Óscar Vera, exministro de Energía y Minas, asumió la gerencia de PetroPerú en medio de cuestionamientos sobre su gestión. La petrolera estatal, que acumuló pérdidas de más de S/3,173 millones en 2023, es señalada por expertos y gremios como símbolo de una estructura ineficiente que carga sobre los contribuyentes. Su nombramiento genera dudas sobre un posible monopolio sobre la masificación de gas natural.

La minería es una de las actividades económicas más importantes para el país. Sin embargo, las actividades ilegales e informales en este sector generan un impacto negativo. El gerente general del IPE, Carlos Gallardo, reveló que en el 2023, el volumen exportado de oro ilegal alcanzó las 77 toneladas.

La ley de masificación de gas natural no fue promulgada debido a la observación del Ejecutivo. Si el próximo 8 de agosto, inicio de la Segunda Legislatura, no se aprueba por insistencia la medida, decenas de negocios locales y familias no podrán acceder a este recurso a un módico precio. ¿Será capaz Eduardo Salhuana, el nuevo presidente de la mesa directiva del Congreso, de impulsar la promulgación por insistencia de la norma?

La excesiva tramitología minera es una de las principales causas por la que estos proyectos mineros no se ejecutaron durante los últimos años. Según un estudio del IPE, una empresa minera requiere de 232 procedimientos administrativos.

El sector minero tiene una capacidad inigualable para potenciar la inversión privada en el país y, por ende, el crecimiento económico y el cierre de brechas a nivel nacional. Durante el primer trimestre del año, este sector recaudó  S/2,396 millones por concepto de canon minero, las regalías mineras y el derecho de vigencia y penalidad.

En 2024, el Minem dispone de S/20.7 millones para formalizar a los mineros artesanales y S/2.9 millones para evitar que la minería ilegal gane más terreno. Sin embargo, estos fondos serían insuficientes. Cabe recordar que,  hasta noviembre del 2023, se registró que esta práctica ilegal lavó activos por US$805,780,835 y ocupó más de 25 millones de hectáreas a nivel nacional.

La Ley de Masificación de Gas Natural aún no es una realidad en el Perú, debido a que el Ejecutivo observó la autógrafa, presuntamente, por intentar beneficiar a empresas de capital extranjero, autorizando así un monopolio antinatural. El presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, afirmó que esta medida perjudicará a cientos de familias peruanas y a las pequeñas industrias regionales.

En 2023, la cartera de inversión minera contaba con 46 proyectos de inversión. Del total, 34 unidades mineras, valorizadas en $46,235 millones, 11 proyectos están retrasadas por decisión de la empresa y 23 se encuentran en stand by debido a conflictos sociales y atrasos administrativos. La excesiva tramitología provocó que el país pierda alrededor de más de S/46,000 millones en producción anual de minerales y que por cada S/1,000 en exportaciones, el PBI nacional no crezca en S/1,464 y no se recauden S/241 en impuestos.

Las empresas mineras no llegan a una región y de inmediato inician operaciones, sino que antes deben pasar por 232 procedimientos administrativos en 29 entidades públicas, lo que genera que un proyecto minero demoré años en hacerse realidad. Según un estudio del IPE, se pierden más de S/12,000 millones del PBI por el excesivo papeleo para autorizar el inicio de un proyecto minero.    

Anglo American anunció que se encuentra en la búsqueda de derechos mineros en Ayacucho, Cajamarca, Tacna y Huancavelica. Esta es una buena noticia si se toma en cuenta que la empresa opera en Moquegua con la unidad minera Quellaveco, la cual logró recaudar S/601 millones en canon y regalías mineras a favor de la región.

La Ley de Masificación de Gas quedó estancada debido a que el Ejecutivo la observó. Mientras tanto, una empresa mueve sus fichas para hacerse de la distribución del gas en 7 regiones, lo que crearía un monopolio. Solo el Congreso puede frenar esta situación aprobando la Ley por insistencia y, así, beneficiar a miles de familias peruanas y a las pequeñas industrias regionales.

La economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Camila Costa, analizó que con Reinfo se le abrió paso a un espacio de institucionalización de la ilegalidad e informalidad dado que los mineros informales se siguen registrando y operan sin que se sepan mayores datos de cómo operan. Ahora, Mucho buscará contrarrestar la situación. 

 La Unidad de Flexocking de la Nueva Refinería de Talara está paralizada, por lo que la instalación operará al 76% hasta junio de 2024, lo que perjudicaría el nivel de producción de combustibles. El expresidente de PetroPerú, César Gutiérrez, aseguró la situación generará menos recaudación y, en consecuencia, reduce la probabilidad de cumplir con sus obligaciones financieras, se vence en junio, lo que abriría las puertas a un nuevo salvataje.

La Masificación de Gas Natural no es una realidad debido a que el Ejecutivo, por injerencia del Ministerio de Energía y Minas, observó la ley y agregó medidas cuestionables. En paralelo, una empresa presentó una adenda para hacerse de la masificación en siete regiones. Con estas movidas, se petardeó el proceso.

