contribuyentes. 

Entre enero y abril de 2024, se gastó S/25,299 millones en la pago de planillas, en lugar de invertir los recursos recaudados a través del pago puntual de tributos en la construcción de más escuelas, hospitales o carreteras. Sin embargo, ahora busca más impuestos en vez de mejorar y potenciar sus gastos corrientes.

La Asociación de Contribuyentes del Perú recomendó como primer paso modernizar la Sunat y capacitar a su personal para que actúen de manera más transparente y menos arbitraria. La propuesta consiste en que la entidad se convierta en un órgano autónomo que no dependa del MEF.

La Ley de Masificación de Gas Natural aún no es una realidad en el Perú, debido a que el Ejecutivo observó la autógrafa, presuntamente, por intentar beneficiar a empresas de capital extranjero, autorizando así un monopolio antinatural. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, afirmó que esta medida perjudicará a cientos de familias peruanas y a las pequeñas industrias regionales.

El Estado propone crear y subir las tarifas de impuestos para recaudar más fondos para el Tesoro Público. Sin embargo, el sistema de salud peruano presenta innumerables falencias como el incremento del índice de anemia infantil, la falta de medicamentos en hospitales y la escasa oferta de profesionales de salud de atención temprana.

El Estado propone la creación de nuevos impuestos para ampliar la recaudación fiscal durante el 2024, pero este dinero no retorna a los contribuyentes a través de mejores servicios públicos. Un ejemplo de ello es el sistema de educación, donde se registra una brecha de infraestructura educativa que asciende a S/164 mil millones.

El gobierno peruano pedirá facultades legislativas y entre ellas intentará crear impuestos, subir impuestos y ser más agresivo en la cobranza de los mismos. ¿Es esto justificable? *

Si los notarios quieren volver a tener presencia en contrataciones públicas (algo que les daría muchísimas ganancias económicas) que se retiren de otros trámites ciudadanos en los que ya no deberían intervenir. *

El Adam Smith Center of Economic Freedom, la Asociación de Contribuyentes del Perú y la Cámara de Comercio Americana presentaron el índice de Burocracia en Iberoamérica 2023, donde revelan que una empresa en latinoamérica destina, en promedio, 2,666 horas en gestionar trámites estatales para abrir el giro de negocio y 901.95 horas para mantenerlo en funcionamiento.

Un sector económico no contó el verdadero interés de su propuesta sobre la masificación del gas y buscó traerse abajo la Ley de Masificación. Sin embargo, la noticia positiva es que la Ley se aprobó por insistencia en la Comisión de Energía y Minas y quedó lista para que el Pleno la apruebe. El presidente de la Asociación de Contribuyentes, José Ignacio Beteta, exhortó a que “la masificación del gas se realice en libre competencia y no con monopolios”.

El Adam Smith Center of Economic Freedom, la Asociación de Contribuyentes del Perú y la Cámara de Comercio Americana – AmCham presentarán el Índice de Barreras a la Libertad Económica Iberoamérica 2023 este martes 9 de abril de 2024. El informe revela que las empresas peruanas requieren de 387 horas para realizar trámites burocráticos  que les permita abrir un giro de negocio, mientras que, para mantenerse en funcionamiento, deben dedicar 2,316 horas al año.

En el evento se darán detalles sobre la burocracia estatal. Por ejemplo, el análisis reveló que una empresa peruana dedica 2,316 horas al año a atender trámites estatales, lo que equivale a más de 3 meses completos de trabajo de una persona. Eve

La aprobación por insistencia de la Ley de Masificación del Gas beneficiaría a millones de peruanos, con libre competencia y con el bueno uso del dinero de los contribuyentes.*

Pese a la aprobación de la propuesta por parte del Congreso, la gestión de Oscar Vera en el Ministerio de Energía y Minas frenó la promulgación de la Ley de Masificación de Gas. El reto del nuevo titular del Minem es promover la publicación de la norma y su inmediata aplicación, de lo contrario, los contribuyentes serán los más afectados.

