La exintendente de la Sunat que fiscalizó a las grandes empresas ahora dirige el órgano que debe resolver los litigios tributarios de esas mismas firmas, un nombramiento que despierta cuestionamientos por posible falta de imparcialidad e independencia.

En América latina, países con sistemas tributarios difíciles de cumplir y cargados de trámites han empujado a millones de trabajadores y empresas hacia la informalidad. El caso peruano ilustra este problema con claridad.

Una resolución del Tribunal Fiscal facilita que los contribuyentes compensen deudas tributarias usando pagos en exceso del Impuesto a la Renta, frente a las restricciones aplicadas por la Sunat.

La realidad tributaria y burocrática del país mantiene a millones de emprendedores fuera de la formalidad y concentra la recaudación en un grupo reducido de empresas. En este escenario, se plantea evaluar un flat tax.

El exceso de burocracia, la sobreproducción de normas y el poder sancionador de entidades públicas siguen afectando a ciudadanos y empresas. Reducir el tamaño del Estado y limitar sus facultades puede ser clave para mejorar la calidad regulatoria del país.

Un estudio de la consultora Ronin revela que la alta rotación de autoridades en la Sunat, la incertidumbre normativa, la ineficiencia en la resolución de disputas y el aumento de los contenciosos legales están afectando la inversión y debilitando la confianza empresarial.

El máximo tribunal determinó que la Sunat no puede modificar ejercicios prescritos, incluso si los cambios impactan en periodos posteriores. El fallo refuerza la seguridad jurídica y pone fin a las fiscalizaciones sin límite temporal.

En un contexto de baja confianza y con solo nueve meses de gestión por delante, la nueva ministra de Economía enfrenta el desafío de recuperar la estabilidad fiscal sin aumentar impuestos.

Con la llegada de Edward Tovar, la Sunat suma cinco jefes desde 2021 y tres en lo que va del 2025. La alta rotación preocupa a los contribuyentes, que piden una política tributaria estable, menos burocracia y un sistema que haga más atractiva la formalidad.

Más de 93 mil millones se destinan a sostener al personal estatal y poco más de 50 mil a proyectos de infraestructura. ¿Esa es la prioridad de un país con déficit fiscal y servicios colapsados?

Un proyecto de ley plantea crear un régimen especial de incentivos tributarios para adultos mayores emprendedores en situación de pobreza, con beneficios en impuestos y tasas municipales, aunque especialistas advierten limitaciones en su alcance y viabilidad.

La autoridad tributaria pone su atención en las operaciones realizadas en plataformas como Temu y AliExpress, así como en las utilidades derivadas de las criptomonedas. La medida ha generado debate sobre si estas acciones son la vía adecuada para enfrentar la brecha fiscal en el país.

Los trabajadores independientes estarán obligados a aportar a las AFP desde 2028, sin considerar su edad ni ingresos. Expertos advierten que la medida afectaría principalmente a los mayores de 40 años, que harían aportes insuficientes para una pensión digna. Además, podría aumentar la informalidad laboral y generar una carga fiscal al Estado.

Mientras grandes deudores siguen impunes, la SUNAT prefiere ir tras quienes apenas pueden sostener un negocio y consorcios extintos.

La SUNAT ha decidido reabrir un proceso de fiscalización contra Credicorp con argumentos que ya fueron desestimados, desatendiendo incluso resoluciones del Tribunal Fiscal y sentencias del Poder Judicial. Un preocupante precedente de inseguridad jurídica e institucional, que podría poner en peligro la confianza empresarial.

En medio de un clima tributario cada vez más exigente para el contribuyente, el Tribunal Fiscal (TF) emitió un fallo que marcó un hito relevante y que es un respiro para empresas formales. 

El ministro José Salardi anunció medidas para dinamizar la economía y reducir la burocracia, pero la política fiscal sigue ahogando a los contribuyentes con nuevos impuestos y trabas regulatorias.

