La realidad tributaria y burocrática del país mantiene a millones de emprendedores fuera de la formalidad y concentra la recaudación en un grupo reducido de empresas. En este escenario, se plantea evaluar un flat tax.

El Presupuesto 2026 prioriza más sueldos y burocracia frente a inversión pública, pese a servicios estancados, baja ejecución de obras, alta carga regulatoria y pérdidas millonarias de Petroperú. La Asociación de Contribuyentes del Perú advierte que los ciudadanos financian un aparato estatal gigante que devuelve cada vez menos.

El modelo de impuesto único implementado por Estonia desde 1994 impulsó su crecimiento económico y simplificó el pago de tributos. ¿Podría el Perú seguir este camino para combatir la informalidad?

La Comisión de Trabajo del Congreso aprobó un proyecto de ley que propone otorgar bonos a inspectores de SUNAFIL si aumenta la recaudación por multas impuestas a empleadores. Especialistas y gremios advierten que la medida podría convertir la fiscalización en un mecanismo recaudatorio

Mientras el Gobierno amplía un REINFO que ha demostrado ser ineficiente y ahora permite su herencia, una nueva propuesta busca corregir el rumbo: otorgar un título estable a los pequeños mineros con trayectoria comprobada, sin depender de contratos con concesionarias, pero bajo reglas exigentes y con compensación económica. Una posible salida al entrampamiento actual de la formalización minera.

El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que, según especialistas, podría ser una amenaza para miles de emprendedores. 

La alta informalidad laboral en el Perú no solo impide el acceso a derechos básicos, sino que también limita gravemente el crecimiento económico del país. Expertos advierten que las trabas regulatorias y fiscales perpetúan un modelo que desalienta la formalización y reduce la productividad.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un trabajador formal genera seis veces lo que un informal produce. Es decir, la informalidad es sinónimo de baja productividad. No obstante, el alto costo y engorroso proceso de la formalización son factores que impiden que los emprendedores entren al ámbito formal. 

En un país donde el 88% de los microempresarios informales quiere formalizarse, pero no puede por culpa de un sistema tributario hostil y normas laborales obsoletas, es hora de dejar de culpar a la "cultura" y empezar a señalar al verdadero responsable: el Estado.

Un proyecto de ley busca reducir las tasas del IR para trabajadores en planilla, argumentando que la carga fiscal actual es desproporcionada. La Asociación de Contribuyentes del Perú respalda la medida, destacando su potencial para fomentar la formalización, el consumo y la inversión.

En Perú, la excesiva regulación, el difícil acceso al crédito y la falta de planificación urbana convirtieron la autoconstrucción en la única opción para miles de familias. Mientras la vivienda formal sigue siendo inaccesible para los sectores de menores ingresos, la informalidad se expande con el aval del Estado.

Mientras la SUNAT busca recaudar S/ 177 mil millones en 2025, el 90.6% de las MYPES señalan la carga tributaria como una traba para su formalización. En regiones como Huancavelica, Apurímac y Puno, la informalidad supera el 96%, afectando el acceso a derechos laborales y aumentando la pobreza. #Informalidad #MYPES #EconomíaPeruana

Pese a su crecimiento económico en las últimas décadas, el Perú enfrenta una rigidez laboral que impide la generación de empleo formal. Normas y proyectos de ley en debate buscan restringir la tercerización, endurecer los criterios de despido y aumentar beneficios laborales, encareciendo las relaciones de trabajo. Además, una sentencia de la Corte Suprema ha exonerado a los sindicatos de responsabilidad por prácticas anticompetitivas. Estas medidas podrían afectar la competitividad del país y agravar los problemas estructurales del mercado laboral.

En un país donde más del 70% de la economía es informal, la excesiva burocracia dificulta el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan el 94.2% del tejido empresarial. Las políticas actuales no solo frenan la formalización, sino que perpetúan un entorno hostil para los pequeños negocios.

Con un índice de informalidad superior al 70%, las causas de este problema parecen ser cada vez más claras: la excesiva burocracia estatal. Un estudio de Mibanco reveló que el 88% de los empresarios informales quiere formalizarse, pero la mayoría no da este gran salto debido al alto costo y complejidad que implica este proceso.

La propuesta de incrementar el sueldo mínimo enfrenta críticas de economistas que alertan sobre su impacto negativo en la formalización laboral y las pequeñas empresas. Según Camila Costa, economista de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el alza beneficiaría solo al 3% de los trabajadores formales, mientras que podría reducir el empleo formal en 2.5%. En un contexto de inflación creciente, especialistas proponen priorizar políticas que impulsen la productividad laboral.

