Facultades legislativas: medidas abarcan seguridad, emergencias y trabajo forzoso

El pedido de delegación de facultades presentado al Congreso contiene medidas que abarcan desde la respuesta frente a emergencias hasta nuevas herramientas contra la delincuencia y modificaciones a las reglas del comercio exterior.

Rastreo de celulares utilizados en delitos

En seguridad, el Ejecutivo busca modificar las normas sobre rastreo y trazabilidad de equipos móviles utilizados para cometer delitos, especialmente aquellos empleados desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

La propuesta se presenta en un contexto de crecimiento de los delitos informáticos. Según el Ministerio Público, las denuncias por este tipo de delitos aumentaron 1.390% entre 2017 y 2024 y superaron las 42.000 durante 2024.

El cambio apunta a mejorar la trazabilidad y localización de dispositivos utilizados para cometer delitos y facilitar el bloqueo definitivo de líneas mediante la coordinación entre OSIPTEL y las empresas operadoras.

Obras por Impuestos frente a emergencias

Otro cambio propone modificar la Ley N.° 29230 para ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos a proyectos relacionados con gestión del riesgo de desastres e infraestructura de defensa civil.

La modificación permitiría utilizar este mecanismo para construir viviendas destinadas a damnificados y establecer un procedimiento simplificado para ejecutar IOARR de Emergencia. También facilitaría intervenciones conjuntas entre el Gobierno Nacional, gobiernos regionales, municipalidades y universidades públicas.

La propuesta busca reducir los tiempos de ejecución de inversiones urgentes frente a fenómenos climáticos adversos, manteniendo los mecanismos de control sobre el uso de recursos públicos.

Prohibición de bienes vinculados al trabajo forzoso

Finalmente, el Ejecutivo propone prohibir la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cerca de 28 millones de personas se encontraban en situación de trabajo forzoso en 2022, incluyendo 3,3 millones de niños y niñas.

La ausencia de una legislación equivalente en el Perú también tiene consecuencias comerciales. Desde julio de 2026, existe un arancel de 12,5% a la importación de productos peruanos en Estados Unidos debido a que la legislación peruana no cuenta con una norma que prohíba la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso.

La modificación acercaría la regulación peruana a medidas adoptadas en mercados como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea y permitiría atender esa diferencia regulatoria.