En lugar de abordar las causas estructurales de la informalidad, la SUNAT ha puesto su foco en las compras en plataformas digitales como Temu y AliExpress. Mientras tanto, José Salardi asume el MEF en un contexto de creciente déficit fiscal y gasto estatal descontrolado, con el desafío de recuperar la disciplina económica del país.

En un país muy informal y con problemas de ilegalidad, donde solo unos pocos pagan la “cuenta” del estado, la SUNAT abusa de los que no tienen cómo defenderse.

En un país donde más del 70% de la economía es informal, la excesiva burocracia dificulta el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 94.2% del tejido empresarial. Las políticas actuales no solo frenan la formalización, sino que perpetúan un entorno hostil para los pequeños negocios.

Las cifras macroeconómicas peruanas maquillan una realidad inaceptable: en Perú, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera el enquistamiento de una casta burocrática y una serie de normas anti contribuyentes.

SUNAT refuerza el control sobre el pago de alquileres para detectar incumplimientos tributarios. Las empresas deberán formalizar domicilios y contratos para evitar sanciones, mientras que arrendadores e inquilinos podrían enfrentar la eliminación de beneficios fiscales como la deducción de gastos y multas.

El sector joyero peruano se consolida como un actor clave en Latinoamérica. Con el nuevo cambio en la legislación fiscal, que elimina impuestos a las exportaciones de metales preciosos y permite la devolución del IGV, se espera un aumento en las exportaciones y la formalización de más empresas del rubro.

El Congreso aprobó la nueva reforma del sistema privado de pensiones, pero expertos cuestionaron la inclusión obligatoria de independientes, debido a que ésta medida podría desalentar el proceso de formalización y generar costos operativos extraordinarios para este grupo de trabajadores.

La meta de déficit fiscal para 2024 proyectada por el MEF fue de 2.2%, sin embargo, a la fecha éste indicador ya llegó al 4%. Para la economista principal de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), Camila Costa, estos resultados son la respuesta inmediata a las decisiones poco estratégicas del gobierno, el cual dejó de gobernar con responsabilidad fiscal.

El Ejecutivo, en pleno uso de sus facultades legislativas, redujo el plazo máximo con el que cuentan las empresas para acceder al crédito fiscal. Para el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, esto no solo genera costos adicionales para los contribuyentes, sino que esta medida también le serviría a la SUNAT para retener este dinero.

La recaudación de la SUNAT crece, pero la base tributaria, no. Entre 2015 y 2024, el presupuesto de la SUNAT tuvo un incremento progresivo que alcanzó casi los S/2,500 millones. Sin embargo, estos fondos son utilizados en un 82% para la contratación de personal, en lugar de ejecutar inversiones clave como en tecnología.

Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que la SUNAT aún tiene como objetivo continuar subiendo impuestos a los contribuyentes. Es decir, seguir asfixiando a los formales, pese a que nos encontramos en un contexto donde prima un alto índice de informalidad, desempleo y déficit fiscal.

La SUNAT creó la Central de Riesgo Tributario para calificar el perfil de empresas a nivel nacional. Según expertos, no existen estudios que revelen que esta medida mejoró el nivel de recaudación fiscal. Asimismo, el presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), José Ignacio Beteta, señaló que la iniciativa es peligrosa, porque expone la reputación de las empresas y su situación financiera. 

Hoy el Congreso determinará si el Ejecutivo podrá legislar en materia tributaria. Expertos afirman que propuestas como la creación del “impuesto Netflix”, el “Régimen Emprendedor” o la autorización a la SUNAT de implementar medidas cautelares o cobros de manera coactiva y su intervención en el sistema de justicia son inviables. 

La nueva propuesta fiscal amplía las deducciones en educación, salud y otros gastos esenciales, buscando revitalizar la economía, fomentar la formalidad y, sobre todo, apoyar a los contribuyentes.

