Choque entre la Junta Nacional de Justicia y el Congreso toma nueva viada: ¿Qué está pasando?

El choque entre el Congreso y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) tomó otro nivel tras la decisión de la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que dispuso suspender provisionalmente todos los efectos de la imputación de cargos que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso formuló contra los miembros del pleno de la JNJ, así como “todos los demás actos procedimentales que hayan derivado de la misma”.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso iba a debatir y votar el miércoles 8 de noviembre el informe que recomienda remover a los siete miembros de la JNJ por supuesta causa grave, pues habrían faltado a sus funciones al emitir un pronunciamiento sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. También se afirma que algunos de sus miembros habrían pasado el límite de edad para ejercer la función.

Con dicha decisión, los integrantes de la Junta señalaron que no acudirían al Pleno y, también, advirtieron que los procesos de selección, evaluación y ratificación de jueces y fiscales quedarían paralizados si el Congreso remueve total o parcialmente a sus integrantes.

Así, el debate y votación se suspendió debido a la decisión de la Corte Superior, lo que generó que desde el Congreso se emitiera un comunicado rechazando la decisión y responsabilizando a la Sala de “todos los actos que puedan suscitarse durante las investigaciones”.

Por su parte, la congresista Patricia Chirinos presentó una denuncia contra la Tercera Sala ante la Fiscalía, argumentando que su decisión es “a toda luces arbitraria y abusiva”. Además, solicitó al presidente del Congreso que disponga que el procurador parlamentario tome las acciones necesarias a fin de recurrir al Tribunal Constitucional, solicitando dejar sin efecto la medida cautelar dictada por la Tercera Sala Constitucional. Esta se concretó el miércoles 8.

“Es claro que interfiere en las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso, tal como lo ha establecido el TC en la Sentencia 74/23. Por ello, he denunciado a los magistrados de esta sala por los delitos de Abuso de Autoridad y Prevaricato, por haber ejercido de manera arbitraria la función de administración de justicia, menoscabando las competencias que la Constitución le reconoce al Parlamento”, señaló.

El periodista Martín Hidalgo recordó que el TC estableció que no se puede interferir sobre actos políticos del Congreso, como votaciones. Sin embargo, en la misma sentencia se señala que pueden ser sujetos de control cuando hay una afectación de derechos de terceros.