¿Por qué el impuesto a la riqueza es una mala idea?: aquí te explicamos las razones

El impuesto a la riqueza es una medida que se ha discutido a voces en nuestro país. El exministro de Economía, Pedro Francke, propuso que se implemente este impuesto a los peruanos que ganen más de S/ 300 000 anuales, pero el Congreso derogó la medida en la reforma tributaria. Sin embargo, hay facciones del poder político que considera que podría ser una medida factible. De acuerdo con la Asociación de Contribuyentes del Perú (ACP), hay argumentos que rebaten esta idea.

Hay varios países que sí tienen el impuesto a la riqueza como una medida tributaria vigente, tomando en cuenta que tienen un buen porcentaje de población con riqueza.

Para el Perú, esta medida solo aplicaría para el 0.5% del total de contribuyentes registrados ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat). Con ello, la ACP argumenta que, en primer lugar, el hecho de aplicar este impuesto generaría fuga de riqueza, debido a que los ciudadanos con grandes patrimonios buscan ubicar sus ahorros y capitales en países donde cobran menos impuestos.

Por otro lado, de acuerdo con un informe de la Unión Industrial Argentina, nuestro país tiene una presión fiscal de 44,4% para empresarios formales, y estamos en el 5.º lugar entre 30 países que aportan el 86% del producto bruto mundial. Es decir, el Estado ya cobra altos impuestos a los formales cuando son menos del 20% de la población económicamente activa, lo que desestabiliza y limita la libertad financiera.

Por último, varios cálculos en materia financiera determinaron que aplicar este impuesto no sería tan rentable e implicaría bastantes costos, e incluso podría alcanzar a sectores económicos de clase media, cuyo crecimiento se podría ver estancado por tener que aportar más dinero.

Si es que se materializara este impuesto, se recaudarían solo S/12 mil millones al año, lo que equivale al 5.6% del presupuesto público total establecido para este 2023. Según ACP, el Estado peruano devuelve recursos todos los años, y gasta en sueldos y planillas de funcionarios que terminan siendo culpables de corrupción.

Es importante recordar que, como contribuyentes, tenemos el derecho de exigir que las autoridades rindan cuentas y respondan ante lo que están haciendo en nuestro país. Debido a que son nuestros impuestos los que financian las obras, tenemos el deber de exigir que ese aporte sea devuelto a la población con obras de calidad.