La Comisión de Economía del Congreso aprobó la ampliación de las deducciones del Impuesto a la Renta con la finalidad de ampliar la base tributaria, promover la formalidad en diversos sectores y reactivar la economía nacional. Un análisis de la Asociación de Contribuyentes asegura que la medida es positiva, pero que no cumplirá sus objetivos si no se complementa con una verdadera reforma tributaria.

El ministro Arista, el mismo que anunció darle más financiamiento a Petroperú, le dará "salvavidas" a varias municipalidades, pero impulsa la "tasa Netflix". "Con un Estado cuya planilla crece, malgasta el dinero de inversión pública y se roba en promedio el 15% del presupuesto anual, ¿con qué derecho plantean ser más agresivos y rígidos con quienes ya pagamos impuestos?", cuestionó Beteta.

Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT esconden su afán de subirnos los impuestos detrás de medidas con títulos ambiguos, el contribuyente peruano la pasa mal.

La recaudación tributaria en la región macrosur no fue fructífera durante marzo de 2024, debido a que 5 de las 6 regiones registraron una variación negativa en el pago puntual de tributos por parte de los contribuyentes. 

¿Cómo entender el pedido del Ejecutivo para tener facultades legislativas en materia tributaria? ¿Supone un riesgo para los contribuyentes? La Asociación de Contribuyentes del Perú analizó algunas de las medidas y explicó cómo puede afectar a los peruanos. En el pedido está la “tasa netflix”, la reestructuración del Tribunal Fiscal, eliminar el Régimen Especial a la Renta (RER) y el REMYPE para crear el “Régimen Emprendedor”.

Entre enero y abril de 2024, se gastó S/25,299 millones en la pago de planillas, en lugar de invertir los recursos recaudados a través del pago puntual de tributos en la construcción de más escuelas, hospitales o carreteras. Sin embargo, ahora busca más impuestos en vez de mejorar y potenciar sus gastos corrientes.

La Asociación de Contribuyentes del Perú recomendó como primer paso modernizar la Sunat y capacitar a su personal para que actúen de manera más transparente y menos arbitraria. La propuesta consiste en que la entidad se convierta en un órgano autónomo que no dependa del MEF.

El Estado propone crear y subir las tarifas de impuestos para recaudar más fondos para el Tesoro Público. Sin embargo, el sistema de salud peruano presenta innumerables falencias como el incremento del índice de anemia infantil, la falta de medicamentos en hospitales y la escasa oferta de profesionales de salud de atención temprana.

El Estado propone la creación de nuevos impuestos para ampliar la recaudación fiscal durante el 2024, pero este dinero no retorna a los contribuyentes a través de mejores servicios públicos. Un ejemplo de ello es el sistema de educación, donde se registra una brecha de infraestructura educativa que asciende a S/164 mil millones.

El gobierno peruano pedirá facultades legislativas y entre ellas intentará crear impuestos, subir impuestos y ser más agresivo en la cobranza de los mismos. ¿Es esto justificable? *

El gobierno plantea elevar y crear nuevos impuestos. Según el director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, José Ignacio Beteta, el Estado intenta ejercer una mayor presión tributaria a los contribuyentes sin antes ejecutar adecuadamente el presupuesto público y ofrecer servicios públicos de calidad. Los datos revelan que los servicios estatales no estarían cubriendo las expectativas de los peruanos.

El Estado, a través del Ministerio de Economía y SUNAT, plantea crear nuevos impuestos para elevar la recaudación fiscal en el país. Sin embargo, los servicios básicos que ofrece a cambio dejan mucho que desear, debido a que no satisfacen las necesidades de los contribuyentes. El director de la Asociación de Contribuyentes del Perú, Jose Ignacio Beteta, aseguró que “no es posible que las autoridades quieran crear o subir impuestos sin impulsar la inversión pública y privada y agilizar los procesos burocráticos".

