Fecha: 21 junio, 2025 Tipo de cambio : s/ 3.582

Una resolución que alivia la carga tributaria de empresas formales

En medio de un clima tributario cada vez más exigente para el contribuyente, el Tribunal Fiscal (TF) emitió un fallo que marcó un hito relevante y que es un respiro para empresas formales. 
Francisco Erazo Publicado 3:10 pm, 5 mayo, 2025

¿QUÉ BUSCABA LA SUNAT?

La decisión le puso freno a una exigencia impuesta por la SUNAT que buscaba responsabilizar al contribuyente de verificar si sus proveedores extranjeros cuentan con establecimiento permanente en el país con el objetivo de no reconocer las facturas emitidas por el proveedor extranjero como gasto deducible.

En palabras simples: SUNAT quería que las empresas locales no solo validaran las facturas de sus proveedores extranjeros, sino también debían encargarse de investigar si los proveedores tenían presencial fiscal permanente en el país. Es decir, la SUNAT quería condicionar la deducción del gasto y del IGV a una acción que, según el TF, escapa por completo de las posibilidades reales de verificación de una empresa.

EL FALLO: CLARIDAD Y ALIVIO

El Tribunal Fiscal fue claro: no le corresponde al contribuyente investigar la estructura fiscal de proveedores extranjeros. Esta verificación, según el TF, le corresponde a la propia SUNAT, la cual cuenta con mecanismos y atribuciones para realizar dicha fiscalización. Para el contribuyente, basta con confirmar que el proveedor tiene RUC activo; cualquier otra exigencia es, en palabras del TF, “inviable”.

¿POR QUÉ ES UNA BUENA NOTICIA?

De acuerdo con diversos especialistas, la decisión del Tribunal Fiscal es una defensa al principio de legalidad y de la carga razonable de prueba que debe tener el contribuyente. Por otro lado, este pronunciamiento es un respiro para el sector formal. En un país donde más del 70% de la economía se mueve en la informalidad, quienes apuestan por la formalidad, merecen reglas claras, trato justo y estímulos reales para seguir en la legalidad.

El pronunciamiento también brinda mayor seguridad jurídica sobre los requisitos para la deducción de gastos y crédito fiscal, evita que las empresas sean injustamente sancionadas y desincentiva criterios arbitrarios de fiscalización.

El pronunciamiento del Tribunal Fiscal debe servir como antecedente e inspirar a una revisión más profunda de las exigencias tributarias. Además, apostar por una SUNAT más técnica, menos sancionadora y más alineada con el desarrollo empresarial.

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