Jefes de JNE, ONPE y Reniec podrían ser acusados constitucionalmente por los delitos que cometan durante sus funciones

Con el objetivo de mantener la transparencia y evitar irregularidades por parte de los altos funcionarios de las entidades electorales peruanas, los congresistas Patricia Juárez (Fuerza Popular) y Elvis Vergara (Acción Popular) han presentado dos proyectos de ley con la finalidad de que los jefes de la ONPE, JNE o Reniec puedan ser acusados de manera constitucional por los delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.

Estas iniciativas le otorgarían la facultad a la Comisión Permanente del Parlamento de acusar a aquellos funcionarios públicos que hayan cometido irregularidades mientras ocupaban un cargo de representación en cualquiera de las entidades electorales previamente mencionadas. Cabe mencionar que ambos proyectos fueron presentados luego de que se conociera la decisión del Tribunal Constitucional respecto a la demanda competencial presentada por el Poder Legislativo contra el Poder Judicial, en donde exhorta al Congreso a reformar el artículo 99 de la Constitución Política del Perú.

Proyecto de Ley de Elvis Vergara

El documento presentado por el parlamentario accionpopulista implica la reforma del artículo 99 de la Carta Magna y así incluir la posibilidad de que los jefes de entidades electorales puedan ser sometidos a una acusación constitucional por antejuicio político. De aprobarse esta iniciativa, los altos funcionarios de la Reniec, JNE y ONPE podrían ser acusados durante su permanencia en el cargo o hasta 5 años después. Por supuesto, el proyecto está sustentado en el fallo del TC.

En el archivo expuesto por el legislador Elvis Vergara se lee que la propuesta servirá para transparentar las acciones tomadas dentro de la administración pública con la única finalidad de fortalecer el orden constitucional y hacer “efectivo el cumplimiento de los valores democráticos”.

Propuesta de Patricia Juárez

El proyecto de ley que presenta la congresista de Fuerza Popular también se ampara en la decisión del TC respecto a la demanda competencial interpuesta por el Congreso al Poder Judicial. En el texto se explica que estos altos funcionarios pueden ser acusados por “infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones”. La idea principal de la iniciativa es permitir que la Comisión Permanente acuse a los jefes de organismos electorales con el objetivo de que respondan por las faltas cometidas en perjuicio del Estado y la Constitución.