Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené, es una líder ambientalista que hostiga judicialmente desde hace 10 años a la empresa productora de cacao en Loreto, TAMSHI. Pero, ¿quién es realmente esta activista y cuáles son los verdaderos intereses? ¿Por qué está inmersa en presuntas irregularidades por mantener nexos con funcionarios públicos, cuentas en paraísos fiscales, testaferros y más?

La Ley de Extinción de Dominio es utilizada directamente como medida para combatir la criminalidad organizada. Pero, ¿esta norma es confiable o acaso es un mecanismo que puede ser utilizado para cometer excesos durante los procesos judiciales?

Expertos en materia legal se pronunciaron en contra de la Ley de extinción de dominio de uso, debido a que la califican como desproporcionada y estaría violando la presunción de inocencia y el derecho a la propiedad.

En el Congreso de la República se aprobó un dictamen que propone la contratación permanente del personal CAS en el Estado. Esta medida fue criticada por expertos en materia laboral, debido a que vulnera el principio de meritocracia y calidad del servidor público.

Pese a que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra no se encuentran tipificados en el Código Penal peruano, el Congreso aprobó, en primera votación, un dictamen que propone la prescripción de estos ilícitos cometidos antes de 2002. 

La presidenta Dina Boluarte se encuentra inmersa en serias acusaciones por, presuntamente, intentar frenar las investigaciones contra su hermano Nicanor Boluarte y desarticular la DIVIAC, equipo de agentes policiales que brindaba servicios junto al EFICOP. Recordemos que el pariente de la mandataria y su defensor legal en el Caso Rolex se encuentran detenidos preliminarmente por 10 días mientras continúan las pesquisas fiscales por supuestamente integrar una red criminal.

La resolución judicial autorizó el allanamiento del inmueble de Nicanor Boluarte Zegarra y Mateo Castañeda, hermano y abogado de la presidenta Dina Boluarte, respectivamente. La tesis fiscal le imputa la comisión de los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias.

Durante la última década, Lucila Pautrat, presidenta de la ONG Kené y supuesta líder ambientalista, presentó una serie de denuncias contra Tamshi, empresa que promueve la industria de cacao en Loreto. En todo este tiempo, ninguna de estas denuncias prosperó a favor de la “líder”, y existen muchos indicios que explicarían el ensañamiento contra la mencionada empresa privada; arbitrariedades y participación de funcionarios públicos, potenciales cuentas en paraísos fiscales, una propiedad donada a una posible testaferra, todos elementos que echan luz sobre los intereses que se esconderían detrás de Pautrat y sus “aliados”.    

En 2021 la Corte Suprema - Poder Judicial acumuló más de 40,000 expedientes sin procesar. Ante esta situación se decidió crear Salas Transitorias, pero lo que debía ser algo coyuntural y extraordinario se convirtió en el nuevo status quo que podría generar graves problemas a los contribuyentes.

La Quinta Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria se encarga de velar por los derechos de los contribuyentes al revisar expedientes relacionados a procesos contencioso-administrativo y todos aquellos que hablen sobre materia tributaria y aduanera. Se compone de 5 magistrados, los cuales valoran los casos y emiten un voto a favor o contra de la resolución expuesta en el debate interno.

¡Atención contribuyente! La Sala procesa los legajos judiciales relacionados con temas tributarios, contencioso-administrativo y a los organismos reguladores. La Sala 2024 está conformada por los magistrados Ulises Yaya , César Proaño , Yuri Pereira, Yenny Delgado y Luis Gutiérrez.    

La Corte Superior suspendió el procedimiento parlamentario que podría destituir a los miembros de la JNJ. En el Congreso lo consideran una interferencia y presentaron denuncia fiscal contra los magistrados que tomaron la decisión y suspendieron el Pleno. 

Un informe del INEI detalla que el Reniec cuenta con un nivel de confianza entre los peruanos de 50.9%. Entre las entidades públicas con una tasa de desconfianza muy alta se encuentran los Partidos Políticos, el Congreso y los Gobiernos Regionales.

La eliminación de la tercerización tendría efectos negativos para los trabajadores y las empresas, como la pérdida de más de 71 mil puestos de trabajo formal en las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y otros 43 mil en grandes empresas.