Masificación del gas a la vista: el Congreso tiene el voto

La aprobación por insistencia de la Ley 679, aprobada en el pleno del Congreso el 14 de noviembre de 2023, es una obligación del Congreso para con millones de peruanos que no tienen gas natural a buen precio, a pesar de tener como país abundantes reservas y una dinámica extracción de este recurso natural.

Aunque el gas natural es un combustible o energía de transición, dado que sigue siendo fósil, es el más limpio de todos los combustibles fósiles, y es necesario usarlo y aprovechar nuestras reservas porque en este momento es el combustible más barato del mercado. No existe industria, hogar o pequeño negocio que no se conectaría al gas natural en este momento si tuviera una red cercana a su operación o domicilio.

En este sentido, en los últimos años el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) ha realizado un trabajo importantísimo en el logro de este objetivo. El fondo monetario del FISE se recauda del consumo de electricidad, gas natural e hidrocarburos líquidos de todos los contribuyentes. Así que, siempre que haya consumo de estos energéticos, habrá recursos para financiar los proyectos del FISE. Debido al rebote de la economía se espera una mayor demanda de energéticos: más recursos para el FISE. Se espera que el 2024 se recaude S/ 1200 millones.

Así, en los últimos años, el FISE ha financiado la masificación del gas prioritariamente. De los 1.9 millones de hogares en Lima conectados a redes de gas natural, 1.1 millones son hogares conectados gracias al Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Solo en 2022, el FISE financió más de 300,000 conexiones fuera de Lima y el ritmo no debería bajar en los siguientes años. El FISE implementó en 2023 1,100 km de redes de distribución de gas con una inversión de más de S/ 700 millones. Esto significa que, en promedio, casi el 65% de conexiones a gas han sido realizadas con los recursos del FISE.

El ejemplo llama la atención porque es uno de los programas estatales que utiliza correctamente el dinero de los contribuyentes, a diferencia de otros programas y fondos que terminan siempre generando ineficiencias, espacios de corrupción o malgasto. El FISE licita directamente no solo la implementación de redes domiciliarias, sino también la implementación de ductos de gas, tuberías que constituyen el mayor costo de infraestructura en la masificación del gas.

Las ventajas de usar el FISE para los contribuyentes: en caso de que la masificación se realice mediante recursos de los concesionarios privados, estos cobran un retorno del 12% según la regulación vigente, además de elevar el costo de la infraestructura porque a su vez deben subcontratar empresas constructoras a las cuales les cobran un costo de intermediación. Si estas obras se ejecutan con recursos del FISE, no se paga este retorno al concesionario ni tampoco ningún costo extra por administrar la obra.

La ley de masificación del gas aprobada en noviembre de 2014 está a la espera de su insistencia. Esta ley contiene un buen mecanismo de subsidio en el que solo se prioriza hasta las medianas industrias regionales, incluyendo evidentemente a todos los pequeños negocios y hogares. Con lo recaudado de este subsidio focalizado y los fondos recaudados del FISE, la masificación va por buen camino y se generan las condiciones necesarias para que diversas empresas privadas puedan participar en igualdad de condiciones para tender redes de gas natural, generando competencia, libertad económica y como siempre, mayores beneficios para los consumidores.

Dicho sea de paso, la concesión Sur Oeste a cargo de Petroperú (Arequipa, Moquegua y Tacna) cuenta con 12,895 clientes conectados y es relevante subrayar que, desde junio de 2021 hasta la fecha, no se ha evidenciado un aumento, y la cifra de usuarios ha permanecido invariable en 12,895. Es decir, Petroperú no ha conectado ni un solo domicilio en 3 años. Esta macrorregión debe ser licitada bajo los nuevos términos de la Ley 679 de masificación del gas. La idea es acelerar el proceso de masificación, pero bajo un marco que garantice que se benefician los pequeños, no los grandes; que se usa correctamente el dinero de los contribuyentes; y que la inversión privada en competencia participe garantizando las mejores condiciones para el Estado y para los usuarios.

*Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado originalmente en el diario Perú21.