El caso Neo Motors expone fallas estructurales en la fiscalización tributaria

El caso de Neo Motors SAC ha puesto en evidencia problemas de fondo en el sistema de fiscalización y cobranza de la SUNAT. La empresa, con sede en La Libertad, cerró operaciones en 2019 y los correos electrónicos registrados ante la administración tributaria quedaron inhabilitados. A pesar de ello, la SUNAT continuó enviando resoluciones de determinación y multas a esas direcciones. Los mensajes rebotaban, pero fueron considerados como válidamente notificados. Con esa base, la entidad inició un proceso de cobranza coactiva que alcanzó casi cien millones de soles. La empresa no tuvo conocimiento del procedimiento hasta que los embargos ya estaban ejecutados.

En septiembre de 2025, el Tribunal Constitucional declaró nulas las notificaciones enviadas a correos inactivos y ordenó que se realicen en el domicilio fiscal. El fallo estableció un principio básico: un contribuyente no puede ejercer su derecho de defensa si no es informado de manera efectiva. El caso plantea una pregunta mayor para el sistema tributario: cuántas empresas, sin capacidad económica para litigar durante años, enfrentan situaciones similares sin llegar al máximo tribunal.

El problema no se limita a un caso aislado. La SUNAT cuenta con facultades amplias, plazos que puede extender y mecanismos de cobranza que pueden activarse antes de que el contribuyente presente una impugnación. El Tribunal Fiscal acumula expedientes durante años, mientras los intereses moratorios continúan corriendo incluso cuando la demora proviene de la propia administración. En el ámbito laboral, la SUNAFIL aplica multas calculadas sobre UITs crecientes y criterios que pueden variar según el inspector, afectando principalmente a empresas formales que sí pueden ser fiscalizadas.

En los últimos meses, la fiscalización ha ampliado su alcance hacia emprendedores que venden por redes sociales o reciben pagos mediante aplicaciones como Yape o Plin. El Decreto Supremo 058‑2026‑EF permite que fedatarios de la SUNAT realicen compras en línea, se hagan pasar por clientes y levanten actas probatorias sin presencia física. Para miles de vendedores informales o semiformales, esto implica la posibilidad de ser fiscalizados sin advertencia previa. Muchos de ellos no cuentan con contabilidad formal ni conocimiento técnico sobre obligaciones tributarias, pero deben cumplir con procesos diseñados para empresas medianas o grandes.

A ello se suma la incertidumbre generada por la posibilidad de solicitar información de usuarios “recurrentes” de Yape y Plin, sin que se definiera qué parámetros determinan esa recurrencia. La falta de claridad afectó tanto a emprendedores que dependen de estas aplicaciones para ventas pequeñas como a personas que las utilizan para pagos personales.

El impacto de este esquema es directo sobre la formalización. Cuando la fiscalización es impredecible y la carga recae íntegramente en el contribuyente, la formalidad se percibe como un riesgo. La base tributaria no se ampliará mientras cumplir obligaciones sea más costoso que permanecer fuera del sistema. A ello se suma la brecha entre recaudación y calidad del gasto público: escuelas sin agua, hospitales sin medicinas y obras inconclusas generan desconfianza en el uso de los recursos recaudados.

El caso Neo Motors muestra la necesidad de reformas mínimas para equilibrar el sistema: que una notificación enviada a un correo inactivo no sea considerada válida; que los intereses moratorios no corran cuando la demora es responsabilidad del Estado; que los criterios de fiscalización sean predecibles; que los pequeños emprendedores no sean tratados como empresas con departamentos contables; y que la defensa de derechos no requiera años de litigio. Un sistema tributario que aspire a promover la formalización debe garantizar reglas claras, procedimientos razonables y mecanismos efectivos de defensa para todos los contribuyentes.