La exportación de arándanos, uvas frescas y café en grano generó un impacto positivo en la economía nacional al concentrar un valor de ventas de US$ 610 millones. Según Sunat, el total de exportaciones agrícolas durante el primer mes del año sumaron US$1,062 millones, un 23.2% más en comparación con el similar periodo de 2023.

En 2021 la Corte Suprema - Poder Judicial acumuló más de 40,000 expedientes sin procesar. Ante esta situación se decidió crear Salas Transitorias, pero lo que debía ser algo coyuntural y extraordinario se convirtió en el nuevo status quo que podría generar graves problemas a los contribuyentes.

 Analizaremos la propuesta de “reforma tributaria” socializada por el MEF que propone reducir de 4 regímenes tributarios a 2, eliminando el Régimen Mype y RER. Esto significaría que las empresas actualmente bajo estos regímenes tendrían que adaptarse o al NRUS o al Régimen General. No hay más opciones.

Un informe de Sunat reveló la existencia de 10 rutas entre Bolivia y Perú que favorecen al contrabando de productos, actividad ilícita que movió US$594 millones durante 2022. Esta situación afecta a la formalización en la región.

Se modificó el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 152 y evita que los creadores de contenido publiquen su RUC y razón social en redes sociales.

El presupuesto fiscal 2024 será de más de S/240,806 millones, pero la mayor cantidad de ese dinero irá al “gasto corriente” mientras que el dinero para obras sigue siendo menor. ACP evidenció que de cada 10 soles que el Estado confisca del contribuyente, casi 7 sirven para mantener la burocracia del Estado y solo 3 soles van a inversión pública.

En el segundo trimestre hay  71,129 empresas que se activaron, mientras que 10,465 empresas se dieron de baja. ¿En qué regiones están?

El último informe sobre desarrollo económico departamental que publico el Instituto Nacional de Estadística e Informática detalló que las regiones de Arequipa (7,1%), Tacna (5,7%), Puno (3,9%), Apurímac (2,3%) y San Martín (0,3%) tuvieron buena recaudación tributaria.

Este hecho se explica porque hubo mejor actividad económica, menores coeficientes para la determinación de los pagos a cuenta del Impuesto a la Renta y la aplicación de mayores saldos a favor de los contribuyentes.

El problema de la recaudación tributaria no se soluciona con aumentos en las tasas impositivas, sino con una mayor base tributaria que aborde la informalidad, la evasión y la simplificación del sistema.

La Asociación de Contribuyentes del Perú explica que crear un nuevo impuesto sería implementar más trabas dentro del crecimiento económico del Perú. Además, es una medida que solo aplicaría al 0,5% de los contribuyentes y se recaudarían solo S/12 mil millones al año, lo que equivale al 5.6% del presupuesto público total establecido para este 2023.

Las investigaciones fiscales deben seguir su curso sin interrupciones. No obstante, existiría una renta que Sigrid Bazán nunca declaró y, por ende, la Sunat tiene la obligación de aplicar la tasa de impuesto a la renta para personas naturales.

La recaudación tributaria del país durante el año anterior fue próspera y logró superar en 4.8% al monto recaudado durante 2021. De acuerdo a lo mencionado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, “este resultado es el mayor nivel registrado en el país desde 1980”.

¡Atención contribuyente! Para poder acceder a este beneficio, será necesario que el trabajador solicite boletas de venta electrónicas en consumos que realicen en restaurantes, bares y hoteles. Aplicará a nivel nacional y también para pedidos a domicilio.

El próximo 6 de marzo, los contribuyentes deberán presentar ante la Sunat su Declaración Jurada Anual de Impuesto a la Renta 2022, sin embargo, no todas los ciudadanos se encuentran en la obligación de hacerlo. A continuación te presentamos quienes se encuentran exentos de cumplir con este requisito.

La sentencia dictada por el TC establece que ya no se cobrarán intereses moratorios por deudas tributarias luego de que finalice el plazo de resolución del proceso administrativo.