Perú cuenta con un alto número de feriados y días no laborales, mientras que el índice de informalidad continúa en aumento. En lugar de impulsar medidas que promuevan la formalización, el Congreso está evaluando reformas en materia laboral que podrían perjudicar seriamente la rentabilidad y productividad de las empresas.

La recaudación de la SUNAT crece, pero la base tributaria, no. Entre 2015 y 2024, el presupuesto de la SUNAT tuvo un incremento progresivo que alcanzó casi los S/2,500 millones. Sin embargo, estos fondos son utilizados en un 82% para la contratación de personal, en lugar de ejecutar inversiones clave como en tecnología.

Un informe de la Asociación de Contribuyentes del Perú reveló que la SUNAT aún tiene como objetivo continuar subiendo impuestos a los contribuyentes. Es decir, seguir asfixiando a los formales, pese a que nos encontramos en un contexto donde prima un alto índice de informalidad, desempleo y déficit fiscal.

La Asociación de Contribuyentes del Perú identificó una serie de factores que revelan que el país no se encuentra en un buen momento económico para gravar más impuestos. La informalidad, el desempleo y alto déficit fiscal, el cual llegó a 3.9% en 2023, determinan que apenas estamos saliendo de la recesión y sería contraproducente asfixiar más a los formales. 

Según el estudio, las unidades productivas informales tienen mayor concentración en Lima (33%), Piura (8 %), La Libertad (6,5 %), Lambayeque (5 %), Loreto (4,7 %) y Arequipa (4,3 %). Respecto a los sectores donde se realizan actividades informales están: Comercio (33 %), Transporte y Almacenamiento (23,1 %), Alojamiento y Restaurantes (12,3 %) y Manufactura (10,3 %).

La Asociación de Contribuyentes del Perú recomendó como primer paso modernizar la Sunat y capacitar a su personal para que actúen de manera más transparente y menos arbitraria. La propuesta consiste en que la entidad se convierta en un órgano autónomo que no dependa del MEF.

Se requiere de una reforma tributaria que impulse la recaudación de impuestos atrayendo al informal a ser formal. Por eso, la especialista en Derecho Tributario de ACP, Martha Bringas, remarcó sobre la necesidad de contar con un sistema que impulse la formalidad.

El argumento de la ley es proteger al padre de familia en el ámbito laboral durante el primer año de nacido de su hijo, sin embargo, lo que realmente hará es golpear gravemente el campo laboral peruano. Aquí las razones.

Los índices de informalidad laboral descendieron en 2023 al pasar de 74% a 71.1%. Si bien estas son noticias positivas, lo cierto es que esta reducción no es benéfica para el país, debido a que estos niveles reflejan cómo las personas en situación de vulnerabilidad y con un empleo informal han perdido su fuente de ingresos a lo largo del último año.

“Hay 6,000 recicladores formales en este momento y 180,000 informales", explicó Fiorella Danjoy a propósito de la necesidad de implementar políticas públicas para formalizar a los reciclados en el marco del Régimen Especial de Gestión y Manejo de Residuos de Envases y Embalajes.

Un informe de Sunat reveló la existencia de 10 rutas entre Bolivia y Perú que favorecen al contrabando de productos, actividad ilícita que movió US$594 millones durante 2022. Esta situación afecta a la formalización en la región.

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, adelantó que la iniciativa “sería solo para microempresas. Son 2 millones en microempresas, más 6 millones en autoempleo”. Además, busca restablecer el Consejo Nacional de Trabajo, que fue excluido de decisiones laborales clave en el gobierno de Pedro Castillo.

Mientras más se ahogue al sector formal con impuestos, barreras o regulaciones, más informalidad tendremos y por ello, menos derechos laborales. **

El trabajador formal peruano es 7 veces más productivo que el informal y, entre otras variables, esto hace que su salario sea 150% más alto. **

El presidente del Consejo Nacional de Competitividad, David Tuesta, señaló en CADE 2023 que las pequeñas empresas, que representan casi el 95% de la fuerza laboral del país, no van a salir adelante "si los tenemos ahorcados de esta manera".

La importancia de la formalidad. En promedio, un trabajador formal es 7.2 más productivo que un informal. Moquegua es la región con mayor productividad gracias al desempeño de sus trabajadores formales. 

