La informalidad destruye los derechos

Podemos entender la informalidad como un sector que opera al margen de las regulaciones y normativas del Estado. Uno de los aspectos clave de la informalidad es su evasión de impuestos y normas legales. Al no estar registradas, las empresas informales no contribuyen al sistema tributario de la misma manera que las empresas formales.

Así, la presencia de un amplio sector informal incentiva al Estado y a sus entidades recaudadoras a presionar más al sector formal con impuestos, cargas, contribuciones y con una fiscalización mucho más agresiva y desproporcionada. Y este “modus operandi” es aplaudido por toda una narrativa “anti-empresa” o de “izquierdas” que solo quiere defender conceptos ideológicos o inventarse cuentos de villanos y víctimas, sin aportar ninguna solución.

Y es que la evidencia es clara: desde la perspectiva de los trabajadores, la informalidad a menudo implica la ausencia de protecciones laborales y beneficios sociales. Los trabajadores informales pueden carecer de acceso a seguridad social, seguros de salud y pensiones, lo que aumenta su vulnerabilidad económica. Además, al no estar cubiertos por las regulaciones laborales, estos trabajadores pueden enfrentar condiciones laborales precarias y salarios más bajos en comparación con aquellos que trabajan en el sector formal. La informalidad constituye la principal amenaza para la integridad de los derechos laborales.

Según un estudio de Loayza, 2007 (Banco Central de Reserva), la informalidad ocurre cuando son mayores los costos de seguir las reglas y regulaciones de un sistema que los beneficios que proporciona. Ser una empresa formal implica gastos significativos para registrarse y mantenerse en la formalidad, como el pago de impuestos y el cumplimiento de diversas normas. Pero, ¿cuáles son los beneficios? ¿Acaso el Estado le brinda a la empresa, sus dueños y trabajadores, seguridad, justicia, salud, educación, infraestructura de calidad? No.

Así, la informalidad prevalecerá en entornos donde las regulaciones son demasiado restrictivas y los servicios gubernamentales, especialmente los servicios educativos, son de baja calidad.

Según Loayza, en Perú, la razón principal de la informalidad parece ser una mezcla de servicios públicos deficientes y regulaciones que ahogan a las empresas formales. Dado que la informalidad representa una de las principales amenazas para los derechos laborales y considerando que el Estado, al generar condiciones propicias para la informalidad mediante regulaciones excesivas, servicios públicos deficientes y una educación insuficiente, se convierte en uno de los principales factores detrás de esta problemática, podemos afirmar que el propio Estado emerge como una amenaza significativa para los derechos laborales.

** Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado en Perú21.