Durante la última década, Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené y supuesta líder ambientalista, presentó una serie de denuncias contra Tamshi, empresa que promueve la industria de cacao en Loreto. En todo este tiempo, ninguna de estas denuncias prosperó a favor de la “líder”, y existen muchos indicios que explicarían el ensañamiento contra la mencionada empresa privada; arbitrariedades y participación de funcionarios públicos, potenciales cuentas en paraísos fiscales, una propiedad donada a una posible testaferra, todos elementos que echan luz sobre los intereses que se esconderían detrás de Pautrat y sus “aliados”.    

En 2021 la Corte Suprema - Poder Judicial acumuló más de 40,000 expedientes sin procesar. Ante esta situación se decidió crear Salas Transitorias, pero lo que debía ser algo coyuntural y extraordinario se convirtió en el nuevo status quo que podría generar graves problemas a los contribuyentes.

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria se encarga de velar por los derechos de los contribuyentes al revisar expedientes relacionados a procesos contencioso-administrativo y todos aquellos que hablen sobre materia tributaria y aduanera. Se compone de 5 magistrados, los cuales valoran los casos y emiten un voto a favor o contra de la resolución expuesta en el debate interno.

¡Atención contribuyente! La Sala procesa los legajos judiciales relacionados con temas tributarios, contencioso-administrativo y a los organismos reguladores. La Sala 2024 está conformada por los magistrados Ulises Yaya , César Proaño , Yuri Pereira, Yenny Delgado y Luis Gutiérrez.    

La Corte Superior suspendió el procedimiento parlamentario que podría destituir a los miembros de la JNJ. En el Congreso lo consideran una interferencia y presentaron denuncia fiscal contra los magistrados que tomaron la decisión y suspendieron el Pleno. 

Un informe del INEI detalla que el Reniec cuenta con un nivel de confianza entre los peruanos de 50.9%. Entre las entidades públicas con una tasa de desconfianza muy alta se encuentran los Partidos Políticos, el Congreso y los Gobiernos Regionales.

La eliminación de la tercerización tendría efectos negativos para los trabajadores y las empresas, como la pérdida de más de 71 mil puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros 43 mil en grandes empresas.