Los desafíos del contribuyente que el eventual gobierno de Keiko Fujimori debe atender

Keiko Fujimori heredará una economía con importantes oportunidades de crecimiento, pero también con problemas estructurales que limitan su desarrollo. Reactivar la inversión, mejorar la capacidad del Estado y reducir la informalidad figuran entre los principales desafíos de una eventual gestión.

Más allá del resultado electoral, uno de los primeros retos será gobernar un país dividido. Esta elección ha sido muy ajustada, lo que pone en evidencia que los peruanos tienen aún muchas necesidades que cubrir, especialmente en regiones.

En ese contexto, el desafío no será únicamente recuperar el crecimiento económico, sino demostrar que sus beneficios pueden llegar a una mayor parte de la población mediante más empleo, inversión y oportunidades.

Uno de los principales motores para alcanzar ese objetivo sería la inversión privada. El Perú cuenta con una cartera de proyectos mineros superior a los US$60.000 millones, pero una parte importante permanece paralizada por trámites extensos, competencias superpuestas entre distintas entidades públicas e incertidumbre regulatoria. La reactivación de esas inversiones impulsaría el crecimiento económico, generaría empleo y dinamizaría las economías regionales.

A ello se suma la pobreza, que alcanza al 25,7% de la población. Si bien ampliar programas sociales puede aliviar necesidades inmediatas, diversos economistas coinciden en que una reducción sostenible depende principalmente del crecimiento económico, la inversión privada y la creación de empleo formal. Como afirma el economista David Tuesta, «primero capacidad de ejecución, después más plata».

Precisamente, uno de los principales obstáculos identificados por el sector privado es la denominada «permisología»: el exceso de autorizaciones y procedimientos administrativos que prolongan durante años la ejecución de un proyecto. Diversos especialistas sostienen que simplificar estos procesos no implica reducir los estándares ambientales ni flexibilizar las exigencias técnicas, sino eliminar duplicidades, coordinar mejor a las entidades públicas y establecer plazos más predecibles para las decisiones administrativas.

Sin embargo, los desafíos no terminan con atraer inversión. La capacidad del Estado para ejecutar sus propios proyectos, que se deberían transformarse en servicios públicos de calidad, también representa una de las principales debilidades del país. Entre 2010 y 2025, de cerca de 74.000 proyectos declarados viables, apenas el 29,3% fue concluido. Es decir, siete de cada diez obras quedaron inconclusas. Las cifras reflejan que el problema no siempre es la falta de presupuesto, sino la limitada capacidad de gestión para convertir los recursos disponibles en infraestructura y servicios para la población.

En ese escenario, simplemente aumentar las transferencias de recursos a gobiernos regionales y locales difícilmente resolvería el problema. Si las entidades públicas ya presentan dificultades para ejecutar los recursos con los que cuentan, el desafío pasa por fortalecer sus capacidades técnicas, simplificar procesos y mejorar la calidad de la gestión pública. Se necesita urgente una reforma del Estado que considere volverlo más eficiente, expandiendo su alcance pero achicando su tamaño.

Otro frente prioritario será el mercado laboral. Más del 70% de la fuerza laboral trabaja en la informalidad, una situación vinculada a los elevados costos de contratación, la rigidez de algunas normas laborales y la complejidad regulatoria. Reducir esa brecha requerirá reformas que permitan generar más empleo formal, elevar la productividad y facilitar el crecimiento de las empresas. Para lograrlo, se requiere una reforma tributaria y laboral que haga de la formalidad una opción rentable reduciendo los costos de incorporarse al sistema y, a cambio, garantizar que el Estado cumpla su parte del trato con servicios públicos de calidad. Sin esa respuesta por parte del Estado, la informalidad seguirá siendo la respuesta racional de millones de peruanos.

Estos indicadores muestran que el principal reto de un eventual gobierno de Keiko Fujimori no será únicamente administrar mayores recursos públicos, sino crear las condiciones para que la economía crezca de manera sostenida y que el Estado utilice con mayor eficiencia los recursos que ya recauda.