Adenda de Cálidda abre debate sobre costos y modelo para ampliar el acceso al gas natural

La propuesta de adenda vinculada a la concesión de Cálidda ha abierto una discusión sobre la forma en que debería continuar la masificación del gas natural en el Perú. Sus defensores sostienen que permitiría acelerar el acceso al servicio en nuevas regiones, mientras que sus críticos cuestionan sus costos y las condiciones económicas que asumirían el Estado y los usuarios.

Según los cuestionamientos recogidos en torno a la propuesta, el costo asociado a la adenda alcanzaría aproximadamente US$1.800 millones. Una de las principales preguntas es cuánto de ese monto estaría directamente relacionado con nuevas inversiones y cuánto correspondería a otros conceptos reconocidos dentro del contrato.

Las cifras bajo discusión

Uno de los puntos cuestionados es un eventual reconocimiento de aproximadamente US$850 millones asociado al valor contable de la red al término de la concesión. Los críticos de la propuesta sostienen que este pago debería revisarse considerando las reglas de amortización aplicables y las condiciones bajo las cuales la infraestructura debe revertir al Estado.

Otro componente corresponde a aproximadamente US$330 millones destinados a nuevas conexiones en siete regiones. En este caso, el debate gira alrededor del mecanismo mediante el cual se asignaría esa expansión y si, debido a su monto y características, debería realizarse mediante un proceso competitivo.

También se cuestiona la relación entre los recursos comprometidos y las nuevas inversiones. De acuerdo con las cifras proporcionadas por quienes objetan la propuesta, Cálidda realizaría inversiones cercanas a US$300 millones frente a un costo total estimado de US$1.800 millones. Determinar qué conceptos explican la diferencia resulta necesario para evaluar económicamente la adenda.

¿Existen alternativas de menor costo?

Otro punto del debate es si la ampliación de la concesión constituye la alternativa más eficiente para beneficiar a aproximadamente 200.000 familias. Esta controversia ocurre dado que podrían existir mecanismos de menor costo, entre ellos subsidios al GLP, cuyo desembolso sería inferior a US$300 millones. Sin información comparativa adicional, sin embargo, no es posible determinar únicamente a partir de estas cifras si ambas alternativas ofrecen beneficios equivalentes en cobertura, duración y calidad del servicio.

También existen observaciones sobre el esquema tarifario y los subsidios involucrados, particularmente respecto de cuánto terminarían pagando los usuarios de Lima y qué parte de los beneficios alcanzaría a consumidores industriales.

El cambio en el modelo de concesión

Una de las principales discusiones tiene que ver con la naturaleza financiera del contrato. Según los cuestionamientos planteados, la concesión fue estructurada originalmente como autofinanciada: el concesionario realizaba las inversiones y posteriormente recuperaba los recursos mediante los mecanismos establecidos contractualmente.

Los críticos advierten que la adenda podría modificar ese esquema al incorporar obligaciones económicas del Estado, acercando la concesión a un modelo cofinanciado. De confirmarse esta interpretación, el cambio podría adquirir relevancia más allá del caso de Cálidda, pues podría ser utilizado como antecedente en futuras negociaciones con otros concesionarios.

El debate ocurre, además, mientras permanecen interrogantes sobre la reglamentación de la ley de masificación del gas y el papel que tendrán organismos como OSINERGMIN en las decisiones vinculadas al proceso.

Antes de una eventual aprobación, la discusión requiere transparentar el detalle de los US$1.800 millones estimados, precisar las inversiones que se realizarían, comparar la propuesta con otras alternativas de masificación y determinar sus consecuencias contractuales. Estos elementos permitirán establecer si la adenda representa la opción más conveniente para ampliar el acceso al gas natural y cuál sería finalmente su costo para el Estado y los usuarios.