Dina Boluarte: ¿Cómplice de una adenda?

Perú tiene gas. Muchísimo gas. Puede usarlo para consumo interno o para exportarlo. Pero la masificación de su uso requiere (pocas veces defenderíamos algo así) la intervención económica del Estado, dado que el sector privado no podría impulsarla con sus propios recursos. Existen brechas de infraestructura tremendas que no podrían ser financiadas solo con los recursos de la empresa privada.

Así, promover una ley de masificación del gas, abierta, transparente, ordenada y con visión a futuro, es algo obligatorio y necesario. Si no lo hacemos, las familias en el interior del país seguirán pagando precios altísimos por este recurso y tendremos que seguir reinyectando el gas que extraemos porque simplemente no tenemos dónde comercializarlo ni usarlo. Esto no es aceptable.

Después de años de debate y espera, esta ley, con correcciones y aclaraciones, fue aprobada y enviada al Poder Ejecutivo el 14 de noviembre de 2023. Sin embargo, al mismo tiempo, se gestó una jugada sumamente oscura desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem), encabezado por el cuestionado Óscar Vera. Según el periodista Juan Carlos Tafur, el mismo día en que el Congreso envió la ley aprobada por mayoría al Ejecutivo, Vera redactó una adenda que le entrega a la empresa Cálidda 7 nuevas regiones en concesión y amplía su contrato 10 años más, todo esto en un acelerado proceso que viola diversos artículos del actual Reglamento de Distribución del Gas Natural.

Pero recordemos un segundo, quién es Óscar Vera. Vera es un trabajador nombrado de Petroperú que ha pedido licencia para ser ministro. Representante, además de su sindicato, ya carga una interpelación, otra por venir o en curso. Además, se vuelve famoso en estos meses por intentar, a la fuerza, hacer que Petroperú, empresa ineficiente, casi quebrada y con muchos espacios de corrupción, siga operando pozos petroleros de forma privilegiada, sobre empresas privadas que son mucho mejores.

Este es el sospechoso personaje que está detrás de esta adenda apurada y oscura. Según José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, “no se puede ampliar la extensión de la concesión de una empresa privada con una simple adenda. Según esta adenda, la extensión del área de la concesión de esta empresa privada alcanzaría a los departamentos del Cusco, Puno, Apurímac, Ayacucho, Junín, Huancavelica y Ucayali. Es un territorio muy amplio”. Una expansión así debe ser evaluada de forma transparente y abierta, afirma el especialista.

Pero lo peor es que tampoco se puede ampliar un contrato tan grande con una simple adenda. Ampliar el contrato según la norma requiere un trámite extenso, y también la publicación de la pretensión de extensión del área de la concesión de la empresa privada, con dos propósitos: poner en conocimiento de las personas donde pretende extenderse la concesión y recibir opiniones, y que pueda evaluarse por parte de otras empresas del rubro la posibilidad de poder manifestar interés, si ello ocurre la solicitud de iniciativa de parte deriva en un concurso público. Así ocurrió en el 2016 con la concesión del departamento de Piura.

Conclusión: ¿sabe la presidenta Boluarte la oscura jugada que se cocina en el Ministerio de Energía y Minas, gracias al también oscuro ministro Óscar Vera? Puede que no. Pero desde ayer lo sabe, gracias a la labor de la prensa independiente y la sociedad civil. Lo único que puede hacer la presidenta para liberarse de cualquier responsabilidad penal o administrativa es detener esa adenda y promulgar la ley de masificación del gas. Acto seguido debe destituir al actual ministro de Energía y Minas y a los funcionarios involucrados en todo este proceso.

**Informe realizado por la Asociación de Contribuyentes del Perú y publicado en el diario Perú21.