Keiko Fujimori ha reforzado el patrullaje, recurrido a los militares y pedido nuevas facultades. Un mes después, el desafío es pasar de medidas conocidas y respuestas de emergencia a una estrategia con objetivos y resultados que puedan medirse.

La propuesta incluye simplificar los regímenes tributarios, crear un impuesto a la renta empresarial único, modificar reglas del Tribunal Fiscal, impulsar las Asociaciones Público-Privadas y establecer un régimen laboral progresivo. Varias de las medidas aún deberán definirse mediante decretos legislativos si el Congreso aprueba la delegación.

El primer mensaje presidencial dejó sin respuestas concretas seis asuntos decisivos: la minería y la energía, las obras paralizadas, la mala ejecución regional, la reforma de pensiones, la austeridad y la lucha contra la corrupción.

El diagnóstico preliminar identifica problemas en educación, salud, infraestructura y administración pública. Parte de los hallazgos coincide con informes de control, mientras que otros aún deberán ser sustentados cuando se publique el reporte final.

El ENFEN endureció su pronóstico y ya no descarta que el fenómeno El Niño alcance una magnitud extraordinaria hacia finales de este año. La nueva alerta llega cuando buena parte de las obras de prevención avanza lentamente en las regiones más vulnerables. En ese escenario, Keiko Fujimori ha prometido dejar atrás la reacción tardía y priorizar la prevención.

El próximo gobierno enfrentará un país dividido, una economía frenada por la permisología y un Estado incapaz de ejecutar lo que recauda. El desafío no será solo atraer inversión, sino demostrar que el crecimiento puede traducirse en mejores servicios, más empleo formal y menos informalidad para millones de peruanos.

Los recientes resultados electorales en la región reflejan un cambio en las preferencias de los votantes, aunque los estrechos márgenes de victoria y la persistencia de problemas estructurales plantean dudas sobre la estabilidad de ese giro político.

Los planes económicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú proponen caminos distintos para financiar al Estado. La diferencia está en cómo recaudar más y quién asumirá ese costo.

Los dirigentes campesinos cuestionaron el incumplimiento de promesas del gobierno de izquierda, presentaron una agenda para el desarrollo rural y expresaron su apoyo a la candidatura de Fuerza Popular.

La segunda vuelta enfrenta dos visiones distintas para las regiones. Mientras Keiko Fujimori apuesta por infraestructura, inversión privada y apoyo focalizado al agro, Roberto Sánchez propone un Estado con mayor protagonismo en la actividad económica. ¿Cuál de las dos rutas resulta más viable para cerrar brechas y generar empleo?

Dos propuestas económicas avanzan en direcciones opuestas. Fuerza Popular plantea un Estado acotado y disciplinado; Juntos por el Perú propone uno más grande, más costoso y más dependiente de nuevos ingresos tributarios. Para el contribuyente, la diferencia no es teórica: define cuánto deberá financiarse con impuestos o deuda.

La resolución del Tribunal Constitucional sostiene que la acusación contra la lideresa de Fuerza Popular por presunto lavado de activos y organización criminal, vinculada a sus campañas de 2011 y 2016, se basó en normas que no estaban vigentes al momento de los hechos.

En Perú, la discusión política ya no se escucha en plazas ni foros, sino en TikTok y pódcast; candidatos y autoridades priorizan carisma y entretenimiento sobre propuestas serias, en una nueva dinámica que compromete el fondo democrático.

Aunque sin mayoría en el Congreso, expertos sugieren que Fuerza Popular y Alianza para el Progreso logran inclinar la balanza en las votaciones clave, lo que consolida su influencia sobre el Ejecutivo y el Legislativo.

La decisión de anular el juicio oral contra Keiko Fujimori y otros acusados expone fallas en el sistema judicial peruano. Mientras el caso vuelve a la etapa de investigación preparatoria, crecen las críticas por los errores procesales, los costos asumidos por los contribuyentes y el impacto en la percepción de los aportes privados a campañas políticas.

El Caso Cócteles continúa en pie, pero expertos sugieren concluir cuanto antes las investigaciones en vista de que no se pueden probar los delitos imputados. Asimismo, aseguran que mantener el curso de las pesquisas no solo es una inversión de fondos públicos sin sustento, sino que también se estaría cometiendo excesos contra los involucrados. 

Alberto Fujimori anunció su inscripción a Fuerza Popular y sus deseos de postular a la presidencia en las Elecciones 2026. Expertos aseguran que su postulación sería inconstitucional. Por ello, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la responsabilidad de evaluar el caso lo más pronto posible.

De acuerdo con Punto Final, el exasesor Salatiel Marrufo habría mencionado en su testimonio ante la Fiscalía que Dina Boluarte envió a José Medina y Alejandro Sanchez a realizar acuerdos irregulares con miembros del Jurado Nacional de Elecciones a fin de evitar que se impugnen 800 actas electorales durante la segunda vuelta electoral 2021.