El máximo intérprete de la Constitución determinó que la Municipalidad Distrital de Perené sancionó a un comerciante con base en una ordenanza que no cumplió con los requisitos legales de publicidad. El proceso tomó más de tres años.

El embargo ejecutado contra Neo Motors sin una notificación efectiva expone deficiencias en los procedimientos de la SUNAT y en los mecanismos de defensa del contribuyente. El fallo del Tribunal Constitucional corrige el caso concreto, pero deja en evidencia un sistema que puede afectar a miles de empresas sin capacidad para litigar durante años.

Una resolución del Tribunal Fiscal facilita que los contribuyentes compensen deudas tributarias usando pagos en exceso del Impuesto a la Renta, frente a las restricciones aplicadas por la Sunat.

La postura de la SBS que respalda la compensación bancaria y sostiene que el dinero deja de ser sueldo al ingresar a la cuenta contrasta con las posiciones del Tribunal Constitucional y del Indecopi, que defienden mantener la intangibilidad del salario.

El máximo intérprete de la Constitución precisa que el otorgamiento de concesiones mineras no genera impactos inmediatos sobre comunidades. El fallo busca consolidar la seguridad jurídica del régimen minero.

La resolución del Tribunal Constitucional sostiene que la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal, vinculada a sus campañas de 2011 y 2016, se basó en normas que no estaban vigentes al momento de los hechos.

En medio de una crisis que afecta a miles de internos en regiones como Puno, el gobierno peruano anuncia ampliaciones y traslados, pero expertos critican la ineficiencia estatal. Urge una gestión más eficiente de los recursos existentes en lugar de depender solo de nuevos gastos millonarios.

El Tribunal Constitucional falló en contra de la prohibición de postular a cargos públicos para condenados por delitos graves tras su rehabilitación. Sin embargo, los expertos advierten que se mantiene vigente el debate respecto a si el sistema penitenciario peruano garantiza o nouna verdadera resocialización. Ante ello, el Congreso debate un proyecto de ley que ampliaría el impedimento para estas postulaciones por 10 años después de la rehabilitación.

Pese a que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no se encuentran tipificados en el Código Penal peruano, el Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que propone la prescripción de estos ilícitos cometidos antes de 2002. 

El expresidente Alberto Fujimori salió en libertad en medio de una serie de cuestionamientos y al choque de posturas entre el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La decisión abre un nuevo espacio de debate sobre cuales son los pro y los contra de la liberación. Aquí lo explicamos.

La Municipalidad de San Isidro publicó una ordenanza municipal que modifica la aprobación de licencias de construcción de edificaciones y evita que los proyectos y anteproyectos aprobados puedan iniciarse. Esto deja a cientos de obreros sin trabajo antes de culminar el año y retrasa la entrega de viviendas a sus nuevos propietarios.

La decisión de Tribunal Constitucional enfrenta a la máxima autoridad del Estado peruano con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puesto a que esta última ordenó que no se ejecute la sentencia que decidió la restitución del indulto otorgado a Fujimori en 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado sobre el fallo del Tribunal Constitucional respecto a la liberación de Alberto Fujimori en el que ofrece un plazo de seis días al gobierno peruano para enviar un informe que “presente sus observaciones al referido escrito”. Además, recuerda que se mantiene vigente la obligación de abstenerse a liberarlo.

El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales, también se pronunció sobre el requerimiento que hizo la Corte IDH al Perú de abstenerse de indultar a Fujimori: "Si bien seguimos su jurisprudencia en estos caso, también hay momentos donde la Corte se excede. No existe precedente donde la Corte anule o le diga a un TC que es lo que debe hacer”, acotó.

Miraflores puso en marcha la paralización de proyectos inmobiliarios lo que significó un duro golpe a uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico, una afectación a la seguridad jurídica y la transgresión a los derechos adquiridos por miles de familias y por decenas de empresas que se encuentran con programas de financiamiento en marcha. Además dejó sin empleo a cientos de obreros, postergando, una vez más, el cierre de brechas de vivienda que existe desde hace tanto tiempo.

Miraflores emitió en julio del 2023 la ordenanza 610 con la que se autofacultó a paralizar obras de edificaciones de manera arbitraria afectando el trabajo de cientos de obreros, a la empresa privada y a los ciudadanos que con mucho esfuerzo compraron un inmueble.

Ganó el ciudadano. La controversia detrás de la construcción de proyectos de viviendas sociales en Lima Metropolitana llegó a su fin luego de que el Tribunal Constitucional determinara que este tipo de edificaciones sólo podrán ejecutarse en base a los parámetros previamente establecidos por cada Municipalidad.  

Ahora es el Congreso es la única entidad que posee el poder para determinar cuándo se ha producido un rechazo, rehusamiento o negación de la confianza a las que se refieren los artículos 132, 133 y 134 de la Constitución, así como para determinar el alcance de dicho rechazo, rehusamiento o negación.

Las iniciativas fueron presentadas desde Fuerza Popular y Acción Popular tienen el objetivo de que los altos funcionarios de los organismos electorales. Esto tras la exhortación que hizo el Tribunal Constitucional  a reformar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

Gustavo Gutiérrez Ticse, miembro del TC, explicó que el motivo de la demanda del Parlamento fue una invasión a las competencias del Congreso, originada en varias sentencias emitidas por el Poder Judicial. 

La sentencia dictada por el TC establece que ya no se cobrarán intereses moratorios por deudas tributarias luego de que finalice el plazo de resolución del proceso administrativo.