El Gobierno anunció un nuevo impulso para llevar gas natural al centro y sur del país, con más de 300 mil familias como potenciales beneficiarias. El plan se apoya en una adenda con Cálidda, mientras la ley de masificación sigue sin un reglamento plenamente definido.

Pensar que la minería informal desaparecerá del Perú puede sonar a utopía. El Programa MANA plantea una alternativa para solucionar una de las raíces del problema: la superposición de suelos y la falta de espacios donde los mineros informales puedan operar legalmente.

Pese al flujo millonario de recursos y a un nivel de ejecución superior al promedio, Cajamarca acumula 137 obras paralizadas, lo que impide que los fondos mineros se traduzcan en servicios básicos que mejoren la calidad de vida de su población.

Aunque Ica recibió S/ 670 millones por canon minero en 2025, gran parte de sus proyectos siguen detenidos por mala gestión, conflictos legales y un historial de corrupción que frena el desarrollo regional.

La región altiplánica ha recibido más de 372 millones de soles por canon y regalías mineras entre enero y agosto de 2025, pero solo ha ejecutado alrededor del 30% de estos recursos en obras públicas, evidenciando una gestión ineficiente que paraliza inversiones.

La región sigue recibiendo millonarios recursos del canon minero, pero enfrenta una baja ejecución presupuestal, obras paralizadas por más de S/ 7,700 millones y denuncias por corrupción y mala gestión.

En Perú, el debate sobre la minería suele centrarse en la supuesta “acumulación” de tierras por parte de grandes empresas. Pero la realidad es muy distinta: los largos ciclos productivos y la burocracia explican las aparentes “concesiones ociosas”. 

En la reciente cumbre Perumin 37, expertos alertaron sobre cómo la extracción ilegal amenaza el patrimonio inca, expone la debilidad institucional y frena el desarrollo sostenible de Cusco.

La región del Misti se consolida como hub minero con una cartera de más de US$ 29,000 millones. En Perumin 37 se resaltó el avance en proyectos, pese a los conflictos socioambientales, la mala distribución del canon y la debilidad estatal que frenan un desarrollo equitativo.

Por años se ha repetido la idea de que el territorio peruano se encuentra totalmente entregado a la actividad minera de unos pocos. Pero las cifras oficiales muestran otra historia: la mayor parte del país no está bajo concesión y, de lo que sí lo está, apenas una fracción mínima del 2% se encuentra en operación activa.

Las denuncias por minería ilegal en Perú han experimentado un incremento drástico, pasando de 695 en 2020 a 2,034 en 2024, revelando fallos en la vigilancia estatal y un impacto devastador en el medio ambiente y comunidades locales.

La propuesta del Ejecutivo incluye trazabilidad en tiempo real, control de insumos, incentivos y apoyo financiero a pequeños productores. Desde el sector privado, la Asociación de Contribuyentes del Perú promueve el Programa MANA, una alternativa técnica para resolver el principal problema en el sector: la superposición de suelos por parte de mineros informales en concesiones formales.

La masificación del gas natural avanza sin reglamento técnico a más de 90 días de promulgada la ley. Mientras tanto Cálidda se expande a siete regiones sin licitación, en un proyecto de US$ 550 millones que podría generarle hasta US$ 1,000 millones en beneficios.

La Asociación de Contribuyentes del Perú ha elaborado una propuesta técnica denominada “Programa MANA”, que plantea nuevas áreas de exploración minera para enfrentar el problema estructural de la informalidad e ilegalidad en la minería peruana.

Mientras las pérdidas fiscales aumentan, los bloqueos de vías se intensifican y las mafias se fortalecen, el Gobierno vuelve a ceder ante la presión, debilitando así su propia autoridad frente a la minería ilegal.

Mientras que el Ministerio de Energía y Minas amplía el Reinfo, en Cenepa los mineros ilegales han llegado con violencia, contaminación y estrategias para quedarse.

Máximo Gallo es un hombre clave en las recientes discusiones sobre los pequeños mineros y mineros artesanales, el Reinfo y la Ley MAPE. Pero su estrecho vínculo con un gremio de mineros informales ha sembrado dudas sobre su labor a favor de una formalización minera responsable y de la lucha contra la minería ilegal. Y todo esto bajo el silencio del ministro Jorge Montero.

El ministro Jorge Montero persiste en ampliar el REINFO hasta finales de año. Además, sigue en silencio frente al predictamen de la llamada Ley MAPE que, según los expertos, tampoco garantizará la reducción de la informalidad del sector ni la eliminación de la minería ilegal.

El titular del sector Jorge Montero, interpelado recientemente por el Congreso, tendría implicancias en la decisión del Ministerio de Cultura de reducir el área protegida. 

