¿Más impuestos o más inversión? La diferencia económica entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

En campaña suele discutirse qué programas crear, cuánto gastar o qué sectores apoyar. Sin embargo, detrás de esas promesas existe una decisión previa: cómo generar los recursos que las harán posibles. Los planes de gobierno de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez coinciden en la necesidad de generar empleo y reducir la informalidad, pero plantean caminos distintos para lograrlo.

El plan económico de Juntos por el Perú propone elevar la presión tributaria hasta acercarla al 25% del PBI, revisar exoneraciones, aplicar impuestos a grandes fortunas y sobreganancias, crear nuevas empresas estatales y aumentar el gasto público en sectores como salud y educación. Fuerza Popular, por su parte, plantea ampliar la base tributaria sin elevar impuestos, mantener incentivos para determinadas actividades económicas, simplificar trámites mediante una «Ley del Contribuyente» y reducir el déficit fiscal al 1% del PBI.

Las propuestas reflejan dos modelos económicos. Uno parte de la idea de que el Estado necesita recaudar más y asumir un papel más activo para impulsar el desarrollo. El otro busca que la inversión privada, la formalización y el crecimiento económico generen los recursos que luego financien los servicios públicos.

Esa discusión no es ajena a la vida cotidiana. Revisar exoneraciones puede modificar las reglas para sectores productivos; crear incentivos busca atraer nuevas inversiones; aumentar el gasto público exige fuentes permanentes de financiamiento; y reducir trámites pretende facilitar que más personas y empresas ingresen a la formalidad.

El debate no es únicamente técnico. Un Estado con mayores responsabilidades requiere ingresos permanentes. Si el crecimiento económico no acompaña ese proceso, la mayor carga puede terminar recayendo sobre quienes ya contribuyen formalmente, ya sea mediante nuevos impuestos, mayores costos o un incremento del endeudamiento público.

Al mismo tiempo, ambos programas dejan pendiente una discusión que economistas y especialistas repiten desde hace años: la necesidad de una reforma integral que simplifique el sistema tributario y reduzca las barreras que enfrentan millones de pequeños contribuyentes.

La elección del 7 de junio no solo definirá quién administrará los recursos públicos. También pondrá a prueba dos formas distintas de entender la economía: una que busca una mayor capacidad recaudatoria del Estado y otra que apuesta por el crecimiento económico como fuente de nuevos recursos. Detrás de esa diferencia existe una única verdad: el Estado no crea riqueza, sino que la administra. Son los ciudadanos, emprendedores y empresas quienes la generan a través de su trabajo e inversión. La discusión para los contribuyentes es, entonces, cuál de esos modelos puede sostener el gasto público sin desincentivar el desarrollo.