El embargo ejecutado contra Neo Motors sin una notificación efectiva expone deficiencias en los procedimientos de la SUNAT y en los mecanismos de defensa del contribuyente. El fallo del Tribunal Constitucional corrige el caso concreto, pero deja en evidencia un sistema que puede afectar a miles de empresas sin capacidad para litigar durante años.

El Índice Global de Complejidad Corporativa 2026 de TMF Group confirma que el Perú se ha convertido en una de las economías más burocráticas del mundo. La carga regulatoria, los trámites municipales y la ineficiencia estatal afectan directamente la inversión, la formalidad y, en última instancia, al contribuyente.

Subsidios temporales, restricciones horarias, mayores sanciones y nuevas protecciones laborales avanzan mientras siete de cada diez trabajadores siguen en la informalidad.

La nueva facultad de la SUNAT para fiscalizar ventas por redes sociales amenaza con cargar más obligaciones sobre miles de emprendedores que solo buscan generar un ingreso extra. La medida prioriza recaudar antes que formalizar, dejando a los más pequeños expuestos a sanciones en un sistema que no fue diseñado para ellos.

Reactiva Perú demostró que un programa de garantías puede funcionar cuando el Estado aplica rigor técnico y cumple sus compromisos. Impulso MyPerú, en cambio, expuso los riesgos fiscales y de credibilidad que surgen cuando las promesas hechas en nombre del contribuyente no se ejecutan a tiempo.

La inseguridad y la falta de acceso a financiamiento ponen en jaque a millones de pequeños negocios en el país.

Aunque representan el 95% del tejido empresarial peruano, las Mypes siguen esperando las reformas prometidas. Durante el gobierno de Dina Boluarte se anunciaron millones en apoyo, pero los avances reales son limitados. La informalidad, la inseguridad y la burocracia siguen siendo las grandes barreras.

El Congreso de la República evalúa un proyecto de ley que, según especialistas, podría ser una amenaza para miles de emprendedores. 

La alta informalidad laboral en el Perú no solo impide el acceso a derechos básicos, sino que también limita gravemente el crecimiento económico del país. Expertos advierten que las trabas regulatorias y fiscales perpetúan un modelo que desalienta la formalización y reduce la productividad.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), un trabajador formal genera seis veces lo que un informal produce. Es decir, la informalidad es sinónimo de baja productividad. No obstante, el alto costo y engorroso proceso de la formalización son factores que impiden que los emprendedores entren al ámbito formal. 

En un país donde el 88% de los microempresarios informales quiere formalizarse, pero no puede por culpa de un sistema tributario hostil y normas laborales obsoletas, es hora de dejar de culpar a la "cultura" y empezar a señalar al verdadero responsable: el Estado.

Mientras la SUNAT busca recaudar S/ 177 mil millones en 2025, el 90.6% de las MYPES señalan la carga tributaria como una traba para su formalización. En regiones como Huancavelica, Apurímac y Puno, la informalidad supera el 96%, afectando el acceso a derechos laborales y aumentando la pobreza. #Informalidad #MYPES #EconomíaPeruana

El presidente del Consejo Nacional de Competitividad, David Tuesta, señaló en CADE 2023 que las pequeñas empresas, que representan casi el 95% de la fuerza laboral del país, no van a salir adelante "si los tenemos ahorcados de esta manera".

En el 2022, el 86.7% de las mypes fueron informales y la situación no mejoró en 2023. Ante ello, Produce ejecuta un plan para realizar préstamos a los empresarios de este sector, pero con la condición de regresar a la formalidad.

Para resolver el problema de la informalidad es necesario “mejorar la productividad”, señaló el ministro Raúl Pérez Reyes, a través de la innovación, mejoramiento productivo o vías compras públicas.

Los departamentos que redujeron su tasa de informalidad entre 2021 y 2022 fueron Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Tacna y Ucayali.

El ministro de Turismo recordó que se "le permitió a la comunidad de Aguas Calientes vender 1,000 entradas diarias en físico", pero "se ha convertido en una mafia para obligarte a quedarte a dormir ahí, en hostales malos".