Las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez frente al desafío del desarrollo regional

La campaña presidencial ha concentrado buena parte de la discusión en la seguridad ciudadana y la economía nacional. Sin embargo, para millones de peruanos fuera de Lima, la pregunta central es otra: ¿cómo se desarrollarán las regiones durante los próximos cinco años? Las propuestas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez muestran diferencias profundas sobre el papel que debe cumplir el Estado en ese proceso.

La candidata de Fuerza Popular plantea reactivar programas como FONCODES y PRONAMACHCS, fortalecer la agricultura mediante semillas mejoradas, tractores y sistemas de riego tecnificado, además de impulsar grandes proyectos de infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y una redistribución más directa de los recursos del canon.

La lógica detrás de estas iniciativas es potenciar la productividad regional utilizando herramientas ya conocidas y complementando la inversión pública con capital privado. Se trata de mecanismos que cuentan con experiencia previa, marcos legales vigentes y menor presión sobre las finanzas públicas.

Por el contrario, Roberto Sánchez propone la creación de diez complejos industriales descentralizados, un Banco de Desarrollo Agropecuario para financiar a pequeños productores y una agresiva estrategia de recuperación de obras paralizadas mediante una mayor intervención estatal.

La propuesta de Juntos por el Perú busca convertir al Estado en un actor más activo dentro del proceso productivo regional. Su objetivo es impulsar la industrialización y fortalecer la agricultura familiar. Sin embargo, la viabilidad de estas medidas depende de contar con un Estado eficiente y con capacidades de gestión que el Perú aún está lejos de alcanzar, además de requerir mayores recursos fiscales. Más aún, el país ya ha experimentado modelos en los que el Estado asumió un rol protagónico en la economía, con resultados que estuvieron lejos de los objetivos planteados.

Dos modelos opuestos buscan atraer a las regiones

La experiencia reciente muestra un escenario desafiante. Según la Contraloría, el Perú mantiene más de 2,200 obras públicas paralizadas valorizadas en más de S/67 mil millones. El problema no ha sido únicamente la falta de presupuesto, sino también expedientes deficientes, arbitrajes, problemas de gestión y retrasos administrativos. En ese contexto, la promesa de acelerar masivamente la inversión pública enfrenta desafíos que van más allá del financiamiento.

Algo similar ocurre con la propuesta de crear un Banco de Desarrollo Agropecuario. Aunque el acceso al crédito rural es una necesidad evidente, la historia latinoamericana muestra que las entidades financieras estatales suelen enfrentar riesgos de politización, morosidad y dependencia permanente de recursos públicos.

Las propuestas de Keiko Fujimori tampoco están exentas de cuestionamientos. La reactivación de programas estatales y mecanismos de compra pública para productores agrícolas requerirá controles rigurosos para evitar clientelismo e ineficiencias. Sin embargo, la diferencia es que sus iniciativas descansan principalmente en esquemas ya existentes y en una mayor participación de la inversión privada como motor del desarrollo regional.

En el fondo, la elección enfrenta dos modelos distintos. Uno apuesta por un Estado que facilita, complementa y genera condiciones para la inversión privada y el emprendimiento. El otro propone un Estado que asume un rol más directo en la producción, el financiamiento y la planificación económica.

El próximo presidente heredará regiones con brechas históricas en infraestructura, servicios básicos y oportunidades productivas. La pregunta no es solo cuánto Estado se necesita, sino qué tan capaz es ese Estado de cumplir lo que promete. Después de todo, el Perú no sufre por falta de planes. Lo que escasea son los resultados.