Facultades legislativas: tres cambios apuntan a empleo y simplificación

El pedido de facultades legislativas presentado por el Ejecutivo al Congreso incluye diversas modificaciones en materia económica y laboral. Entre ellas destacan tres propuestas relacionadas con la simplificación administrativa, el acceso de jóvenes al mercado laboral y las obligaciones laborales de las pequeñas empresas.

Mayor alcance contra barreras burocráticas

Una de las propuestas busca modificar la definición de barrera burocrática para incluir aquellas generadas durante la prestación de servicios exclusivos por parte de la Administración Pública.

Actualmente, determinados servicios que solo pueden ser brindados por una entidad estatal —como duplicados de certificados ITSE, duplicados de tarjetas de identificación vehicular o copias de certificados de actuaciones fiscales— pueden quedar fuera del alcance de esta definición.

El cambio ampliaría los supuestos bajo los cuales ciudadanos y empresas pueden cuestionar exigencias, tasas o procedimientos administrativos que consideren carentes de justificación.

Medidas para promover el empleo juvenil

El Ejecutivo también solicita facultades para adoptar medidas relacionadas con el empleo, la empleabilidad y el autoempleo juvenil.

Entre las alternativas contempladas aparecen mecanismos de formación dual, que combinan estudios con experiencia práctica; plataformas para conectar jóvenes con vacantes laborales; y herramientas de capital semilla y asistencia técnica para quienes decidan emprender. El objetivo es facilitar el ingreso de jóvenes al mercado laboral y atender algunas de las barreras que dificultan su primera experiencia de trabajo.

Un régimen progresivo para pequeñas empresas

En materia laboral, el pedido plantea fortalecer el marco aplicable a la actividad privada mediante un esquema orientado a la formalización de las micro y pequeñas empresas.

La propuesta parte de que los incrementos abruptos de costos laborales pueden convertirse en una barrera para su crecimiento. Frente a ello, se plantea incorporar progresivamente obligaciones relacionadas con seguridad social, beneficios laborales y protección frente al despido.

El diseño final será determinante para establecer qué empresas podrán acogerse, durante cuánto tiempo y bajo qué criterios avanzarán hacia el régimen general. La propuesta busca establecer una ruta progresiva que permita a las empresas asumir mayores obligaciones conforme aumente su capacidad económica.