Tía María: la anulación del permiso agrava la incertidumbre en la minería formal

La decisión del Consejo Nacional de Minería de declarar nula la autorización que permitía a Southern Perú iniciar la explotación del proyecto Tía María reabre un ciclo de incertidumbre en uno de los sectores más relevantes para la economía nacional. La resolución, que deja sin efecto la aprobación otorgada por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en 2025, obliga a que la Dirección General de Minería reinicie desde cero la evaluación del proyecto, pese a que ya se encontraba en fase de construcción.

Impactos del proyecto retrasados

El impacto inmediato es doble. Por un lado, se retrasa la puesta en marcha de una operación que, según estimaciones del MINEM, iba a generar 8,900 empleos, de los cuales 3,500 correspondían a trabajos directos en la etapa de construcción. Una vez en explotación, el proyecto proyectaba la creación de 5,500 plazas adicionales, un impulso significativo para el Valle del Tambo, una zona donde los paros agrícolas han reducido de manera sostenida el acceso al empleo formal.

Por otro lado, la anulación afecta la credibilidad del Estado peruano como garante de estabilidad regulatoria. La autorización original fue emitida en octubre de 2025, durante el gobierno de Dina Boluarte. Cinco meses después, el permiso fue revocado. Este tipo de decisiones, sin un proceso técnico claramente expuesto, incrementa la percepción de que los marcos administrativos pueden modificarse sin predictibilidad, un factor crítico para proyectos de gran envergadura.

El peso económico del proyecto subraya la magnitud del retroceso. Tía María representa 0.5% del PBI nacional y 7% del PBI de Arequipa, con una inversión estimada de US$ 1,385 millones. Para dimensionar su escala, basta recordar que en 2024, con una inversión equivalente a la mitad de ese monto, se construyeron 59 colegios que beneficiaron a 64,500 estudiantes, según cifras del Ministerio de Educación.

Cuestionamientos e incertidumbres

La decisión también ha generado cuestionamientos desde el sector privado. El expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, señaló que la medida “carece de sustento aparente”, dado que el proyecto ya estaba en construcción. En declaraciones al portal Rumbo Minero, Gálvez afirmó que la administración pública opera bajo un clima de temor a la sanción: “Tienen a la Contraloría encima, te sancionan por hacer algo. Y claro, no hacer nada no es un problema”.

Tía María es un proyecto de cobre valorizado en US$ 1,800 millones, con una vida útil estimada de 20 años y una producción anual proyectada de 120,000 toneladas de cátodos. Su paralización no solo detiene la captación de esta inversión, sino que podría generar un efecto dominó sobre otros proyectos que se encuentran próximos a iniciar explotación entre finales de 2025 y 2026.

Actualmente, existen 12 proyectos mineros en construcción que deberían entrar en operación este año. Entre ellos figuran San Rafael (Puno), Tantahuatay (Cajamarca), Colquijirca (Pasco), Raura (Huánuco), Corani (Puno) y Huancapeti (Áncash). En conjunto, representan US$ 11,378 millones en inversión. La paralización del más grande y visible de ellos vuelve a colocar al Perú en una posición de vulnerabilidad frente a la competencia internacional por capital minero.

La anulación del permiso de Tía María no solo detiene un proyecto estratégico: reabre el debate sobre la capacidad del Estado para ofrecer reglas claras y sostenibles en el tiempo, un requisito indispensable para atraer inversión, generar empleo formal y sostener el crecimiento económico en regiones clave del país.