Dos planes económicos, dos modelos fiscales: lo que está en juego para el contribuyente

El contraste entre los planes de gobierno de Fuerza Popular y Juntos por el Perú no es retórico. Ambos documentos plantean modelos económicos que implican estructuras fiscales distintas y, por lo tanto, efectos diferentes sobre el contribuyente.

Fuerza Popular propone una economía social de mercado centrada en inversión privada, disciplina fiscal y reducción de trabas. Su plan señala la necesidad de aplicar un “shock desregulatorio” y mantener reglas claras para atraer capital. Bajo este enfoque, el Estado no crece en tamaño ni en funciones. No se plantean nuevas empresas públicas ni incrementos tributarios. La apuesta es que el crecimiento económico amplíe la base tributaria sin elevar la carga sobre los ciudadanos.

Juntos por el Perú plantea un giro de mayor alcance. Su documento parte de una crítica al modelo vigente y propone reemplazarlo por una economía mixta con fuerte presencia estatal. En materia tributaria, el plan incluye un impuesto a las sobreganancias, la revisión de contratos ley y de regímenes especiales. Estas medidas elevan la recaudación necesaria para sostener un Estado más grande y con más responsabilidades.

El plan de JPP también afirma que todos los recursos naturales deben quedar en manos del Estado. Esto implica control directo de sectores como energía, gas, petróleo, agua y puertos. Gestionar estas actividades requiere inversiones altas, subsidios y una burocracia más amplia. Aunque no se menciona a Petroperú, el modelo descrito coincide con la expansión de empresas públicas que ya han requerido rescates y garantías estatales.

En política industrial, FP apuesta por competitividad y apertura. JPP propone industrializar campo y ciudad, un enfoque que históricamente demanda subsidios y protección arancelaria. En regulación laboral, FP prioriza la formalización; JPP rechaza la desregulación, lo que implica mayores costos laborales.

El resultado es claro. FP plantea un Estado más austero y estable. JPP propone uno más grande y costoso. Para el contribuyente, la diferencia se traduce en cuánto deberá financiarse con impuestos o deuda.