De Reactiva a Impulso MyPerú: el riesgo fiscal detrás de las garantías estatales

La experiencia de Reactiva Perú demostró que un programa de garantías estatales puede ser eficaz cuando se diseña con rigor técnico y supervisión estricta. Sin embargo, la implementación posterior de Impulso MyPerú evidenció los riesgos de replicar ese modelo sin los mismos estándares: compromisos que el Estado no cumple a tiempo, incentivos distorsionados y una carga fiscal que finalmente recae sobre el contribuyente. En un contexto donde las garantías públicas son deuda contingente y los bonos prometidos dependen de la capacidad del Estado para honrar sus obligaciones, la transparencia y la rendición de cuentas dejan de ser un detalle administrativo y se convierten en un requisito indispensable para proteger la confianza en las políticas de inclusión financiera.

Reactiva Perú: un programa técnicamente sólido y con resultados verificables

Reactiva Perú fue un programa de garantías crediticias respaldado por el Tesoro Público. El Estado no prestó dinero directamente: actuó como aval para que los bancos otorgaran créditos en condiciones que el mercado no habría ofrecido durante la pandemia. El BCRP inyectó liquidez mediante subastas inversas y las entidades financieras compitieron por ofrecer tasas bajas. El resultado fue la movilización de S/ 58 mil millones hacia más de 501 mil empresas, el 96% de ellas micro y pequeñas.

La morosidad del programa cerró en 9.7%, muy por debajo del 37.8% de los créditos empresariales tradicionales, y el 98% del saldo ya fue repagado. Por su diseño, escala y desempeño, Reactiva se consolidó como la intervención crediticia más exitosa de la historia económica reciente del país.

Impulso MyPerú: un modelo replicado sin el mismo rigor técnico

El gobierno intentó reproducir el esquema con Impulso MyPerú, que otorgó garantías por S/ 19,773 millones y alcanzó a más de 207 mil emprendedores. A diferencia de Reactiva, incorporó el Bono de Buen Pagador, equivalente al 15% del crédito y condicionado al cumplimiento puntual de las cuotas. Este componente depende exclusivamente de que el Estado pague a tiempo.

La ejecución recae en PRODUCE, responsable de supervisar y promover el desarrollo empresarial de las Mypes. Cuando el Estado no cumple los pagos comprometidos, no solo falla una política pública: se deteriora la credibilidad institucional, se distorsionan los incentivos y se debilita la efectividad de herramientas diseñadas para sostener a los emprendedores.

El costo fiscal oculto: deuda contingente y promesas que paga el contribuyente

Las garantías estatales son deuda contingente. No figuran como gasto hasta que ocurre un incumplimiento, pero el pasivo existe desde el momento en que se otorgan. Además, el Bono de Buen Pagador —si no se paga a tiempo— se convierte en un costo adicional para el Tesoro Público. En la práctica, el contribuyente financia tanto el programa como sus fallas.

La Asociación de Contribuyentes sostiene que PRODUCE debe rendir cuentas públicas sobre la ejecución de estos programas, con cronogramas de pago vinculantes y mecanismos verificables de seguimiento. Un ministerio que administra recursos del contribuyente para beneficiar a emprendedores tiene la obligación de demostrar que esos recursos llegan y que las promesas hechas en nombre del Estado se cumplen.