Para resolver el problema forestal las posturas aparentemente más contrarias deben unirse porque el enemigo no está en casa. *

La propuesta de reforma tributaria planteada por el Ejecutivo no está completa y, según el análisis de expertos, podría facilitar la evasión de impuestos en el futuro.

Toda empresa o entidad estatal, al consumir el dinero de los contribuyentes, debe operar con eficiencia y eficacia para justificar su existencia. *

No hay forma más democrática de dar acceso a una maravilla del mundo como Machu Picchu que ofrecer sus entradas de forma abierta, transparente, fiscalizable, y digital; algo que ocurre en todas las demás maravillas del mundo moderno. *

 Analizaremos la propuesta de “reforma tributaria” socializada por el MEF que propone reducir de 4 regímenes tributarios a 2, eliminando el Régimen Mype y RER. Esto significaría que las empresas actualmente bajo estos regímenes tendrían que adaptarse o al NRUS o al Régimen General. No hay más opciones.

El abogado Diethell Columbus y la economista Camila Costa darán a conocer cómo se gestionan nuestros recursos, cómo se genera un balance anual sobre el monto utilizado para gestión programas y proyectos, se hablará sobre el proceso de revocatoria y cómo es posible que los contribuyentes accedan a este mecanismo si se encuentran insatisfechos con sus alcaldes distritales.

EsSalud necesita una reforma urgente que implique volverla más eficiente, con un mayor alcance, pero sin que esto afecte el bolsillo de los contribuyentes. **

El alcalde de San Borja, Marco Álvarez, habría promovido que sus funcionarios públicos realicen un plantón frente a un proyecto inmobiliario a pesar que no son sus funciones. Ante esta situación y con la finalidad de cautelar el buen uso de los recursos de los contribuyentes, la Asociación de Contribuyentes envió una carta al alcalde para que explique a la ciudadanía la situación. Los vecinos esperan respuesta.

Son millones los afectados por la poca capacidad de atención que tiene EsSalud. A ello se suma que la proyección de ingresos y gastos para el período 2022-2032 revela un cambio de superávit a déficit anual a partir de 2023, justificado por el aumento en prestaciones médicas y económicas, la disminución de otros ingresos y el crecimiento del gasto en infraestructuras.

La evidencia es clara: la reducción de la pobreza se logra con medidas de apertura económica y libertad empresarial. La libertad económica es tan importante como las demás libertades y por lo tanto debe ser defendida con la misma solidez y constancia. *

En el webinar “¿Preocupación por el vecino o abuso municipal?: problemas del sector inmobiliario” se analizó la preocupante situación del sector frente al comportamiento de los municipios y se brindó una serie de recomendaciones para frenar los múltiples atropellos que frenan la inversión privada y dejan sin empleo a cientos de obreros. 

El Minem respondió a una investigación periodística que reveló una adenda que beneficia con la masificación del gas en 7 regiones y la extensión del contrato por 10 años a una sola empresa. El comunicado sirvió para revelar más cuestionamientos, pues el ministro Oscar Vera, algunos días antes de publicar la mencionada adenda ya había firmado un convenio de cesión de tierra con autoridades de una de estas regiones, y al día siguiente de publicar la adenda, con otras más.

A pesar de que el Congreso aprobó una ley sobre la masificación del gas de manera transparente, correcta y en beneficio de millones de peruanos, el cuestionado ministro de Energía y Minas gestionó una adenda que le entrega, prácticamente a dedo, siete regiones a una sola empresa. Además, le extiende el contrato por 10 años. Todo sin licitación ni concurso público. Boluarte debe actuar.

Mientras más se ahogue al sector formal con impuestos, barreras o regulaciones, más informalidad tendremos y por ello, menos derechos laborales. **

Existen proyectos con aprobaciones y permisos que cumplen con los estándares de calidad en diseño urbanístico, arquitectónico y de construcción sostenible, que fueron paralizados bajo excusas que se pueden considerar barreras burocráticas o incluso, en algunos casos, llegarían a convertirse en extorsiones o potenciales espacios de corrupción.

El economista y experto en gestión empresarial, Francisco Huerta, analizó la ejecución pública y eficacia del gasto estatal con el objetivo de conocer qué mecanismos podría aplicar el Estado para mejorar el uso de los impuestos de todos los peruanos.

El gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex Perú, Jaime Dupuy, y el economista y experto en gestión empresarial, Francisco Huerta, participaron del webinar denominado “El presupuesto del Estado: ¿conoces cómo se utilizan tus impuestos?” para analizar cómo el gobierno peruano invierte el dinero de los contribuyentes.

¿Conocemos cómo se utilizan nuestros impuestos? El gerente de asuntos legales y regulatorios de Comex Perú analizó la ejecución pública del Estado y los mecanismos que pueden aplicarse para mejorar la transparencia del uso de recursos desde el sector público. 

El trabajador formal peruano es 7 veces más productivo que el informal y, entre otras variables, esto hace que su salario sea 150% más alto. **

El Gobierno Regional tendrá más de S/1,743 millones, de los cuales el 75% será destinado al pago de planillas, el 24% a inversiones públicas y 1% a costear la deuda.

La región cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/3,094,806,525. Hasta el 1 de noviembre, se registra una ejecución del 65.9%, dejando un saldo de S/156,551,250. Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que el presupuesto público para este departamento se incrementará en 27% de cara al 2024.

Los gobiernos regionales recibirán un total de S/ 52,438,612,287. El gobierno regional de Arequipa, a pesar de las situaciones de corrupción, mostró un crecimiento promedio de 7% de sus recursos año tras año.

Para 2024, el monto total asignado a diversos sectores es de S/240,806,216,645. El 65% de esta cifra corresponde al pago de personal y servicios, mientras que el 26% es transferido a la construcción de hospitales, escuelas y carreteras. Anualmente, Perú ejecuta, en promedio, el 86.2% del presupuesto público.

A pesar de la recesión, algunos sectores buscan, mediante medidas populistas y poco analizadas, privilegios para las industrias que no funcionaron en el pasado. Ante ello, en vez de buscar este tipo de beneficios, es mejor conocer cuáles son las experiencias exitosas para generar inversión como impulsar una política fiscal expansiva y eficiente, una política monetaria flexible.

El economista cuestionó que la ley busque privilegiar el tratamiento a las empresas nacionales: “Es una pésima idea porque nos lleva a un mal uso de los recursos públicos. Los impuestos que se recaudan debe usarse de la mejor manera posible para conseguir el mayor valor que se pueda por el dinero que se gasta”.

La Nueva Ley de Industrias podría beneficiar a empresas que no necesitan privilegios tributarios además de generar espacios de corrupción en regiones.

El congresista José Enrique Jerí, de Somos Perú, presentó ante el Congreso la iniciativa legislativa de la “Nueva ley de industrias”. Este proyecto carece de sustento de impacto económico, por ello, el Banco Central de Reserva respondió cuestionando tajantemente la aplicación de estas reformas.

La situación de recesión en la que nos encontramos hoy es en buena medida reflejo de las acciones e inacciones del gobierno y la gestión del expresidente Pedro Castillo.**

En el marco de la campaña Denuncia a tu #MuniAbusiva, la Asociación de Contribuyentes del Perú organizó el webinar “Municipalidad y Contribuyentes: la delgada línea entre la ley y el abuso de poder”. En este evento participaron los abogados Karen Angeles y Diethell Columbus, quienes analizaron la nueva ley que prohibe el cierre arbitrario de negocios y la pésima gestión de recursos públicos por parte de los gobiernos locales.

Con el objetivo de conocer los límites de las nuevas regulaciones municipales que ponen en jaque el trabajo formal de los contribuyentes en provincias y distritos, la Asociación de Contribuyentes del Perú organiza un webinar gratuito que contará con la participación de los abogados Diethell Columbus y Karen Angeles.

A 90 días de terminar el año los gobiernos regionales y locales solo han ejecutado el 43% de su presupuesto para gestión de desastres y emergencias, esto es para prevenir el impacto del Fenómeno El Niño a partir del verano 2024.

Si analizamos el presupuesto del Estado Peruano, 7.5 de cada 10 soles del dinero de los contribuyentes sirve para el gasto corriente (mantener la burocracia y su planilla) y solo 2.5 soles para proyectos de inversión.

