Monopolio a la vista: alerta ante la posibilidad de que una sola empresa distribuya gas en 7 regiones del país

El Ministerio de Energía y Minas, encabezado por el cuestionado Óscar Vera, recibió un proyecto de adenda enviado por la empresa Cálidda, empresa distribuidora de gas natural en Lima y Callao, en la cual solicita la aplicación de la concesión en la capital y la provincia constitucional por 10 años y la extensión de dicho contrato en 7 regiones del país: Ayacucho, Huancavelica, Junín, Cusco, Apurímac, Puno e Ica.

Curiosamente, la adenda se publicó el 14 de noviembre, el mismo día que el Congreso envió al Ejecutivo la Ley de Masificación de Gas, el cual propone una mejor alternativa para elegir a las empresas encargadas del proceso. Ley que, hasta hoy, no se promulga como corresponde. ¿Acaso el ministerio confabuló para crear una suerte de monopolio que pase desapercibido ante los ojos de todos los peruanos?

Existen datos a tomar en cuenta. Por ejemplo, Cálidda está conformada por PROMIGAS (42%) y Grupo Energía Bogotá (58%), las cuales se encuentran en diferentes puntos del territorio nacional. Es decir, ya concentran gran porcentaje de la distribución de gas en Perú y, pese a ello, aún esperan ingresar a las siete regiones.

En detalle, PROMIGAS es dueña de Gases del Pacífico (que opera en Áncash, La Libertad, Lambayeque y Cajamarca) y de Gases del Norte ()que opera en Piura. Por su parte, Grupo Energía Bogotá es dueña de CONTUGAS, cuya sede de distribución se encuentra en Ica.

Esto quiere decir que, con la aprobación de la adenda, ambas empresas accionistas de Cálidda tendrán la posibilidad de brindar sus servicios hasta en 13 regiones del país. Esto representa casi el 80% de la ciudadanía peruana, pues estas provincias no solo concentran una alta densidad poblacional, sino también un gran número de empresas emergentes.

Además, si bien las primeras licitaciones se declararon desiertas, pero existe una razón: la concesión es otorgada únicamente si la compañía es “autosuficiente”. Es decir, la idea es que la empresa que gane el contrato pueda subsistir por sí misma, es decir, cubrir los costos de infraestructura y recuperar la inversión a través de la cobranza.

Entre los posibles postores, solo Cálidda cumple con este requisito, debido a que puede modificar su tarifa en Lima y Callao, donde residen cerca de 12 millones de peruanos, para solventar los gastos de operación e instalación de nuevas redes de distribución. Es una ventaja que nadie más puede tener para competir y que de alguna forma el Minem avala al plantear que la concesión debía ser autosostenible.

A ello se suma que, precisamente, la nueva Ley aprobada el 14 de noviembre, “acepta” que la masificación del gas no es sostenible y propone que para poder invertir en las redes domiciliarias y de distribución del gas se requiere de un aporte del Estado. De hecho, la nueva ley plantea exactamente esto: que la masificación del gas en el interior del país reciba un subsidio financiado por los usuarios actuales, especialmente los usuarios de Lima y Callao.

Tras revelarse esta preocupante situación, por medio de una investigación de la Asociación de Contribuyentes y el periodista Carlos Tafur, el Ministerio no dudó en emitir un comunicado para negar la firma de la adenda. No obstante, es aquí donde se presentan las irregularidades y sospechas tras la presentación de la nueva ley y la “propuesta” de la empresa privada: ¿por qué el mismo 14 de noviembre la entidad pública firmó un convenio de cesión de terrenos con el Gobierno Regional de Ucayali?

Y hay más: ¿Por qué el Estado firmó un convenio con los Gobiernos Regionales de Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho un día después de aprobar dicha adenda? ¿Por qué el Ministerio de Energía y Minas participó en un evento sobre masificación de gas junto a Cálidda el 24 de noviembre? ¿Por qué el ministro Oscar Vera comentó en un programa radial el 26 de noviembre que el MINEM ya se encontraba firmando contratos con las empresas que se encargarían de distribuir el gas?