Viviendas informales: El Estado subsidia el 60% de los gastos de un predio informal

Durante los últimos 20 años, el Perú se ha expandido en un 47% a nivel urbanístico. Esto demuestra que se construyeron y/o habilitaron 940 mil nuevas viviendas, en donde residen cerca de 3,4 millones de peruanos. Si bien esta es una buena noticia, la realidad revela que el 93% de estos nuevos predios corresponden a una expansión informal dentro del territorio, la cual, además de no contar con servicios básicos, obliga al Estado a subsidiar hasta el 60% de los gastos correspondientes a dicho domicilio. 

Esto indica que, en lugar de que el propietario del inmueble informal sea el que financie todas y cada una de sus necesidades, el Estado se encarga de pagar por la instalación de servicios como agua, electricidad y desagüe. Esto, por supuesto, no ocurre en aquellas viviendas formales debido a que son los propios dueños quienes asumen estos gastos en la adquisición del inmueble, sin embargo, solo el 7% del crecimiento urbanístico en Perú desde el año 2000 es formal.

Al carecer de estos servicios, el informe elaborado por el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE) revela que los residentes de estos inmuebles informales deben invertir alrededor de S/14,300 de manera extraordinaria para costear temas de salud (S/5,600) y transporte (S/8,700). De acuerdo a lo mencionado en el documento, para que una vivienda cuente con agua y alcantarillado deben pasar alrededor de 14 años y, por supuesto, es el Estado el que subsidia las instalaciones y el costo por servicio.

Debido a que la probabilidad de que el Estado subsidie estos inmuebles es del 42%, el precio del suelo urbanizable se eleva hasta en un 150%. Este aumento especulativo, tal y como señala el informe, se convierte en rentabilidad para las inmobiliarias, sobre todo, para aquellas que no invierten en infraestructura o saneamiento. Asimismo, este apoyo por parte del gobierno a los lotes informales también significa un incremento de S/100 por metro cuadrado.

Si bien existen alternativas que plantean la reducción del crecimiento urbanístico informal en el país, es casi imposible pensar que estas malas prácticas cesarán cuando el propio gobierno no dispone lineamientos claros para frenar la construcción y habilitación de viviendas informales, las cuales terminan perjudicando a los ciudadanos que adquieren este tipo de  inmuebles debido al alto costo del suelo y la falta de servicios básicos y, por supuesto, al Estado que deberá pagar por dichos servicios con el dinero de los contribuyentes.