El 26% se utiliza para proyectos de inversión pública: hospitales, colegios, pistas, veredas, etc. Es decir, la mayor parte de los recursos del Estado son utilizados para el pago de personas y no para la construcción de activos e inversiones.

La Asociación de Contribuyentes del Perú invita de manera gratuita a funcionarios públicos de municipalidades, gobiernos regionales y publico en general, al webinar a realizar el martes 19 de setiembre para analizar cuán afectados se ven los ciudadanos y los servidores públicos cuando se cometen actos de corrupción dentro del Estado.

El presupuesto del Estado Peruano crecerá en mas del 10% para el 2024 llegando a casi 240 mil millones de soles, pero la inversión privada, esa que paga el presupuesto del Estado, no crecería ni 1%. **

La petrolera estatal confirmó su solicitud de un nuevo salvataje para mantener la producción de hidrocarburos en el país. Entre los requerimientos se encuentra la capitalización de la deuda por $750 millones con el MEF y un aporte de capital equivalente a S/5,570 millones.

El sector agroexportador peruano generó entre el 2021 y 2022 más de 2 millones de puestos de trabajo a nivel nacional.

Los Gobiernos Regionales destinan casi el 70% de su presupuesto asignado al pago de planillas y demás actividades (planillas, consultorías, alquileres, terceros, etc.), mientras que solo el 30% se destina a la construcción de obras.

Mientras en la izquierda siguen priorizando la desigualdad como problema, pierden de vista que el principal problema es la pobreza y la falta de productividad de los peruanos, y que la desigualdad sigue cayendo año tras año. **

La empresa estatal tendría que recibir un nuevo y millonario salvataje para mantenerse a flote. Esta se sumará a los otros dos millonarios apoyos que recibió en 2022, dinero que proviene de los peruanos. Por eso, la Asociación de Contribuyentes del Perú junta firmas para que las autoridades competentes tomen la decisión de cerrar PetroPerú “debido a su constante ineficiencia, corrupción y mal uso de los fondos públicos”.

Un aumento del 10% de la RMV, podría generar según el BCRP una caída de 2.5% del empleo formal, afectando principalmente a los trabajadores de bajos ingresos. **

Si la remuneración mensual es muy alta, las mypes no podrán pagar sus impuestos, lo cual incrementará el nivel de informalidad que hoy es casi de 80%.

La Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que el incremento de la Remuneración Mínima Vital podría afectar la caída del empleo formal en 2.5%, golpeando directamente a los trabajadores pymes. Actualmente, la informalidad llega a 74%.

Mientras las autoridades, líderes y colectivos de Puno mienten sobre un supuesto “canon minero” que les han quitado, las cifras dicen todo lo contrario*.

Con un año de anticipación la Asociación de Contribuyentes y otras organizaciones alertan al Estado peruano de usar adecuadamente los recursos que tiene para mitigar el impacto de El Niño Global. ¿Lo hará?

Los índices de anemia en Perú continúan en aumento, pese al millonario presupuesto que el Gobierno Central destina a la atención temprana de infantes con deficiencia de hierro en la sangre. Las regiones de Puno y Ucayali lideran el índice con 67.2% y 65.8%, respectivamente.

Hacer una llamada al extranjero sin utilizar alguna aplicación como WhatsApp o FaceTime es, prácticamente, imposible. El director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, aseguró que Osiptel tiene la responsabilidad de revertir esta situación y permitir que los peruanos tengan más facilidad para realizar llamadas sin complicaciones.

Comisión de Economía del Congreso aprobó la propuesta de reforma del sistema previsional, pero el 62% de la población se encuentra en contra del “fondo solidario” que sería administrado por el Estado, según una encuesta de Datum. Vocero de la Asociación Más y Mejores Pensiones, José Ignacio Beteta, se pronuncia al respecto.

¿Ciudad de ricos, campo de pobre? Evidencia estadística revela importante información: si bien la zona rural aún tiene muchas brechas de servicios públicos que cerrar, los que más han perdido han sido los que viven en las ciudades.