A un paso del monopolio en la masificación del gas. Empresas privadas buscan encargarse del proceso de masificación en siete regiones afirmando que es positivo para el país, pero no cuentan la historia detrás: beneficiar con un subsidio a las grandes empresas y forjar un monopolio del gas. 

La masificación del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento (no comprobado) de la “velocidad”.

La aprobación por insistencia de la Ley de Masificación del Gas beneficiaría a millones de peruanos, con libre competencia y con el bueno uso del dinero de los contribuyentes.*

El titular del Minem, Rómulo Mucho, reveló que deudas de Petroperú son cuatro veces más que su propio capital y que no se conoce el informe sobre el plan de reestructuración de la empresa, por lo que tampoco se sabe si se siguen las recomendaciones dadas.

La expansión de Antamina es una buena noticia en lo que va del 2024, pero se espera que el nuevo ministro Rómulo Mucho logre posibilitar que los otros 51 proyectos de inversión minera en cartera, ubicadas en 18 departamentos que suman un total de US$54 556 millones, se concreten.

Crear un Fondo Soberano para administrar el canon minero y su uso de una forma más ordenada y eficiente es una política que el nuevo Ministro de Energía y Minas podría evaluar. 

Petroperú informó que su Junta General de Accionistas está coordinando las acciones de soporte financiero, que sería a medias. En medio de la polémica, el ministro Óscar Vera apareció para asegurar que hay "mucha propaganda anti Petroperú", pero no rindió cuentas sobre las pérdidas de la estatal.

Escándalo. El Ejecutivo observó la Ley de la Masificación del Gas para agregar cuestionadas medidas. Decisión se da en medio de presentación de una oscura adenda que beneficiaría a una sola empresa en la masificación del gas en siete regiones y la extensión de la concesión en Lima y Callao por 10 años. Ante ello, el Congreso tiene el deber de promulgar la Ley por insistencia.  

A pesar que existe una nueva ley para la masificación del gas, que asegura la participación de diversos postores en beneficio de los peruanos, en el Ejecutivo se hacen de la vista gorda y no la promulgan. Mientras, el Minem publicó una adenda que preocupa, pues allana el camino a un posible monopolio.

La presidenta Dina Boluarte tiene dos opciones, o convertirse en la promotora de la masificación del gas en Perú o, la de volverse cómplice de una adenda que favorece a una sola empresa. **

A pesar de que el Congreso aprobó una ley sobre la masificación del gas de manera transparente, correcta y en beneficio de millones de peruanos, el cuestionado ministro de Energía y Minas gestionó una adenda que le entrega, prácticamente a dedo, siete regiones a una sola empresa. Además, le extiende el contrato por 10 años. Todo sin licitación ni concurso público. Boluarte debe actuar.

El ministro de Energía y Minas, Óscar Vera, afirmó durante el CADE 2023 que se promoverá la depuración del REINFO de aquellos mineros en vías de formalización que mantienen suspendida su inscripción y no realizan acciones orientadas a presentar su instrumento de gestión ambiental.

¡Alerta! El Ministerio de Energía y Minas advirtió que la Nueva Ley de Industrias no tiene precisiones en varios artículos que buscan modificar, que generará un impacto negativo a las MiPymes y que contraviene el marco legal minero vigente.

La no ejecución de proyectos mineros por las barreras burocráticas impuestas por el Estado o conflictos sociales que el gobierno es incapaz de resolver, evitó que el país tuviera S/122,689 millones en ingresos fiscales y que se generen 541,000 empleos.

El Gobierno y el ministro de Energía y Minas decidieron, mediante un decreto supremo, exonerar temporalmente a las refinerías del cumplimiento de las reglas de juego mínimas previstas en la regulación. La única beneficiada fue la Refinería de Talara, que se incendió.

Áncash, Apurímac, Cusco y Ayacucho tienen los principales proyectos mineros que fueron destrabados por el Ministerio de Energía y Minas. Se habla de una inversión de $9,000 millones que beneficiarán a la economía nacional al exportar minerales como cobre, plata y oro.

Perú es el país latinoamericano con la mayor reserva de oro al contar con un total de 2,346 Toneladas Métricas Finas, las cuales se distribuyen en regiones como Cajamarca, Puno, La Libertad, Madre de Dios y Arequipa. Pese a ello, la producción del metal amarillo presentó una variación negativa del 3.5% durante el primer trimestre del año.

Perú tiene el precion más alto de combustible salido de fábrica, a comparación del precio de referencia de Estados Unidos. Petroperú accederá a un nuevo endeudamiento de US$ 1,200 millones. 

El Ministerio de Energía y Minas asegura que en máximo tres meses se realizará la licitación para culminar su construcción. No es una tarea sencilla debido a que actualmente Odebrecht tiene un arbitraje internacional en contra del Estado peruano.

Minem decretó norma para su funcionamiento y limitó las funciones fiscalizadoras de Osinergmin.