Congreso no promulgó Ley de Masificación de Gas: ¿cómo nos afecta esta decisión?

El Ministerio de Energía y Minas, encabezado por el cuestionado Óscar Vera, seguiría jugando en pared con la empresa privada Cálidda al observar la Ley de Masificación de Gas que aprobó el Congreso con total mayoría. Pero la situación también es responsabilidad del Legislativo que no aprobó por insistencia la ley antes que terminara la segunda legislatura del 2023, el pasado 15 de diciembre.

Para comprender mejor el panorama, es necesario explicar que la empresa presentó ante el Minem una adenda para extender el contrato de concesión en Lima y Callao por 10 años y solicitar el permiso de distribución de este recurso en 7 regiones del país. Lo alarmante de esta adenda es que, prácticamente, se entrega a dedo la responsabilidad de la masificación a una empresa, que además es conformada por PROMIGAS y Grupo Energía Bogotá, empresas que ya con redes de distribución en toda la costa peruana. Esta situación, a todas luces, podría allanarle el camino a un monopolio.

Sin embargo, a Vera parece no importarle este detalle y, en lugar de publicar la autógrafa, decidió promover un paquete de modificaciones que solo favorecerían a dicha empresa de capital extranjero. Incluso, el sector ya se encuentra firmando convenios de cesión de terrenos en las regiones que Cálidda pretende comercializar el gas natural.

Otro dato preocupante es que Vera ya firmó un convenio con el Gobierno Regional de Ucayali, mientras que, el 15 de noviembre, hizo lo propio con los Gobiernos Regionales de Cusco, Junín, Huancavelica y Ayacucho. El 16 de diciembre concretó un pacto con el Gobierno Regional de Puno y es posible que, en los próximos días, continúe firmando convenios. Todo ello al margen de la decisión del Congreso.

BENEFICIOS DE LA LEY

Entre los puntos que destacan de esta Ley es que ofrece un campo más amplio de competencia entre los sectores público y privado. Asimismo, ofrece subsidios con un tope máximo de consumo para favorecer a las industrias nacionales de menor escala en regiones. También propone que las licitaciones sean abiertas y transparentes, lo cual evita que una sola empresa intente distribuir este recurso a pesar de no contar con los requisitos necesarios para hacerlo. Por último, permite que las empresas que operan en diferentes puntos del país se postulen para construir redes domiciliarias.