Nueva ley sobre municipalidades: “Orienta al funcionario para que fiscalice sin abuso”

Las municipalidades distritales y provinciales tienen la importante tarea de velar por los intereses de sus vecinos. Sin embargo, la labor fiscalizadora de algunos funcionarios públicos se ha tergiversado al punto de imponer multas y sanciones administrativas que afectan seriamente la productividad laboral de un negocio como, por ejemplo, el cierre arbitrario de establecimientos. Para evitar que los dueños y trabajadores de un local se vean afectados ante un cierre injustificado, el Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que incluye nuevas disposiciones que describen cuando aplica o no la imposición de la clausura temporal y multa por parte de los funcionarios ediles.

La abogada especializada en Gestión Pública, Karen Ángeles, comentó sobre la nueva ley, en el webinar “Municipalidad y Contribuyentes: la delgada línea entre la ley y el abuso de poder”, organizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú, que esta nueva norma “orienta al funcionario para que fiscalice sin abuso”. Si bien reconoció que esta ley no cesará inmediatamente los abusos que pueden cometer los malos fiscalizadores municipales, sí señaló que ésta ofrece “mejores herramientas de defensa al contribuyente”.

Del mismo modo, aseguró que no solo es importante tomar consciencia sobre los derechos que le otorga la ley al ciudadano, sino que también exige eficiencia por la autoridad municipal y, sobre todo, racionalidad.

MUNICIPIOS Y SERVICIOS

Otro gran inconveniente al que se enfrentan los gobiernos locales es la molestia generalizada por parte de vecinos que sienten que las municipalidad no gestionan adecuadamente sus recursos. El cobro de arbitrios para cuidar los espacios públicos cada vez deja más insatisfechos a los residentes de la zona, quienes sienten que no reciben un servicio acorde al monto que invierten mensualmente en seguridad ciudadana, limpieza de áreas públicas, ciudadano de pistas y veredas, riego de parques y jardines, entre otros.

El abogado especializado en Solución de Conflictos, Diethell Columbus, comentó que “no es una actividad filantrópica, la Municipalidad nos cobra por servicios”. Por ende, los vecinos tienen todo el derecho de reclamar por un buen servicio que pagan a través de sus impuestos.

Durante su ponencia, usó como ejemplo el caso de la Municipalidad Distrital de Ate, la cual ofrece un servicio de seguridad ciudadana con 250 serenos. Sin embargo, según información de transparencia, los residentes de Ate pagan más de S/11 millones por el despliegue de 925 personas. “Eso quiere decir que hay un “saldo” a favor del contribuyente”, sentenció.

Una situación similar se repite con las cámaras de videovigilancia y la energía eléctrica. “Los vecinos le están pagando a 132 personas para monitorear las cámaras de videovigilancia del distrito. Pero, en realidad, están pagando para que 132 personas vean imágenes repetidas, para que vean Netflix. También pagan S/579 mil por concepto de energía eléctrica para que funcionen las cámaras. Pero, según palabras del propio alcalde de Ate, éstas no funcionan. El vecino paga por el servicio lo hagan bien o mal. Entonces, no es algo que el contribuyente pueda eludir, porque es una obligación tributaria”.