Más policías no bastan frente a un crimen cada vez más organizado

Keiko Fujimori llegó al Gobierno con la seguridad como una de sus principales promesas. En su primer mes ha desplegado más de 4.000 policías en rutas de transporte de Lima, recurrido al apoyo de las Fuerzas Armadas, declarado nuevamente en emergencia a Lima y Callao y pedido al Congreso facultades para legislar en seguridad. No puede decirse que el Gobierno haya permanecido inmóvil. El problema es que buena parte de sus respuestas reproduce herramientas utilizadas durante los últimos años y todavía no está claro qué hará diferente esta vez ni qué resultados espera conseguir.

El estado de emergencia es el ejemplo más evidente. Desde febrero de 2022, Lima y Callao han pasado 23 veces por esta medida —incluidas sus prórrogas— sin conseguir una reducción sostenida de la criminalidad. Fujimori vuelve ahora a combinar policías y militares mientras promete fortalecer la inteligencia. Pero una estrategia necesita algo más: objetivos, territorios prioritarios, organizaciones que perseguir y plazos para medir avances. Durante la campaña, la presidenta aseguró que los primeros cambios podrían sentirse en quince días. Un mes después ha pedido paciencia y ha trasladado las expectativas de mejora hacia el próximo año.

La inseguridad, sin embargo, no concede demasiado margen. El secuestro del empresario minero Jens Marty Lara Tantaquilla en Trujillo mostró el nivel de organización que pueden alcanzar las bandas. Los atacantes utilizaron indumentaria policial, simularon una intervención y asesinaron a cuatro acompañantes antes de llevárselo. Lara fue liberado más de 30 horas después, tras una entrega de dinero. Cinco presuntos participantes fueron detenidos y la Policía los vincula con Los Pulpos, una organización criminal surgida en Trujillo en la década de 1990 y dedicada a extorsiones, secuestros y sicariato.

El caso tuvo además una derivación internacional. Jhonsson Smit Cruz Torres, alias Jhon Pulpo y señalado como jefe de la organización, fue capturado en Bolivia. Su detención constituye un golpe importante, pero también revela la capacidad de estas estructuras para extender sus redes y sobrevivir a la caída de sus cabecillas. En La Libertad, además, el problema convive con economías ilegales como la minería de oro en Pataz, donde el Estado mantiene desde hace tiempo operaciones militares y policiales contra organizaciones que cuentan con dinero, armas, explosivos y capacidad de controlar territorios.

Hasta ahora, algunas de las decisiones más visibles del Ejecutivo han llegado empujadas por hechos de alto impacto. El crimen de Trujillo provocó un Consejo de Ministros extraordinario, el viaje del ministro de Defensa y un nuevo llamado para acelerar las facultades legislativas. La reacción era necesaria, pero una política de seguridad debe anticiparse a las crisis y no limitarse a responder cuando estas ya han ocurrido.

Un mes es insuficiente para resolver una crisis construida durante años, pero sí permite definir una estrategia, establecer prioridades y explicar cómo se medirán los resultados. Fujimori hizo de la seguridad una bandera de campaña. A partir de ahora, más policías, militares, estados de emergencia y nuevas facultades tendrán que traducirse en menos extorsiones, homicidios y organizaciones operando. De lo contrario, su Gobierno corre el riesgo de repetir las mismas respuestas que durante años no han conseguido contener al crimen.