En Perú, 16 millones de contribuyentes se encuentran afiliados al Seguro Social de Salud o al Seguro Integral de Salud, mientras que 1.3 millones de personas aún no cuentan con este beneficio. En el caso del sistema de pensiones, 6.9 millones personas poseen una cuenta de ahorro para su jubilación en la ONP o AFP.

La población ocupada en la ciudad de Moyobamba alcanzó 32 600 personas. En detalle hay 19 400 hombres y 13 200 mujeres trabajando.

Ayacucho tiene una población ocupada de 121 600 personas. Otro dato a tomar en cuenta es que entre julio 2022 - junio 2023, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo fue de S/1591. 

El Congreso debatió 15 proyectos de ley que proponen nuevos feriados y días no laborales, sin tomar en consideración los argumentos técnicos que se oponen. Se aprobaron cuatro y hoy sufrimos el impacto. 

La población ocupada de la ciudad de Arequipa alcanzó 495 100 personas; de ellas 288 644 personas (58,3%) tiene empleo informal. Además, la tasa de desempleo se ubicó en 7.1%

Para resolver el problema de la informalidad es necesario “mejorar la productividad”, señaló el ministro Raúl Pérez Reyes, a través de la innovación, mejoramiento productivo o vías compras públicas.

Los departamentos que redujeron su tasa de informalidad entre 2021 y 2022 fueron Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Ucayali.

Pese al costo adicional que implica aprobar los micro descansos durante la jornada laboral, el Pleno del Congreso sumó a su agenda el debate del proyecto que ley que restaría entre 15 y 20 minutos la productividad de las pequeñas y medianas empresas en Perú.

La conflictividad social en la zona sur del país puso en grave peligro la economía peruana, siendo uno de los sectores más golpeados el turismo que hasta ahora no logra recuperar los niveles prepandemia y, actualmente, registra un 77% menos turistas en Machu Picchu que en 2019.

La tasa de desempleo cayó en 1.5% durante el primer trimestre del 2023. Según INEI, 168,200 personas se encuentran laborando.

La tasa de informalidad laboral en Ayacucho se disparó a 74.8% durante el primer trimestre de 2023. En tanto, el ingreso promedio de los ayacuchanos llegó a S/1,565.

En el primer trimestre del 2023, el 58.3% de los arequipeños participó de manera activa en el mercado laboral, es decir, que trabajaron o buscaron empleo a través de diferentes plataformas. Además, el ingreso promedio fue de S/ 2136.

Puno, Cusco y Apurímac sufrieron millonarias pérdidas económicas tras el estallido social de diciembre de 2022. Estas movilizaciones violentas organizadas por grupos radicales sólo provocaron que sectores como minería y transportes registren una caída a nivel productivo y que el nivel de informalidad se mantenga por encima del 79%.

Mientras un grupo radical llama a la protesta "Toma de Lima" y no brinda ninguna solución para combatir la informalidad, alrededor 13.4 millones siguen trabajando en estas condiciones. Es necesario estabilidad para combatir esta situación.

Con el objetivo de promover un desarrollo económico inclusivo y que genere un impacto positivo en el medio ambiente y el entorno social, Perú Sostenible propone un plan de trabajo anual enfocado en el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 8. Esto permitirá que la inversión privada impulse el crecimiento del país al generar mayores empleos y derechos laborales.

Sin embargo, la cantidad de trámites burocráticos genera que empresarios inviertan más de 797 horas cada año. Esta circunstancia impulsa que miles de empresarios se mantengan en la informalidad para reducir costos y tiempo. 

El índice de trabajo informal en la región La Libertad es uno de los más altos a nivel nacional. Desde la Asociación de Contribuyentes se propone el Estado apoye a los empresarios y no cree medidas que pueden entorpecer la formalización de las MIPYMES.

¿Qué hacer? Si seguimos presionando a los formales con impuestos, regulaciones o trabas, la informalidad se mantendrá y seremos a la larga una nación destinada al fracaso.

Perú ha crecido urbanísticamente cerca del 50% durante las últimas dos décadas, sin embargo, un 93% de este crecimiento corresponde a predios informales, los cuales carecen de servicios básicos como agua, desagüe o electricidad. Esto, según un informe elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo, se traduce en una inversión aproximada de S/14,300 para aquellas familias que deban costear temas de salud y transporte.

Aparentemente la iniciativa tiene “buenas intenciones”, pero la verdad es otra pues el régimen laboral que se pretende alterar promueve la formalidad en la contratación, donde los trabajadores gozan de todos los beneficios y derechos laborales conferidos por ley.

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo en labor conjunta con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e integrantes de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT) vienen impulsando un “marco conceptual del autoempleo”.