Regiones mineras carecen de estrategias para impulsar inversión y prevenir conflictos
Redacción Vigilante
Publicado 5:35 pm, 27 Septiembre, 2022
Cajamarca, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Piura y Cusco concentran el 85% de la cartera de proyectos mineros a nivel nacional, que asciende a US$53.168 millones, según el Minem. Pero el 35% de candidatos a estos gobiernos regionales no tiene propuestas viables para el sector y el 55% tampoco tiene medidas para reducir problemas sociales.
Un total de 24.7 millones de electores peruanos y 153 extranjeros están llamados a las urnas este domingo 2 de octubre para elegir a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1,694 burgomaestres distritales.
En el caso de los departamentos con mayor actividad minera en el Perú, un informe de ECData detecta la falta de estrategias claras y concretas para imulpar la inversión en el sector y prevenir los conflictos, dos de los principales problemas que enfrenta esta actividad que es responsable de casi el 60% de las exportaciones peruanas, del 10% del PBI y de alrededor del 20% de la recaudación tributaria.
Esto en un contexto además en el que el BCR estima que la inversión minera en Perú se contraerá en 2,7% este año y en 16,2% en el 2023, debido a la inestabilidad política interna y la incertidumbre que provoca el gobierno de Pedro Castillo.
Regiones claves
Cajamarca, Apurímac, Moquegua, Arequipa, Piura y Cusco son las regiones que concentran el 85% de la cartera de proyectos mineros a nivel nacional actualizada, que asciende a US$53.168 millones, según el Ministerio de Enermía y Minas.
Para este proceso electoral, Alianza para el Progreso (APP) presenta candidatos en todas estas regiones claves, mientras Perú Libre lo hace en cuatro de estos departamentos.
En tanto, 33 de los 53 postulantes a gobernadores pertenecen a partidos políticos y 20 a movimientos regionales o locales.
Pero el 35% de los candidatos a los gobiernos regionales carece de estrategias para impulsar la minería y el 55% tampoco tiene medidas concretas para reducir la conflictividad social en esas regiones, pese a que Cajamarca, Apurímac, Moquegua, Arequipa Piura y Cusco concentran 27 de los 68 conflictos sociales activos (40%) vinculados a la minería, según la Defensoría del Pueblo.
¿Qué proponen los candidatos?
De las pocas propuestas incluidas en los planes de gobierno, la mayoría ya son funciones de otros organismos estatales, como el monitoreo, la fiscalización y la delimitación ambiental; o el cobro adicional de canon o regalías.
En tanto, solo 13 de los 53 planes detallan acciones para formalizar o supervisar la mediana o pequeña minería. La informalidad en el sector no solo es fuente de violencia y contaminación, sino que además no respeta las leyes, no paga impuestos ni protege a sus trabajadores, pero sigue operando como si nada, ante la desidia del gobierno.
En tanto, solo cuatro planes apuestan por crear oficinas para prevenir conflictos sociales. La mayoría de propuestas en este sentido pasan por establecer mesas de diálogo.
“La mayoría sino todos los conflictos sociales son una queja por la ausencia de obras, postas, escuela, caminos, infraestructura que estos niveles de gobierno tienen la obligación de construir, y que no se la dan porque son simplemente incompetentes”.
Marita Chappuis, consultora en temas económicos y ambientales relacionados con la minería
De la regiones mencionadas, solo Arequipa cuenta con una oficina de gestión de conflictos en pleno funcionamiento, informó la Defensoría del Pueblo.