Cálidda estaría intentando adueñarse del mercado de distribución de gas asegurando que es positivo para el país, pero lo que no cuentan es la cuestionada historia detrás: que se crearía un monopolio antinatural que pone en jaque la masificación.

A un paso del monopolio en la masificación del gas. Empresas privadas buscan encargarse del proceso de masificación en siete regiones afirmando que es positivo para el país, pero no cuentan la historia detrás: beneficiar con un subsidio a las grandes empresas y forjar un monopolio del gas. 

La masificación del gas viene esperando años y si bien se trata de acelerar su desarrollo, no se puede justificar la creación de un monopolio antinatural con el argumento (no comprobado) de la “velocidad”.

La aprobación por insistencia de la Ley de Masificación del Gas beneficiaría a millones de peruanos, con libre competencia y con el bueno uso del dinero de los contribuyentes.*

A los dos proyectos se suman otros 50 que suman más US$54 mil millones. Las cifras son claras. Según IPE, poner en marcha la cartera de proyectos mineros permitirá reducir drásticamente la pobreza,  generar un impacto equivalente al 226% del PBI y fomentar la generación de empleo.

PetroPerú recibió un nuevo apoyo financiero disfrazado de ampliación de garantías de capital para “asegurar el abastecimiento de combustible”. La petrolera contará con US$800 millones para asegurar la continuidad del abastecimiento de combustible y US$500 millones para ampliar la operación de endeudamiento. ¿Esto es suficiente para asegurar la rentabilidad de la empresa o el Estado seguirá malgastando el dinero de los contribuyentes? 

¿En qué momento la empresa comenzó a perder mucho más dinero del que era capaz de recaudar anualmente? Un informe nos acerca históricamente al inicio de los problemas.

El titular del Minem, Rómulo Mucho, reveló que deudas de Petroperú son cuatro veces más que su propio capital y que no se conoce el informe sobre el plan de reestructuración de la empresa, por lo que tampoco se sabe si se siguen las recomendaciones dadas.

Rómulo Mucho liderará al Ministerio de Energía y Minas y afirmó que está "cargado" para potenciar el sector.  Entre los retos está combatir la minería ilegal, promover correctamente la masificación de gas natural y  resolver la problemática de PetroPerú. 

El titular del MINEM, Oscar Vera, solicitó a sus amigos y subordinados votar en contra de su renuncia en un sondeo de opinión publicado por redes sociales. Sin embargo, su manipulación no basta para tapar los serios cuestionamientos que hay en su contra respecto a Petroperú y la masificación del gas. Su censura sería el siguiente paso.

Petroperú informó que su Junta General de Accionistas está coordinando las acciones de soporte financiero, que sería a medias. En medio de la polémica, el ministro Óscar Vera apareció para asegurar que hay "mucha propaganda anti Petroperú", pero no rindió cuentas sobre las pérdidas de la estatal.

En la actualidad, Perú aún cuenta con proyectos mineros de gran importancia completamente paralizados. Este es el caso de Tía María, Minas Conga y Río Blanco, cuyas inversiones estimadas sumarían US $8,700 millones. 

Indignante. A pesar del nuevo pedido, resulta preocupante que PetroPerú intente quitarse responsabilidad sobre sus fracasos al comunicar que "iniciará un plan de austeridad para reducir los gastos de la empresa este 2024". Cabe recordar que el dinero saldrá del bolsillo de todos los contribuyentes.

La minería ilegal ganó terreno. Según datos de la SBS, la actividad ilícita habría movido entre 2020 y noviembre del 2023 alrededor de US$ 2,392.5 millones. En tanto, el gobierno nacional implementó medidas para evitar que siga creciendo. 

Aunque tenía la posibilidad en sus manos, el Congreso no promulgó, por insistencia, la Ley de Masificación de Gas. Mientras, el Minem impulsa una cuestionada adenda que beneficia a una empresa en la masificación en 7 regiones. 

El terrible atentado perpetrado por un grupo de criminales ligado a la extracción ilegal de minerales evidenció cómo está problemática se desbordó gracias, también, a la desidia del Gobierno para tomar medidas que frenen esta situación.

Con un crecimiento de 16.7%, durante el segundo trimestre de 2023, el sector minero debe aprovechar todas las oportunidades para continuar explotando recursos de manera responsable. En el sur hay 19 proyectos en cartera, en el norte hay 11, en el centro otros 16 proyectos y en el oriente uno.

Los escándalos de corrupción persiguen a la petrolera estatal desde el inicio de la gestión de Hugo Chávez debido al direccionamiento de licitaciones avaladas por Pedro Castillo. En tanto, la mala gestión se recrudeció con la llegada de Humberto Campodónico.

El Gobierno y el ministro de Energía y Minas decidieron, mediante un decreto supremo, exonerar temporalmente a las refinerías del cumplimiento de las reglas de juego mínimas previstas en la regulación. La única beneficiada fue la Refinería de Talara, que se incendió.

PNP destruyó maquinaria usada por mineros ilegales valorizada en más de S/300 000. El hecho permite retomar el análisis sobre la situación que afronta Madre de Dios respecto a esta economía criminal que genera violencia y daño al medio ambiente.