Ser formal es un infierno: más costos, más trabas, menos empleo

En el Perú, contratar formalmente ya es caro. Sin embargo, en lugar de reducir las barreras al empleo para generar mayor formalidad, el Congreso, el Ejecutivo y las autoridades laborales vienen acumulando nuevas obligaciones, restricciones y riesgos regulatorios que elevan aún más el costo de mantener trabajadores en planilla. La última semana dejó cuatro señales claras de esa tendencia: subsidios a la “primera chamba”, límites horarios por radiación UV, nuevas restricciones sobre beneficios laborales y más blindajes frente al despido. Todo ello mientras más del 70% de trabajadores permanece en la informalidad.

El problema de fondo es conocido. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), los costos laborales no salariales —gratificaciones, CTS, vacaciones, seguros, aportes y otros conceptos— equivalen al 72% del salario formal promedio, encareciendo significativamente la contratación. En el régimen general, de acuerdo a las cifras del IPE, contratar formalmente a un trabajador que gana la remuneración mínima (S/1130) puede costar hasta S/609 adicionales para el empleador.

La primera señal llegó desde el Congreso con el proyecto “Mi Primera Chamba”, presentado por Podemos Perú. La iniciativa propone que el Estado subsidie hasta 30% del sueldo de jóvenes de entre 18 y 29 años que accedan a su primer empleo formal, durante un máximo de seis meses y en empresas de hasta 100 trabajadores.

Más allá de la intención política, el proyecto deja en evidencia un problema estructural: contratar formalmente se ha vuelto tan caro que el propio Estado necesita subsidiar temporalmente la planilla para que las empresas contraten jóvenes. Y el problema no es menor. Según ComexPerú, un trabajador formal gana en promedio S/3,233 mensuales, frente a apenas S/1,226 de uno informal. Es decir, la formalidad sí paga mejor, pero se vuelve cada vez más difícil de expandir cuando emplear en planilla implica mayores costos, nuevas obligaciones y más riesgos regulatorios. En vez de abaratar y simplificar la contratación formal, se responde con subsidios temporales que finalmente pagará el reducido grupo de contribuyentes.

La segunda señal vino del Ejecutivo. Mediante el Decreto Supremo 003-2026-SA, el Gobierno reglamentó nuevas obligaciones para trabajos expuestos al sol. Empresas de sectores como construcción, agricultura, limpieza pública o pesca deberán reorganizar horarios para evitar labores entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde —o desde las 9 a.m. en zonas altoandinas— cuando exista alta radiación ultravioleta.

La medida también obliga a proveer bloqueadores solares, lentes UV, ropa protectora, rediseñar horarios, incorporar el riesgo UV en sistemas de seguridad ocupacional y documentar todo el cumplimiento ante posibles inspecciones. En la práctica, esto significa más costos, menos horas efectivas de trabajo y nuevas exigencias burocráticas. Mientras una gran empresa puede absorber el sobrecosto, para una mype —que ya enfrenta altos costos laborales y baja productividad— cumplir cada requisito puede resultar inviable. El riesgo es que, a medida que se acumulan nuevas obligaciones laborales complejas, aumentan también los incentivos para no cumplirlas o permanecer fuera de la formalidad.

La tercera señal apareció desde SUNAFIL. Esta semana volvió al centro del debate el criterio sancionador que impide a las empresas extender unilateralmente beneficios pactados con sindicatos minoritarios hacia trabajadores no sindicalizados. Bajo esta interpretación, cuando un sindicato no representa a la totalidad de trabajadores, la empresa no puede homologar automáticamente esas mejoras al resto del personal, salvo que el propio convenio lo autorice expresamente. En la práctica, ello reduce el margen de acción de las empresas para ordenar políticas internas de compensación y añade mayor incertidumbre regulatoria sobre decisiones laborales.

El efecto es evidente: menos flexibilidad empresarial para ordenar remuneraciones e incentivos internos, mayor exposición a sanciones y más incertidumbre jurídica sobre decisiones salariales.

La cuarta señal llegó desde la Comisión de Trabajo del Congreso, que aprobó un proyecto para declarar nulo el despido de trabajadores que sean padres o madres cuidadoras de hijos con discapacidad severa o incapacidad permanente.

La consecuencia económica de este tipo de medidas suele ser ignorada: cada nueva restricción al despido incrementa el riesgo de contratación. Cuando desvincular a un trabajador se vuelve más costoso, incierto o judicializable, las empresas tienden a contratar menos, tercerizar más o permanecer en la informalidad. ¿Qué es lo que sucede con todo esto? Fácil. Las empresas van a contratar a menos personas cuidadoras de hijos con discapacidad.

El patrón se repite: frente a un mercado laboral rígido y caro, el Estado responde con más regulación, más costos y más complejidad. Finalmente lo que termina sucediendo es que las empresas contratan a sus trabajadores de manera informal. Este tipo de medidas genera un efecto contrario al que supuestamente buscan.

La paradoja es cada vez más evidente: el Perú insiste en combatir la informalidad haciendo más difícil contratar formalmente. En un país donde siete de cada diez trabajadores siguen fuera de planilla, la pregunta ya no es por qué crece tan poco el empleo formal, sino cuánto más puede resistir antes de volverse todavía más inaccesible.