El mensaje presidencial de Keiko Fujimori olvido 6 temas urgentes para el país

Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú el 28 de julio y ofreció su primer mensaje a la nación ante el Congreso, con anuncios sobre sueldo mínimo, pensiones y seguridad ciudadana. Fuera de Lima, sin embargo, el discurso dejó preguntas más urgentes sin responder. Los tres temas con mayor peso para las economías regionales, minería y energía, obras paralizadas y control del gasto subnacional, apenas aparecieron o no aparecieron del todo.

La minería, motor de la actividad económica en Cajamarca, Áncash, Arequipa, Puno o Madre de Dios, solo fue mencionada dos veces en todo el discurso. Las dos, como delito. El bloque de seguridad ciudadana ubicó a la minería ilegal junto al sicariato y el narcotráfico, pero el mensaje no dijo una palabra sobre formalización, sobre el proceso REINFO, sobre permisos y evaluaciones ambientales, sobre la cartera de proyectos mineros que espera destrabe desde hace años, ni sobre el canon que reciben directamente las regiones productoras.

Petroperú y el gas natural, ambos con impacto directo en el norte y el sur del país, tampoco figuraron. La única referencia a la electricidad la trató como servicio básico por reorganizar, sin plan de tarifas ni de generación.

El segundo tema es el de las obras paralizadas, un problema que el propio discurso reconoció sin rodeos. Miles de obras paralizadas o mal ejecutadas en todo el país. Es una descripción que cualquier autoridad regional o municipal reconoce de memoria, desde hospitales a medio construir hasta carreteras interrumpidas por años. Pero el diagnóstico no vino acompañado de un inventario de esas obras, de un plazo para reactivarlas, de la entidad que asumiría la responsabilidad ni de un mecanismo concreto de destrabe. Para las regiones que arrastran esos proyectos parados, el mensaje ofreció el nombre del problema y ningún camino de salida.

El tercer tema conecta directamente con los dos anteriores. Buena parte de esas obras paralizadas depende de gobiernos regionales y municipales, y el mensaje les dedicó apenas un llamado a sumarse y a trabajar como un solo equipo con el Gobierno central. La palabra incentivos apareció una sola vez, sin que el discurso explicara en qué consisten. No se mencionaron transferencias condicionadas a resultados de ejecución, ni convenios de desempeño entre niveles de gobierno, ni consecuencias claras para las gestiones que año tras año devuelven presupuesto sin ejecutar. Es, hasta ahora, un vacío entre el diagnóstico que el propio Gobierno hizo público y la herramienta para corregirlo.

A esto se suman otros tres puntos que, aunque de alcance nacional, también golpean con fuerza fuera de la capital. El mensaje amplió el pilar no contributivo de pensiones, con la duplicación de Pensión 65 y el anuncio de una pensión universal, pero no tocó el sistema contributivo, AFP y ONP, que es el que genera el pasivo pensionario de largo plazo. La promesa de austeridad se resumió en eliminaremos el gasto innecesario, sin un programa, una entidad o una partida identificada, y sin mención a la planilla del sector público. Y la corrupción, que el discurso cuantificó en S/ 24 mil millones, mucho de ella con expresión regional en obras y compras públicas, se respondió con un adjetivo, seremos implacables, sin extinción de dominio, sin interoperabilidad entre sistemas del Estado y sin fortalecimiento presupuestal para la Contraloría, la entidad que debería vigilar precisamente ese gasto descentralizado.

Ninguno de estos seis puntos apareció desarrollado en el primer mensaje presidencial. Para las regiones que producen buena parte de la riqueza del país y que a la vez concentran buena parte de las obras paralizadas y del gasto público mal ejecutado, la ausencia no es un detalle de forma. Es la parte del discurso que definirá, en los hechos, si el nuevo gobierno gasta mejor el dinero que recauda o si administra los mismos problemas de siempre con anuncios distintos.