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Miraflores: miles de trabajadores y familias se quedan sin vivienda

Miraflores puso en marcha la paralización de proyectos inmobiliarios lo que significó un duro golpe a uno de los sectores estratégicos para el crecimiento económico, una afectación a la seguridad jurídica y la transgresión a los derechos adquiridos por miles de familias y por decenas de empresas que se encuentran con programas de financiamiento en marcha. Además dejó sin empleo a cientos de obreros, postergando, una vez más, el cierre de brechas de vivienda que existe desde hace tanto tiempo.
Redacción Vigilante Publicado 6:26 pm, 21 Noviembre, 2023

En julio de este año, realizando una interpretación totalmente antojadiza de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), Carlos Canales, alcalde de Miraflores, anunció que suspendería las licencias y paralizaría 60 proyectos inmobiliarios, debido a que la comuna realizó observaciones a los Informes Técnicos Favorables (ITF) de esos expedientes, los cuales habían sido aprobados por revisores urbanos.

Los problemas con esta medida son varios. El primero, una vez que un proyecto es aprobado bajo una figura legal vigente, por más que el TC haya fallado que esa figura legal no era la mejor y se debía buscar una nueva o volver a la anterior, la ley no es retroactiva, por lo que no se pueden afectar aprobaciones o licencias dadas bajo cualquier marco legal vigente.

Segundo. La suspensión de una licencia no es una figura válida y genera absoluta impredecibilidad para la inversión privada. Según diversos analistas especializados, las municipalidades no tienen la facultad de anular o dejar sin efecto las licencias de construcción ya aprobadas o en proceso.

El impacto de este tipo de medidas es enorme. Miles de personas se quedan sin trabajo, sin vivienda y las pérdidas económicas son tremendas. Además, son abiertas las sospechas de que estas normas irracionales lo único que generan son espacios para el chantaje y la extorsión, que en estos instantes diversos funcionarios de la municipalidad de Miraflores, podrían estar buscando, aunque los empresarios tengan miedo de salir a denunciarlo abiertamente, dado que las represalias serían peores.

La conclusión es muy triste: A través de normas, acciones y ordenanzas irracionales, las municipalidades le estarían quitando el derecho a una casa propia, el negocio, el emprendimiento, el espacio público, y el derecho a trabajar a miles de peruanos. Con la excusa del orden y la defensa de los “vecinos” y sus intereses, lo que aparentemente estarían haciendo es crear espacios de corrupción y abuso de autoridad.

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